En concreto, y dentro de estas actuaciones, se llevaron a cabo 29.394 actuaciones sobre grandes empresas, multinacionales y grupos societarios, un 8,9% más; 2.971 de análisis patrimonial y societario (+2,5%); y 5.594 en relación con la ocultación de actividad y el abuso de las formas societarias (+5,2%). La cifra de 39.366 comprobaciones se completa con 1.407 actuaciones que han permitido aflorar ventas ocultas en el marco del control de actividades económicas.
Estos resultados forman parte de toda la actividad de control que llevó a cabo la Agencia Tributaria en 2022, que concluyó con 1.889.000 actuaciones de control de tributos internos, un 5,2% más que el año previo y un 16,1% más que en 2020, superando también los niveles previos a la pandemia en prácticamente todas las grandes tipologías de actuaciones.
Resultados recaudatorios
En términos recaudatorios globales, en 2022 la Agencia obtuvo unos resultados homogéneos de 15.362 millones de euros (16.675 millones en total), un 2,7% más que el año anterior. Estos resultados no incluyen los expedientes de minoración de pagos fraccionados (1.313 millones de euros en 2022 y 1.940 millones en 2021), que serán de difícil repetición en el futuro y, por tanto, impiden una comparación homogénea de la serie.
Dentro de esas cifras globales destacan los ingresos directos alcanzados por la Agencia Tributaria en sus actuaciones de control, que se han incrementado un 16,6% hasta situarse en 10.536 millones de euros. A su vez, los ingresos inducidos (declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo) han crecido un 7,8% hasta los 813 millones de euros.
Las minoraciones de devoluciones sin los extraordinarios de pagos fraccionados descienden hasta los 4.013 millones de euros (-22,3%), dado que el año pasado se redujeron sensiblemente los resultados de una serie de expedientes del Área de Aduanas e IIEE (que pasaron de 3.255 a 1.641 millones de euros), también de difícil repetición en el tiempo. Sin el efecto de ambas tipologías de expedientes (pagos fraccionados y Aduanas), el resultado ordinario de las minoraciones de devolución crecería un 24,2% hasta alcanzar los 2.372 millones de euros.
La Agencia Tributaria también realizó minoraciones de bases imponibles negativas, deducciones en cuota pendientes de aplicar y cuotas a compensar, por importe de 3.860 millones de euros, del cual un 50% se corresponde con actuaciones de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Se trata de actuaciones muy relevantes (8.800 millones en los dos últimos años) que, si bien no computan en los resultados de control, al no suponer ingreso ni minoración de devoluciones, resultan de una gran trascendencia para ensanchar bases imponibles futuras y elevar la recaudación.
Fiscalidad internacional
En el ámbito de la fiscalidad internacional de grandes empresas multinacionales, la Agencia Tributaria regularizó el pasado año bases imponibles por un importe de 3.409 millones de euros en un total de 117 comprobaciones inspectoras que realizaron la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y las demás delegaciones de la Agencia con el apoyo de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI). El montante de estas bases imponibles regularizadas se sitúa en línea con la media de los tres años anteriores.
A su vez, la ONFI participó en 2022 en la gestión de 28 Acuerdos Previos de Valoración (APA) con resultado estimatorio -misma cifra que el año anterior-, lo que supone garantizar a futuro bases imponibles por un importe de más de 2.700 millones de euros.
Grandes patrimonios y falsos no residentes
En paralelo, el pasado año la Agencia realizó un total de 1.130 actuaciones de control desde sus distintas delegaciones sobre grandes patrimonios de personas físicas, en línea con el año previo, actuaciones que llevaron a liquidar deuda por un importe de 546 millones. Desde 2018 -año de creación de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes- hasta el pasado 2022, se han liquidado en este ámbito más de 2.400 millones de euros en más de 4.400 expedientes de comprobación.
Además de dar su apoyo a las liquidaciones sobre grandes fortunas que se llevan a cabo en cada ámbito territorial de la Agencia, la Unidad viene impulsando diversos proyectos para seguir reforzando y actualizando los sistemas de control en este terreno. Uno de ellos es la herramienta para facilitar la detección de falsos no residentes con patrimonios relevantes. En 2022, las comprobaciones iniciadas alcanzan a 252 contribuyentes, y de ellas se han finalizado actuaciones por un importe total liquidado de 28,2 millones de euros sobre 97 contribuyentes que se encontraban artificialmente localizados en otros países, y para los que se ha determinado que realmente tenían residencia efectiva en España.
La relevancia de la información del exterior
En los últimos años, las distintas delegaciones de la Agencia han visto reforzada su capacidad de acción sobre las rentas no declaradas a partir de las sucesivas directivas europeas de intercambio automático de información, los mecanismos OCDE estandarizados y otros acuerdos.
El pasado año, el control inspector sobre contribuyentes de los que se ha recibido información de cuentas financieras en el exterior a través de la directiva europea 'DAC2', el estándar CRS de la OCDE y el acuerdo 'Fatca' con EEUU permitió liquidar 201 millones de euros (un 52,3% más) a 488 contribuyentes, de forma que desde 2017, año en el que comienza a recibirse esta información, el área de Inspección de la Agencia ya ha liquidado 963 millones a 2.768 contribuyentes.
También al objeto de aflorar fondos ocultos en el extranjero, la información recabada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) del Departamento de Inspección sobre utilización de tarjetas emitidas en el exterior (tarjetas 'offshore') ha permitido a las distintas dependencias territoriales de la Agencia liquidar deuda por importe de 79 millones de euros el año pasado, cifra similar a la del año anterior, al tiempo que se dieron de alta expedientes que afectan a 69 contribuyentes con tarjetas 'offshore' y que ofrecerán resultados adicionales en el futuro.
Investigaciones de la ONIF
Los datos anteriores sobre tarjetas 'offshore' forman parte de los resultados, en términos de liquidación de deuda, que se producen como consecuencia de una parte de la actividad anual de la ONIF. Dentro de esta actividad, destaca especialmente la preparación de las llamadas fichas 'FITT' (Fichas de Información con Trascendencia Tributaria), que la Oficina traslada a las distintas delegaciones de la Agencia Tributaria para la posible regularización de contingencias fiscales. El año pasado, la ONIF remitió para análisis 353 fichas FITT. A su vez, las remitidas en los últimos años facilitaron que en 2022 las delegaciones de la Agencia liquidaran un total de 535 millones de euros a 410 contribuyentes, incluyendo un expediente concreto de gran cuantía.
Economía sumergida
En 2022 realizó 2.312 actuaciones inspectoras bajo distintos programas de comprobación en las que descubrió ventas ocultas, regularizando cuotas por un importe de 435 millones de euros, un 8,8% más que el año previo.
En el mismo periodo se liquidaron cuotas y sanciones por importe de 122 millones de euros en más de 2.600 actas de inspección a un millar de contribuyentes que previamente habían sido objeto de actuaciones de entrada y registro con apoyo de las Unidades de Auditoría Informática, las UAI. Estas unidades participaron el año pasado en más de 1.500 actuaciones con volcados informáticos que facilitan el descubrimiento de rentas ocultas, permiten mejorar la obtención de pruebas y reducen la duración de las comprobaciones.
Esta actividad afecta a actuaciones atomizadas por todo el territorio nacional, incluyendo entre ellas las que se realizan en el seno de las grandes macrooperaciones coordinadas con entradas y registros que se vienen desarrollando para el descubrimiento de actividad económica oculta y la detección de software de ocultación de ventas en sectores concretos de actividad. Como consecuencia de estas macrooperaciones desarrolladas desde hace una década (ya un total de 21 hasta el año pasado), y sumando los 15,7 millones liquidados en 2022, el balance global de estas actuaciones asciende a 386 millones de euros liquidados en más de 2.000 expedientes.
Las actuaciones de comprobación inspectora en el ámbito de la lucha contra la economía sumergida se complementan con el plan de visitas. En 2022 la Agencia realizó más de 29.000 actuaciones presenciales ('peinados') destinadas al control in situ en sectores y ámbitos de riesgo fiscal. Entre estas actuaciones se encuentran casi 9.800 relacionadas del 'Plan de Visitas IVA' y casi 1.800 visitas complementarias de las macrooperaciones sectoriales de entrada y registro.
Por otra parte, y en relación con el control de alquileres sumergidos, sigue destacando el efecto inducido que supone el envío de avisos de datos fiscales a presuntos arrendadores durante las últimas campañas del Impuesto sobre la Renta. Teniendo en cuenta tanto el efecto completo en el año inicial de cada aviso, como el impacto marginal en cada año de las campañas anteriores, en los seis últimos ejercicios estos avisos han favorecido la incorporación de más de 1.182.000 declaraciones que incluyen rendimientos del capital inmobiliario, con una mayor base imponible declarada de más de 7.700 millones de euros y una recaudación asociada a estas campañas que se estima en 933 millones de euros.
Control recaudatorio
En cuanto al necesario control para asegurar el cobro de las deudas, el Área de Recaudación de la Agencia ha seguido impulsando las actuaciones más cualificadas para lograr el cobro efectivo de las liquidaciones y luchar contra el fraude en la fase recaudatoria. El conjunto de la deuda pendiente se redujo un 3,8% el año pasado para situarse en el nivel más bajo de los últimos 13 años.
Por tipología de actuaciones, destaca el crecimiento de las derivaciones de responsabilidad (31.313, +7,7%), continuando la tendencia de los últimos años, en los que se ha realizado un esfuerzo para incrementar actuaciones de esta naturaleza, en ocasiones de gran complejidad e importancia. Igualmente, y con el mismo objetivo de afianzar el cobro efectivo de las deudas, se han adoptado 4.797 medidas cautelares, un 5% menos que en 2021 pero un 27,6% más que hace dos años.
El efecto combinado de ambas herramientas ha permitido el año pasado el cobro de deudas por importe de 1.036 millones de euros, un 45% más que el año anterior.
Continúa, al tiempo, el crecimiento de las acciones judiciales (1.101, +6,3% sobre 2021 y +90% con respecto a 2020) ejercitadas el año pasado para el cobro de las deudas. Estas actuaciones judicializan la exigencia de cobro en situaciones especialmente graves de insolvencias aparentes, alzamientos y, en general, prácticas de ocultación complejas.
A su vez, el número de expedientes de investigación de movimientos financieros alcanzó la cifra de 65.210 el pasado año, en línea con los resultados de hace dos años. Con estas actuaciones se persigue la utilización de figuras defraudatorias como la interposición de sociedades o la utilización de testaferros.
Por su parte, los requerimientos de información o embargo solicitados a autoridades extranjeras para el cobro de deudas (un total de 1.806 requerimientos) descendieron un 8% con respecto a 2021, pero se situaron un 6,1% por encima de los niveles de 2020. También se ha recuperado la habitual presencia de los funcionarios del Área de Recaudación, mediante visitas y personaciones, para realizar actuaciones ejecutivas y de obtención de información. En 2022, se han realizado 14.120 personaciones de estas características, retomando la dinámica previa a la pandemia.
Lucha contra el contrabando
En materia de contrabando se incautaron más de 40 toneladas de cocaína y 83 de hachís, y se aprehendieron 6 millones de cajetillas y 117 toneladas de picadura y otras labores del tabaco, al tiempo que se intervinieron 1,1 millones de productos falsificados.
A su vez, la Agencia Tributaria ha mantenido la actividad habitual de colaboración con la justicia y con otras administraciones en el ámbito nacional e internacional, y se ha impulsado la prevención del fraude mediante las herramientas de información y asistencia y los foros cooperativos en los que participa la Agencia.
