El Comité Español Representante de Personas con Discapacidad (CERMI) ha propugnado ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reforzar la protección social de las personas y familias inmigrantes con situaciones de discapacidad.
Así lo manifiesta el movimiento de la discapacidad organizada en España, en un documento de aportaciones al proyecto de Real Decreto XX por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su situación social.
El CERMI, como representante del movimiento social de la discapacidad en España, ha subrayado la importancia de garantizar la accesibilidad y el apoyo necesario para que los extranjeros con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
En su detallado documento de aportaciones, el CERMI ha destacado varios aspectos clave que necesitan ser revisados para “asegurar una inclusión plena”. Entre las principales recomendaciones, en el documento se enfatiza en la necesidad de proporcionar accesibilidad universal en los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. “Desde el CERMI queremos llamar la atención sobre la falta de inclusión en materia de accesibilidad y apoyos a los extranjeros con discapacidad para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones al resto de personas”.
Asimismo, desde el CERMI plantean una clarificación terminológica para diferenciar claramente entre discapacidad y estado de salud en el texto del reglamento. Una nueva redacción para evitar confusiones que puedan afectar de modo negativo a las personas con discapacidad.
Igualmente, el CERMI propone incluir referencias explícitas a los a apoyos necesarios para las personas con discapacidad en diversas situaciones contempladas en el Reglamento, como la reagrupación familiar y la autorización de estancia por estudios.
Protección de las víctimas
En el documento también se pone atención en la protección de las víctimas para garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente aquellas que son víctimas de violencia de género o sexual, reciban el apoyo necesario durante los procesos de solicitud de residencia y otros trámites administrativos.
En el documento también se sugiere un cambio en los artículos que hacen referencia a la residencia del menor acompañado no nacido en España, el acceso a la información para personas extranjeras y empleadores y la normativa aplicable al régimen sancionador con el objetivo de asegurar que los procedimientos sancionadores sean accesibles y que las personas con discapacidad reciban los ajustes razonables necesarios durante el proceso.
Por último, en el documento se desarrolla el papel del CERMI en la interlocución con los poderes públicos, en el que el CERMI reafirma su compromiso. “La plataforma de representación del movimiento social de la discapacidad en España se pone a disposición de los poderes públicos para colaborar con ellos en todo lo atinente a la promoción de la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la emancipación social y, en general, la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias” reza el documento.
