Posteriormente, participó en una sesión de los Diálogos Institucionales que organiza el MICAP en la que se abordó el Plan Justicia 2030 de Modernización de la Administración de Justicia, en la que también intervinieron el presidente del TSJN, Joaquín Galve, y el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, además de la decana. Entre el público asistente se encontraban el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, el vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Manuel Fernández, o el fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez, entre otras personalidades.
El consejero Eduardo Santos, tras señalar que "el servicio público de Justicia siempre es la última garantía" de los ciudadanos y que "el derecho siempre va a proteger a las personas más vulnerables", resaltó que "todo el derecho que construyamos va dirigido a eso, pero, como toda construcción, no sería nada si no pusiéramos los medios materiales y personales, la letra pequeña de ese día a día, porque esa es la posibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer derechos en igualdad de condiciones".
Por su parte, Joaquín Galve trasladó al ministro que, siendo conveniente un diseño de la Justicia más a largo plazo de lo que suele ser habitual por parte del gobierno de turno, la prioridad pasa por la búsqueda de soluciones a los problemas que la pandemia va a generar en los juzgados de lo Social y de lo Mercantil, que concretó en la “avalancha” de trabajo que deberán abordar una vez que finalice la vigencia de los ERTE, y en los juzgados de Primera Instancia cuando se levante la suspensión de los desahucios. "Aprovecho para pedir ayuda, porque necesitamos ayuda, sin perjuicio de que el día de mañana la nueva normativa sea todo lo buena que pueda ser. Vamos a necesitar antes la ayuda", manifestó el presidente del TSJN, que pidió tanto al Ministerio como al CGPJ su apoyo para reforzar los recursos humanos.
Buscando una Justicia más eficiente
Juan Carlos Campo le respondió que “es evidente que el mero incrementalismo no soluciona los problemas de la Justicia” porque aun cuando ha caído la litigiosidad, ha aumentado el tiempo de duración de los procesos. “Hay que hacer eficiente la Justicia –afirmó el ministro-, no contamos con un modelo, y este es el objetivo que tenemos, construir ese modelo”. Aunque reconoció que, junto con el modelo de Justicia, "hay que abordar las necesidades coyunturales", advirtió de que hay que hacerlo teniendo en cuenta "las posibilidades presupuestarias y coordinando una arquitectura compleja como la que nos dimos en el 78", que incluye a actores como las Comunidades Autónomas, el CGPJ o la abogacía.
Campo intentó demostrar que las iniciativas legislativas que promueve se traducirán en una Administración de Justicia más próxima, sostenible y adaptada digitalmente y, en este sentido, destacó la importancia del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que permitirá desplegar en todo el Estado los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios. Según dijo, “estas tres piezas fundamentales de la nueva norma contribuirán a una gestión y organización más eficientes, y contribuirán a reducir la brecha territorial, digital y ecológica, acercando al ciudadano los servicios públicos independientemente del lugar en el que habite”. También citó la nueva Ley de Eficiencia Procesal, que potencia los medios adecuados de solución de controversias (MASC), para aumentar la sostenibilidad, reducir la litigiosidad y, por otro lado, promover la cohesión social.
Por último, Juan Carlos Campo se refirió a la Ley de Eficiencia Digital: “Se propone un sistema orientado al dato, sin mermas de las garantías procesales”, aseguró el ministro, quien apostó por “hacer una apuesta seria para que la sociedad se beneficie de todo esto y mejore su accesibilidad a la Justicia” y por abordar como una “cuestión de Estado” el modelo de Justicia consensuado entre todas las partes implicadas con el horizonte del año 2030.
Las opiniones expresadas en el debate que siguió a las intervenciones de los oradores se puso de manifiesto el escepticismo con que, en general, los profesionales de la Justicia y la abogacía han acogido los planes del Ministerio, y coincidieron en la necesidad de dotar de más recursos humanos y materiales a los juzgados, carencias que se pusieron de manifiesto con la “inaudita” paralización de la Administración de Justicia durante tres meses tras la declaración del estado de alarma.
