Delgado culminó la semana pasada el último de los trámites que exige la Constitución y el Estatuto Fiscal para acceder al cargo, tras comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
La hoy fiscal de la Audiencia Nacional, donde fue adscrita hace tan solo unas semanas, tras dimitir como diputada del PSOE, aprovechó el trámite para defender que, precisamente, su condición de exmiembro del Ejecutivo "no es una debilidad sino una fortaleza", en el ejercicio de sus futuras responsabilidades. También insistió en que el actual sistema "preserva la autonomía y la imparcialidad" del Ministerio Fiscal.
Tareas pendientes
Entre las tareas que encontrará sobre la mesa Delgado tras acceder al cargo estará el nombramiento de medio centenar de cargos en la cúpula fiscal, entre ellos el del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, cuyo cargo venció el pasado mes de diciembre; además de puestos en Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas.
Navajas ha estado ejerciendo en funciones tras el cese de la última fiscal general, María José Segarra, que coincidió en el cese del primer Gobierno de Sánchez tal y como dicta el Estatuto Fiscal.
Trayectoria profesional
Nacida en Madrid en 1962, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Derecho Comunitario por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria profesional en el Ministerio Público, de más de 30 años, arrancó en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entre los años 1989-1993, donde permaneció adscrita a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de El Prat de Llobregat (Barcelona).
En 1993 pasó a la Fiscalía Especial Antidroga donde desarrolló su labor hasta 2004, año en que entró a formar parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En este destino llegó a ocupar en 2007 el cargo de coordinadora contra el terrorismo yihadista, y 10 años más tarde, sus labores de coordinación se extendieron a todo tipo de terrorismo.
Especialista en jurisdicción universal, Delgado se convirtió en 2011 en fiscal de apoyo en la Corte Penal Internacional, donde participó en la investigación ordenada por Naciones Unidas en relación a la represión del régimen libio de Muamar el Gadafi durante la Primavera Árabe. Dolores Delgado ha formado parte desde 1990 de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y en 2018 fue elegida para formar parte del Consejo Fiscal tras presentarse a las elecciones por ese colectivo.
El 7 de junio de 2018, fue nombrada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ministra de Justicia, cargo en el que permaneció hasta el pasado 13 de enero.
Proyecto para la Fiscalía
Como prioridades para su mandato, Delgado anunció en sede parlamentaria que apuesta por promover la motivación de los fiscales; romper el "desequilibrio" en el acceso de mujeres a puestos de la carrera fiscal; dotar de "instrumentos adecuados" los puestos de trabajo; así como dar una proyección internacional, interesando la participación de la Fiscalía en instituciones internacionales, con interés especial en el Consejo Europeo; la digitalización del Ministerio Público.
Habló igualmente de introducir variaciones en el sistema de acceso a la carrera fiscal.
Sobre este punto abogó por implantar un sistema "menos memorísticos" y una bolsa pública de becas y preparadores para que todo el mundo, independientemente del nivel socioeconómico y de donde residan puedan prepararse las oposiciones.
Delgado defiende el proyecto anunciado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de modo que la instrucción pase a manos de los fiscales, así como la derogación de su artículo 324, que pone fecha tope a estas investigaciones.
