La PMcM pide que se analicen las causas por las que no cumplen los plazos legales de pago de las facturas y que se determine si en las condiciones generales de los contratos con proveedores se establecen plazos más largos que los estipulados por la ley.
El presidente de la Plataforma, Rafael Barón, explicó a Europa Press que en España existen empresas que "mantienen la filosofía de que no tienen por qué cumplir los plazos" e incidió en la necesidad de "cambiar la mentalidad" para favorecer la competitividad de la empresa española.
Estos dos procesos se suman al que mantiene abierto el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona contra Leroy Merlin, pendiente de sentencia, y al que tramita el Juzgado de lo Mercantil de Alicante contra la Cooperativa de Ferreteros de Alicante (Cofedal), cuyas diligencias preliminares se presentaron hace unos días.
La PMcM inició estas acciones judiciales tras la entrada en vigor en julio de 2010 de la nueva Ley de Morosidad, que le permite denunciar a las empresas que incumplen los plazos de pago. La ley estableció un calendario de aplicación que quedó fijado en 85 días en 2011, 75 días en 2012 y, finalmente, un tope de 50 días a partir de 2013.
El juzgado abrió las diligencias contra Telefónica el pasado 23 de noviembre y contra Ferrovial el pasado 16 de noviembre. A partir de ahora, ambas tendrán que presentar la documentación solicitada por los jueces como paso previo para la formalización de la demanda.
SENTAR JURISPRUDENCIA.
El presidente de la PMcM señaló que el objetivo de esta iniciativa es "crear jurisprudencia" para que las empresas estén obligadas a cumplir con los plazos de la nueva Ley de Morosidad y para que los acreedores tengan una representación ante la Justicia.
Además, Barón destacó que las empresas extranjeras y las multinacionales son las que más cumplen con los plazos, ya que "tienen muy claro" que la nueva normativa les obliga a incluir los plazos de pago en los informes de auditoría y quieren "evitar salvedades".
En este sentido, Barón destacó el caso de la empresa francesa Leroy Merlin, que en su país cumple con la llamada 'Ley Sarkozy' aprobada en 2008 y que establece unos plazos de entre 56 y 48 días de pago, mientras que en España alega ante los tribunales regirse por la Ley del Comercio Minorista, que no fija plazo alguno.
La PMcM constató en un reciente informe la reducción de los plazos de pago en el sector privado, de 101 a 93 días. Sin embargo, advirtió de que la actitud incumplidora de algunas empresas puede frustrar el esfuerzo de muchas otras que sí cumplen la ley.
