En un comunicado, los inspectores destacan que el texto aprobado es "muy positivo" porque reducirá el fraude y se congratulan, por tanto, de que esta ley recoja "importantes modificaciones", muchas de ellas ya solicitadas por esta organización desde hace muchos años.
Por su importancia, destacan algunas de "fuerte calado" en la lucha contra el fraude, como la prohibición de software de doble uso para ocultar ingresos, o la prohibición de nuevas amnistías fiscales, como la promulgada en 2012 y declarada inconstitucional en 2017.
También resaltan la actualización de la lista de paraísos fiscales o la devolución a la Agencia Tributaria de las competencias plenas para comprobar el régimen fiscal las Sicav.
Por su parte, consideran que la inclusión del valor catastral de referencia para las valoraciones en los impuestos cedidos reducirá la "alta litigiosidad" en estos impuestos; la regulación de las autorizaciones judiciales para entrar en el domicilio de un contribuyente permitirá este acceso con seguridad jurídica y respeto a los derechos del contribuyente; y moderar las penalizaciones a los contribuyentes que presenten fuera de plazo sus declaraciones es una vía "muy apropiada" para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
Asimismo, los inspectores de Hacienda valoran el descenso del umbral de deuda para aparecer en la lista de morosos de Hacienda, que baja a 600.000 euros, o la obligatoriedad para los contribuyentes que cuenten con criptomonedas de informar de sus cuentas y de sus saldos, tanto en España como en el extranjero.
Faltan medidas como el pago a confidentes o actuaciones de incógnito
No obstante, afirman que el nuevo texto no profundiza en dotar de mejores potestades a la Agencia Tributaria. En este sentido, echan en falta medidas como regular la posibilidad de realizar actuaciones de incógnito, el pago a confidentes o la creación de una policía fiscal.
Por lo que se refiere a paraísos fiscales, consideran que la nueva ley es "poco ambiciosa", ya que no se reflejan medidas activas como la de obligar a los bancos y entidades españolas radicadas en paraísos fiscales a proporcionar información de la identidad de los clientes de sus filiales en dichos territorios; o la de no reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español.
En el ámbito de las competencias sobre delito fiscal, IHE cree que se ha perdido la oportunidad de dotar a la Agencia Tributaria de competencias "más amplias" para investigar los delitos fiscales, que evitaría que en supuestos como los referidos al Rey Emérito se garantice la coordinación y eficacia contra estos delitos.
Eliminar módulos y deducir gastos de reparaciones o limpieza del hogar
Asimismo, los inspectores de Hacienda lamentan que no se hayan adoptado reformas más profundas en la Ley General Tributaria en materia de tramitación de solicitudes de suspensión vinculadas a recursos y reclamaciones, ya que existen muchos casos de suspensiones fraudulentas, con el único ánimo de paralizar las actuaciones de gestión de cobro y dilatar los procedimientos, sin intención alguna de pago posterior.
En lo referente a las modificaciones específicas de las normas de los impuestos, la asociación echa en falta también una "apuesta firme" por la supresión escalonada de los sistemas de módulos, tanto en el IRPF como en el IVA.
También la nueva norma carece de estímulos positivos como permitir la posibilidad de deducir determinados gastos personales en el IRPF como los de empleadas domésticas o servicios de reparaciones, "en los cuales la economía sumergida campa a sus anchas y que propiciarían el afloramiento de actividades e ingreso ocultos".
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