La confirmación tácita que ha recorrido estos días el espinazo del sector tributario, ratificando una moratoria de facto de un año para la plena operatividad del sistema Veri*factu, es mucho más que un simple reajuste de calendario en el Boletín Oficial del Estado; es la radiografía de un país que, teniendo el talento y la tecnología para liderar, ha decidido encadenarse a sus propios fantasmas políticos. Lo que debería haber sido el año de la gran revolución digital en la lucha contra el fraude se ha transformado en el año de la espera, una prórroga que no nace de la prudencia técnica, sino de la incapacidad legislativa para cumplir sus propios compromisos.
El Reglamento aprobado por el Real Decreto 1007/2023, que sentaba las bases para erradicar el software de doble uso, dependía para su activación de una Orden Ministerial de desarrollo técnico que se ha perdido en el limbo de la inestabilidad parlamentaria. Al no publicarse dicha orden, el plazo de nueve meses prometido a la industria del software no puede comenzar a contar, arrastrando consigo todo el cronograma de implementación y dejando en evidencia que, en la España actual, la aritmética de los pactos de gobierno pesa más que la eficiencia del Estado.
Esta parálisis resulta aún más dolorosa cuando levantamos la vista y miramos a nuestros vecinos. Mientras nosotros debatimos cuándo y cómo aprobar los requisitos técnicos básicos, Europa avanza a una velocidad de crucero que amenaza con dejarnos descolgados. Italia lleva años con su sistema de facturación electrónica y control fiscal plenamente operativo y digerido por el sistema económico; Francia ya tiene trazada su hoja de ruta con una firmeza envidiable; y países como Polonia, pese a sus propios retos, avanzan en la definición de sus modelos. España, sin embargo, se queda en el andén, víctima de una confusión estratégica que mezcla y retrasa dos grandes hitos: el sistema Veri*factu (antifraude) y la facturación electrónica B2B obligatoria derivada de la Ley Crea y Crece. El retraso del primero contamina inevitablemente al segundo, generando un efecto dominó que bloquea la modernización integral de nuestras empresas. La Ley Crea y Crece, que debía impulsar la digitalización y reducir la morosidad comercial, ve cómo sus cimientos técnicos tiemblan porque la arquitectura fiscal sobre la que debe asentarse —la veracidad del dato— no termina de fraguar por falta de impulso político.
Es imperativo denunciar el daño reputacional y económico que esta situación inflige a los actores más leales del sistema. Pienso con profunda empatía en las empresas de desarrollo de software y en los departamentos de IT que, creyendo en la palabra dada por la Administración, invirtieron capital y horas de ingeniería para tener sus sistemas listos; pienso en las PYMES y autónomos que, asesorados con rigor, ya habían iniciado su transición digital. A todos ellos, la política les ha dicho que su previsión fue un error y que en este país sale más rentable esperar al último minuto. Pero, sobre todo, quiero romper una lanza por el cuerpo técnico de la Agencia Tributaria. Durante meses, hemos visto a inspectores y técnicos de la AEAT recorrer España, llenando auditorios y colegios profesionales, haciendo una labor pedagógica titánica, convencidos de que el cambio era inminente. Ellos han dado la cara con lealtad institucional, explicando las bondades de un sistema necesario, para ver ahora cómo la falta de consenso político en las altas esferas desautoriza su discurso y convierte su esfuerzo en papel mojado. La política ha fallado a la técnica, y eso es una grieta difícil de reparar.
Sin embargo, el desaliento no es una opción para el asesor fiscal de excelencia. Mientras el legislador resuelve su laberinto, la realidad del mercado y la exigencia de nuestros clientes no se detienen. En la Federación Española de Asociaciones de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF) nos negamos a participar de esta parálisis. Entendemos que la mejor forma de combatir la incertidumbre normativa es con la certeza tecnológica absoluta. Por ello, tras meses de trabajo discreto y riguroso, hemos desarrollado una herramienta de Inteligencia Artificial propia que supone un hito en el sector. Lejos de los chats generalistas que inventan jurisprudencia, nuestra IA opera sobre una base de datos hermética, curada y verificada: contiene el Reglamento Antifraude diseccionado, las FAQS vivas y actualizadas de la AEAT, la totalidad de las consultas vinculantes de la DGT, el Reglamento de Facturación y los pilares fundamentales de la Ley del IVA y la LGT. Es un sistema diseñado para ofrecer seguridad jurídica quirúrgica en un entorno donde la norma oficial se retrasa o se vuelve líquida.
Esta herramienta, que coloca al profesional de FETTAF en la vanguardia europea pese al inmovilismo nacional, no es una promesa etérea. Será una realidad tangible y exclusiva para los alumnos de la 4ª Edición del Máster en Asesoría Fiscal de FETTAF. Este programa, que inició su andadura hace pocas semanas, integra esta tecnología pionera para garantizar que las nuevas generaciones de asesores no solo conozcan la ley, sino que dominen las herramientas del futuro, una formación a la que todavía es posible matricularse, y que tiene como objetivo proporcionar la excelencia profesional al asesor.
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