Tres asociaciones de jueces y dos de fiscales han anunciado este lunes su intención de convocar una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo ante la "falta de propuesta concretas" y de "verdadero propósito de negociar" de los ministerios de Justicia y Hacienda para mejorar sus salarios y reducir la carga de trabajo.
También suscriben el comunicado Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, pero aunque afirman compartir el diagnóstico y la necesidad de mejoras para superar el "estancamiento actual" del sistema judicial, consideran "oportuno" esperar a conocer lo que pueda plantear Hacienda en la reunión de la Mesa de Retribuciones prevista para el 3 de mayo. Eso sí, ambas organizaciones progresistas no renuncian a sumarse a la convocatoria de huelga en función del resultado de esa reunión.
"Todas las asociaciones judiciales y fiscales manifestamos nuestro firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora", subrayan las siete firmantes en el comunicado.
De materializarse, la huelga de jueces y fiscales sería la tercera de la Justicia en este 2023. Los Letrados de la Administración de Justicia estuvieron parados indefinidamente más de un mes, hasta que consiguieron una subida salarial de 450 euros mensuales. Desde el pasado lunes, además, los funcionarios de Justicia se encuentran en huelga reivindicando igualmente una mejora económica.
Carga de trabajo en tribunales y fiscalías
En el comunicado, las asociaciones constatan la falta de propuestas concretas en las reuniones preparatorias celebradas el 31 de marzo y el 4 de abril. Ponen el foco, además, en "la nula garantía que supone la convocatoria de la Mesa para el día 3 de mayo". "Dado que, como la experiencia nos enseña, se puede desconvocar en cualquier momento", advierten.
"Todo lo anterior se produce en un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos", apostillan.
"Las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad", continúan.
Negociaciones con el Ministerio de Justicia
Las asociaciones echan la vista atrás y recuerdan que tras "las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia los días 31 de marzo (las Asociaciones Judiciales) y 4 de abril (las Asociaciones Fiscales)" anunciaron su "intención de elaborar un calendario de medidas de presión".
"Tomamos aquella decisión ante el decepcionante resultado de las reuniones y a la vista de los precedentes. Hay que recordar que en octubre de 2022 y tras meses de conversaciones, el Ministerio de Justicia desconvocó sin explicaciones la llamada Mesa de Retribuciones, órgano legalmente previsto para la revisión de las retribuciones de las Carreras Judicial y Fiscal, apenas unos días después de haberla convocado formalmente", apuntan.
Esta desconvocatoria, inciden, "había venido precedida de numerosas reuniones preparatorias en las que, siempre de buena fe", buscaron "construir consensos con el Ministerio de Justicia, que ya en el mes de marzo de 2022 se había comprometido a convocar la Mesa para el mes de octubre de ese año".
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