Según las cifras del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia actualizadas a 31 de diciembre y difundidas este lunes por el IMSERSO, 1.180.435 personas han sido dictaminadas favorablemente, es decir, se ha reconocido su derecho a recibir atención, pero algo más del 32% de ellos siguen esperando.
De estos 1,1 millones de personas con derecho a recibir algún tipo de ayuda, 363.795 son grandes dependientes (Grado III), mientras que 449.360 personas están en situación de dependencia severa (Grado II) y 381.280 padecen una dependencia moderada (Grado I).
Es en este grupo donde el IMSERSO dice que está el grueso de la lista de espera, ya que el derecho de este colectivo a recibir una prestación o servicio no estuvo vigente hasta el 1 de julio de 2015, cuando comenzaron a incorporarse al sistema después de que el Gobierno pospusiera el calendario de implantación.
Con todo, son 139.630 las personas de los grados de dependencia más graves que están en espera, mientras constan 244.696 de este nivel moderado pendientes de que se materialice la ayuda económica o servicio de apoyo que les ha sido reconocido. Al cierre del año pasado se había atendido al 27% de los moderados.
El balance del IMSERSO destaca que en 2015 se han incorporado en total al sistema 163.475 nuevos beneficiarios con prestación y afirma que el 58,74% de quienes hoy están siendo atendidos han comenzado a recibir las ayudas en esta Legislatura.
Se han producido bajas en el sistema durante 2015 y en un 21,13 por ciento de los casos, eran personas que todavía no habían visto materializado su derecho a la atención por dependencia, conforme los datos oficiales.
En cuanto al perfil por edad de los beneficiarios, el 72,24% tienen más de 65 años y, en concreto, son el 55,18% del total quienes han rebasado ya los 80 años de edad, 439.315 personas. Las mujeres son minoría en todos los tramos de edad menos en este, donde representan el 65,09% de los beneficiarios atendidos.
Respecto a las prestaciones que reciben las 796.109 que sí tienen materializado su derecho a una asistencia, acumulan en total 997.984 prestaciones (puede haber más de una por persona) que en un 36,12% de los casos, son de ayuda económica para cuidados familiares, de la que se benefician 360.505 personas.
En menor proporción se han concedido plazas de atención residencial (14,87%), ayuda a domicilio (14,8%), teleasistencia (14,05%), plaza en un centro de día o de noche (8,46%) y prestaciones económicas para que el dependiente se costee uno de estos servicios (8,39%).
Las ayudas para la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal son el 2,95% de las vigentes al cierre del año pasado y alcanzan a 29.461 personas, pero las menos frecuentes son las prestaciones económicas para que el dependiente pague a un asistente personal, algo de lo que se benefician 3.440 personas, el 0,34% del total.
Atendiendo a la población de las comunidades autónomas, el informe del IMSERSO revela que Canarias es el lugar donde menos incidencia tiene la Ley de Dependencia, con un 0,66% de su población declarada beneficiaria. Le siguen la Comunidad Valenciana, con un 0,87% y Baleares, donde está en el 1,05%. En el lado opuesto, encabeza la tabla Castilla y León, que tiene una tasa del 2,98%, justo por delante de Cantabria, con un 2,38%; y País Vasco, con 2,33%.
