El acuerdo contempla que las comunidades autónomas reciban casi 21.000 millones de euros adicionales para financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales y las políticas de vivienda, lo que, según España, permitirá "incrementar significativamente" los recursos disponibles para mejorar la gestión de estos servicios públicos.
Modelo común y de adhesión voluntaria
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido que el modelo aprobado es "común para todas las comunidades y ciudades autónomas de régimen común". A su juicio, trata de ser una "síntesis razonable" de las necesidades, peticiones y singularidades de los distintos territorios.
Además, ha resaltado que la adhesión al modelo será voluntaria, de forma que las comunidades autónomas podrán no adherirse y continuar con el actual si el Congreso de los Diputados aprueba el nuevo sistema.
El modelo permitirá corregir diferencias de financiación entre territorios
España ha explicado que el nuevo modelo parte de la capacidad tributaria de las comunidades para avanzar en una mayor autonomía, seguida de una nivelación horizontal y una nivelación vertical, que incorpora la aportación del Estado al conjunto del sistema. Esta última supone casi 21.000 millones de euros adicionales.
Estos tres elementos representan el 99% de los recursos que se distribuyen. El 1,4% restante corresponde al mecanismo de IVA-Pymes y al Fondo Climático, ambos voluntarios, mientras que el modelo incorpora también el mantenimiento del 'statu quo' para garantizar que ninguna comunidad pierda recursos respecto al sistema actual.
El ministro ha señalado que el modelo permitirá corregir las diferencias de financiación entre territorios, que actualmente alcanzan los 1.500 euros por habitante entre la comunidad mejor y peor financiada, y hacerlo de forma "más equitativa", "más igualitaria", "más solidaria" y "más transparente".
Asimismo, ha explicado que el Fondo de Dinamismo, destinado a equiparar a la media a las comunidades que estén por debajo de ella, ya estaba contemplado en la propuesta y cuenta con 3.000 millones de euros.
El acuerdo incorpora además la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial y de los incentivos regionales, así como la creación de un nuevo fondo para tener en cuenta otros factores relevantes para la convergencia regional, como la población flotante derivada del turismo, la despoblación, la masa forestal o la reindustrialización. La cuantía de este nuevo fondo todavía no está cerrada.
Fecha de entrada en vigor en 2027
España ha señalado que la aprobación del CPFF supone "una etapa muy relevante" del proceso, pero ha recordado que todavía debe pasar por el Consejo de Ministros y llegar como proyecto de ley al Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios tendrán "la última palabra".
En cuanto a los plazos, ha afirmado que la voluntad del Gobierno es que el nuevo modelo pueda estar vigente el 1 de enero de 2027, aunque ha reconocido que dependerá de la tramitación parlamentaria.
Respecto a la posibilidad de introducir cambios durante esa tramitación, España ha señalado que el Gobierno trabajará "partiendo de la propuesta y del proyecto elaborado y hoy acordado" y que se hablará de los distintos temas durante la negociación parlamentaria.
