
En dicha comunicación, el Decano del ICAM solicita que se adopten medidas urgentes y eficaces para garantizar que abogados, abogadas y usuarios del sistema judicial sean informados con antelación suficiente sobre la suspensión o el mantenimiento de actuaciones judiciales programadas, evitando así perjuicios derivados de anulaciones inesperadas de vistas, señalamientos o diligencias, o de la falta de comunicación por parte de los órganos judiciales.
“Esta actuación se enmarca en la labor permanente del Colegio por proteger los derechos e intereses de la abogacía madrileña, asegurar el correcto ejercicio del derecho de defensa y preservar el acceso a una Justicia eficaz para la ciudadanía”, explica Eugenio Ribón.
Junto a esta reivindicación operativa, el ICAM ha querido poner de relieve su preocupación institucional ante el actual contexto de conflicto, reiterando su firme compromiso con la defensa del Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial, principios constitucionales esenciales para el funcionamiento democrático y para la confianza ciudadana en la Justicia.
“Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid reiteramos, de forma rotunda, nuestro compromiso con la defensa del Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial. No son principios teóricos: son los pilares reales sobre los que se sustenta nuestra democracia y el derecho de defensa. La ciudadanía solo puede confiar en la Justicia cuando percibe que esta actúa de manera independiente, imparcial y ajena a cualquier interferencia”, manifiesta el Decano del ICAM en nombre de la Junta de Gobierno.
Además, con el objetivo de documentar y canalizar posibles disfunciones en la actividad judicial durante la huelga, el Colegio ha habilitado un formulario específico, disponible a través del canal de Defensa de la Abogacía ICAM, mediante el cual los colegiados podrán comunicar incidencias concretas, en particular incomparecencias de jueces o magistrados no notificadas conforme a los cauces debidos.
El ICAM reitera su plena disposición para colaborar con el CGPJ, las asociaciones judiciales y todas las instituciones implicadas, con el fin de minimizar los efectos negativos que esta situación pueda tener sobre la prestación del servicio público de Justicia.

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