De esta forma, el TC estima un recurso presentado por la Universidad Católica de Valencia contra la orden de la Generalitat Valenciana que regula la concesión de becas universitarias y establece como beneficiarios a alumnos de instituciones públicas o de titulaciones privadas sin oferta pública.
El tribunal declara que, en este caso, ha sido vulnerado el derecho fundamental a la igualdad de la UCV --artículo 14 de la Constitución--, en relación con su derecho fundamental a la creación de centros docentes --apartado 6 del artículo 27--, por lo que acuerda restablecerla en sus derechos y declara la nulidad de los incisos "públicas" recogidos en la orden que establece las bases reguladoras de la concesión de becas para la realización de los estudios universitarios en los centros así como la nulidad del apartado 3 del artículo 2 de ese mismo texto.
Según han informado fuentes jurídicas a primera hora de este jueves a Europa Press, la resolución no cuenta todavía con la firma del tribunal y está a la espera de que se redacten tres votos particulares contrarios a este reconocimiento de becas. Los magistrados que han anunciado esos votos son Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balague, según señala el comunicado.
En 2017, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestimó el recurso de la Universidad Católica contra la orden de becas de la Conselleria de Educación al entender que "no hay en los preceptos que se consideran infractores del principio de igualdad contenido alguno de un derecho que reconocido a la universidad pública, como centro, no le sea reconocido a la universidad privada con esta misma consideración, ya que la única mención que los mismos hacen de una y de otra es con referencia a la procedencia del alumnado solicitante de las respectivas becas".
Contra esta decisión recurrió la UCV alegando vulneración de los derechos a la igualdad, la libertad ideológica y el derecho a la educación. La sentencia, cuya resolución íntegra se notificará en los próximos días, explica que la orden de la Conselleria "no se acomoda" a la Ley de la comunidad autónoma 4/2000, de 9 de febrero, "que no establece diferencias entre las universidades públicas y privada en cuanto a que todas forman parte del sistema universitario valenciano".
Así mismo, considera que tampoco se acomoda al decreto 40/2002, que estableció el sistema de becas y ayudas en la Comunitat Valenciana y que incluye a las universidades privadas en ese sistema "y no puede un reglamento excluir del goce de un derecho a aquellos a quienes la ley no excluyó".
