El pasado lunes, la Abogacía Española mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de la Comisión Europea en el que se abordó el Informe Anual sobre el Estado de Derecho. Una reunión en la que quiso hacer hincapié en los importantes riesgos que supone el cuestionamiento recurrente por parte de la política sobre los pronunciamientos de los jueces.
Cuestionar la Presunción de Inocencia, principio fundamental del Estado de Derecho, es cuestionar el pilar en el que se basa el ejercicio del derecho de defensa. La Ley Orgánica del Derecho de Defensa no puede ser más contundente cuando expresa, en su artículo 3, que “en las causas penales, el derecho de defensa integra, además, el derecho a ser informado de la acusación, a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, a la presunción de inocencia…”.
El ejercicio de la abogacía reside precisamente en el principio básico del Derecho de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ese es el fundamento que rige nuestra actuación. Fundamento que defendemos con el mayor énfasis posible, pues en ello nos jugamos la esencia de la libertad y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Sin renunciar a esa máxima, las instituciones colegiales y los propios colegiados desean recordar que han estado, están y estarán siempre con las víctimas de la violencia sexual y de género.
Además de lo expuesto, la Abogacía quiere llamar la atención sobre la importancia de que la ciudadanía reciba las resoluciones que emanan de los tribunales con los datos y la información precisos para que éstas sean comprensibles. Una información jurídica distorsionada se desliza hacia el terreno de la desinformación, generando un resultado indeseado en cualquier democracia.
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