Este evento sirvió como punto de encuentro para expertos como jueces, académicos y administradores concursales que tuvieron la oportunidad de analizar la situación actual así como los cambios legislativos, la problemática de la especialización y el futuro que aguarda a la insolvencia.
Los ponentes que participaron en este debate, moderado por María Teresa Enciso, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos, señalaron el importante papel que desempeña la Administración Concursal en ofrecer un futuro viable a empresas con dificultades de solvencia. Sin embargo, lamentaron que, en la actualidad, los concursos se conciban como un proceso de liquidación y, por ello, reivindicaron la necesidad de entenderlos como una herramienta útil para las empresas más que como un trámite hacía la liquidación.
Necesidad de un Estatuto del Administrador Concursal
La primera mesa redonda de la jornada contó con la participación de Andrés Sánchez Magro, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid; Rubén García Quismondo, asociado de ASPAC; Luis Martín, miembro de la junta Directiva de European Insolvency Practitioners (EIP) y socio de Abencys Reestructuraciones; y Ana Belén Campuzano, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad San Pablo – CEU. Este bloque analizó el contexto regulatorio actual, así como los cambios legislativos que se han producido durante los últimos meses. Los ponentes coincidieron en señalar la incertidumbre normativa que existe en el sector, la necesidad de contar con un Estatuto del Administrador Concursal y la importancia de la trasposición de la Directiva Europea con el objetivo de otorgar seguridad jurídica a los profesionales de la insolvencia en el desempeño de su labor.
Además, se pronunciaron sobre la moratoria concursal: ‘’No se puede mirar hacia otro lado porque lo que está ocurriendo es una huida hacia delante. Eso nunca ha funcionado y esta vez no va a ser una excepción. El problema es la insolvencia, no los procedimientos’’, afirmó Campuzano. De esta manera, estos profesionales del sector advirtieron sobre la peligrosidad de aplazar los concursos inevitables puesto que la Administración de Justicia ya cuenta con una acumulación evidente de estos.
Especialización de la Administración Concursal: requisitos de acceso
El segundo bloque del encuentro estuvo enfocado a la posibilidad de encontrar puntos de mejora en los procesos concursales y en la formación de los profesionales encargados. En esta mesa, compartieron sus ideas José Luis Fortea Gorbe, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Alicante; Diego Comendador, presidente de ASPAC; Pedro Prendes, abogado, administrador concursal y profesor asociado de Derecho Mercantil y Paula Herrero, directora adjunta de Eactivos.com.
En palabras de Comendador: “tanto los acreedores como los deudores tienen derecho a ser asistidos por un experto. De media, en nuestro país hay unos 12.000 administradores concursales para 3.000 procedimientos, lo que significa que cada profesional se hará cargo de un concurso cada cinco años, una situación que no se sostiene". Por otra parte, Fortea hizo hincapié en la necesidad de ‘’depurar’’ la Administración Concursal a través del establecimiento de unos requisitos mínimos de acceso para el ejercicio de la profesión.
Prendes destacó que la labor actual es “que la sociedad y los acreedores confíen en los procesos concursales” y para ello es tan importante la especialización como que dichos procesos sean efectivos ya que “el 95% de estos acaban en liquidación hoy en día”. Esta situación se debe, fundamentalmente, a la ‘’’excesiva’’ espera por parte del tejido empresarial para presentar concurso dada la complejidad y la poca agilidad que acompañan a este trámite. ‘’Debemos acortar los plazos para que los empresarios no tengan tantas reticencias a la hora de presentar concurso y para ello es necesaria una desjudicialización controlada’’, señaló Comendador. El presidente de ASPAC se sirvió de los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que muestran que la duración de los concursos ha pasado "de los 22 meses en 2010 a los 54 meses en 2019”.
Por otra parte, la directora adjunta de Eactivos.com aprovechó la ocasión para subrayar que los concursos deberían articularse como ‘’salvavidas’’ para la empresa, no como un ‘’trámite de liquidación”. Sin embargo, mientras esta situación cambia y de cara al aluvión de concursos de acreedores previsto, entidades especializadas con una trayectoria consolidada como Eactivos.com se convierten en herramientas fundamentales que sirven para desatascar los juzgados de lo mercantil. De hecho, los últimos tres Reales Decretos que afectan a los procesos liquidatorios muestran una clara apuesta por la extrajudicialidad en el ámbito concursal. ‘’Las entidades especializadas podemos servir a la Administración de Justicia, pero debemos demostrar solvencia, transparencia y eficiencia además de un software con el que realizar subastas online con todas las garantías’’, contó Herrero.
La importancia de las entidades especializadas
La tercera mesa redonda puso fin a la jornada con Manuel Ruiz de Lara, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid; Unai Olabarrieta, vicepresidente de ASPAC; y Ernesto Sirera Ebrí, abogado, socio-director de Sirera y Saval Abogados y asesor jurídico de eactivos.com. Los ponentes analizaron el futuro de la situación concursal reclamando poder contar con un marco legislativo que impulse la seguridad jurídica para todos los operadores implicados en los concursos.
Ruiz de Lara mostró su preocupación por la inseguridad actual que provoca que no existan unos criterios comunes para guiar a los profesionales de la insolvencia e insistió en el potencial de los mecanismos previos al concurso para ayudar a las empresas y la necesidad de “quitar el estigma del proceso concursal”. Olabarrieta, por su parte, apuntó a un estudio realizado por la Universidad del País Vasco en 2016 que muestra que los acreedores ‘’solo recuperan un 27%’’ de sus créditos cosa que supone ‘’un 5% de pérdidas en el PIB’’. Por ello, insistió en que deben desarrollarse tres puntos de la trasposición de la Directiva Europea: la gestión de la reestructuración de empresas, la mejora de la Ley de Segunda Oportunidad y el aumento de la eficiencia. Para finalizar, Sirera reivindicó el papel de las entidades especializadas como colaboradoras necesarias de la Adminustarción de Justicia y la necesidad de generar confianza a través de una regulación que fomente “la transparencia y la seguridad jurídica’’ y que descargue de trabajo a la Administración Concursal garantizando unos resultados que permitan recuperar la mayor cantidad de capital posible.
