El Pleno del Congreso ha rechazado las nueve enmiendas a la totalidad presentadas a la reforma local con los votos de PP, PNV y UPN, proyecto que seguirá así el trámite parlamentario con la presentación de modificaciones parciales. Foro se ha abstenido y el resto de grupos ha apoyado, sin éxito, la devolución del proyecto al Gobierno.
El diputado del PSOE Gaspar Zarrías ha pedido la retirada de la propuesta por ser "inconstitucional, tremendamente torpe y en muchos casos inaplicable" y ha reiterado la intención de su formación de llevar la reforma al Constitucional y de derogarla en cuanto vuelvan al Gobierno. "Es un ataque demoledor y destructivo de la institución local", ha denunciado.
Asimismo, ha asegurado que aunque el Gobierno ha tratado de "dar un carpetazo a los elementos conflictivos" como el coste estándar, sustituyéndolo por el concepto de coste efectivo, ha generado de este modo "más problemas" y ha dejado "elementos de inconstitucionalidad" en los que el PSOE basará su recuso.
Además, ha acusado a Montoro, a quien se ha referido como el "señor mentira", de querer convertirse en el "alcalde mayor del reino". "No se si pasará a la historia. Por ganar un Goya le aseguro que no, pero si esta ley se aprueba lo hará por haber sido el ministro que destruyó el mundo local y con él buena parte de la cohesión territorial que hemos conseguido entre todos", ha sentenciado.
CIU mantiene la enmienda a la totalidad
El alcalde de Roses (Girona), Carles Páramo, de CiU, ha defendido la enmienda a la totalidad de su grupo, que finalmente no ha sido retirada a pesar de las negociaciones con el Gobierno de los últimos días para buscar un acuerdo. La norma es para CiU "una traición a los municipios", así como una "nueva traición a Cataluña" y una "cortina de humo y engaño".
El portavoz de CiU ha destacado la unanimidad en el rechazo de este proyecto, también entre las organizaciones municipales. "Este proyecto no sirve ni se puede aplicar. Ni sirve para racionalizar ni garantiza la sostenibilidad del mundo local. Lo van a pagar los ciudadanos y entre estos, las clases más desfavorecidas", ha sentenciado.
Páramo ha advertido además que la propuesta ignora una Constitución que el PP "continuamente está invocando", ya que no respeta, ha dicho, el Estatuto de autonomía catalán según exige la Carta Magna. "No sirve para España y estamos seguros que no sirve para Cataluña. No respeta su autonomía en materia local", ha añadido.
"Vuelta al caciquismo"
También Izquierda Plural ha pedido la retirada de lo que ha denominado como "contrarreforma", el Gobierno sólo pretende "la vuelta al caciquismo y al elitismo", lo que tendrá "efectos letales para la ciudadanía". "Ni los suyos la quieren", ha apuntado la diputada de IU Ascensión De las Heras.
Por el PNV, Pedro Azpiazu ha criticado buena parte de la ley, como su mismo fundamento de "una administración, una competencia", pero se ha centrado en reclamar sobre todo respeto al régimen foral vasco, que puede llegar a excluir en materia de régimen local la aplicación en Euskadi de la legislación estatal. El PNV ha retirado hoy la enmienda a la totalidad de la ley al aceptar el Gobierno esta salvaguarda exigida por los vascos.
Rosa Diez (UPyD) le ha alabado con ironía a Montoro que haya conseguido la unanimidad de la oposición contra la ley y que sea "el presidente del Gobierno sin que le voten en las Cortes, porque es el ministro de todo". La diputada ha pedido la retirada del proyecto porque, a pesar de que contiene "ciertos avances", no responde "a las necesidades del país, que son los ciudadanos" y "es una ley hecha para mantener el bipartidismo y el control clientelar de las entidades locales", ha resumido.
Entre otras cosas, Rosa Díez ha censurado que se mantenga la estructura "elefantiásica" municipal y que refuerce el poder de las diputaciones, así como, entre otras muchas cosas, la "discrecionalidad" del equipo de gobierno y el alcalde.
Grupo Mixto
La diputada de Geroa Bai Uxue Barkos ha aseverado que la ley supone "un desahucio competencial de los ayuntamientos" y que ataca "frontalmente el principio de autonomía local". "Reduce el ámbito de actuación de los ayuntamientos, recortando competencias en materias muy sensibles como los servicios sociales", ha agregado.
Por su parte, el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví ha asegurado que la norma demuestra que el Ejecutivo no gobierna para los ciudadanos ya que la reforma "anula a los ayuntamientos". "Se quiere alejar la política de los ciudadanos por una cuestión ideológica", ha señalado.
La diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, ha mostrado su "rechazo más absoluto" a una ley que considera "injusta e innecesaria", a pesar de no haber presentado enmienda a la totalidad. "Este proyecto seguirá cargando los efectos de la crisis sobre las espaldas más débiles, de entidades locales y ciudadanos", ha avisado.
La diputada del BNG, Olaia Fernández, ha acusado al ministro Montoro de estar alejado de la realidad al presentar esta reforma, la cual "encubre", según ha denunciado, un intento de "profundizar en el proceso privatizador".
La diputada de ERC Teresa Jordá ha denunciado que la reforma supone volver "a los tiempos del nodo en los que los ayuntamientos eran títeres". "El gobierno del PP pretende ahorrar recortando en democracia y centralizando el poder en manos estatales", ha agregado.
En esta misma línea, la diputada de Amaiur Onintza Enbeita ha criticado que la reforma "es un exponente más del déficit democrático del Gobierno del PP, al que ha acusado de intentar "centralizar el Estado en algo grande y libre como aquel que murió en la cama". "El Gobierno quiere imponer una intervención de facto en los ayuntamientos. Igualito que en el franquismo", ha apostillado.
Tanto UPN como FORO han defendido "el camino de la cooperación" y el diálogo para mejorar la reforma presentada por el Gobierno frente al "rechazo frontal" protagonizado por otros partidos de la oposición. Así, el diputado de UPN Carlos Salvador ha criticado que "el frente 'anti todo' lo que haga PP" de la oposición.
El PP, frente a todos
Por el PP, José Matarí ha defendido la ley en nombre de los 3.600 alcaldes y 26.000 concejales del PP, ha asegurado, y ha calificado de "infundadas" las críticas de la oposición. Entre otras cosas, porque esta norma servirá para garantizar en el futuro la sostenibilidad presupuestaria en la que están entrando las entidades locales.
El portavoz ha acusado al PSOE de no "haberse leído el actual proyecto y utilizar "los mismos argumentarios" de meses atrás. "Se han quedado sin argumentos y lo que hacen es mentir y mentir", ha insistido. Matarí ha rechazado especialmente la crítica a que esta ley abrirá la puerta a la privatización de servicios y ha repasado los que por ejemplo tienen privatizados Vigo (PSOE) o Rivas Vaciamadrid (IU). "Sigan ustedes mintiendo, diciendo que esta reforma es para privatizar servicios públicos cuando no hay novedad en las formas de gestión", ha insistido.
Y también ha considerado mentira que vayan a dejarse de prestar los servicios sociales y ha explicado qué es lo que a su juicio pone en riesgo estas prestaciones. "La Junta de Andalucía adeuda 400 millones de euros a los ayuntamientos, solo en ayuda a domicilio, 40 millones", ha concluido.
La alusión de Matarí ha recibido respuesta desde el escaño por Zarrías, que ha asegurado que Abel Caballero, alcalde de Vigo, no ha privatizado ningún servicio desde que gobierna el municipio y que la Junta andaluza es, con Canarias, la única que tiene "un fondo destinado a los ayuntamientos". Matarí ha vuelto a tomar la palabra para reafirmarse y el presidente del Congreso ha dado por zanjado el debate.
