Analizamos de manera detallada el el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, con medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.

Prórroga extraordinaria para arrendamientos de vivienda habitual derivada del RDL 29/2026

Tribuna Madrid
Balconies,In,Apartment,Residential,Building

Para los contratos de arrendamiento de vivienda habitual vigentes a 8-10-2026, fecha de entrada en vigor del RDL 29/2026, se establece la posibilidad de que el arrendatario pueda solicitar una prórroga extraordinaria por plazos anuales y hasta un máximo de 2 años adicionales.

Durante esta prórroga se han de mantener las mismas condiciones que tenga el contrato anterior.

Los requisitos para poder pedir esta prórroga son dos:

  • que el contrato (ya sea el plazo mínimo legal, el periodo de prórroga legal tácita, el de prórroga extraordinaria -fuera de las zonas de mercado residencial tensionado- o,  en su caso, el de tácita reconducción) finalice antes de 31-12-2028; y
  • que el arrendatario que se encuentre al corriente de pago y lo haya estado mensualmente en los 8 meses anteriores.

La solicitud debe ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, salvo que;

  • se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes;
  • se haya suscrito un nuevo contrato de arrendamiento;
  • el arrendador haya comunicado la necesidad de ocupar la vivienda para sí o para sus familiares, aun cuando la facultad de recuperarla anticipadamente no hubiera sido expresamente prevista en el contrato, siempre que concurra causa real y acreditada de necesidad;
  • o arrendador y arrendatario acuerden la renovación del contrato de arrendamiento, o la celebración de uno nuevo, con una renta inferior en, al menos, un 5% a la prevista en el contrato vigente.

Esta prórroga es incompatible con la prórroga extraordinaria aplicable en zonas de mercado residencial tensionado, que, en su caso, se aplica con carácter preferente.

Vigencia y efectos

El Decreto Ley ha sido convalidado por la Diputación Permanente con fecha 12-11-2026, lo que no afecta a la de entrada en vigor, que sigue siendo 8-10-2026.

Tampoco afectaría a su vigencia y a los efectos que durante la misma se hayan desplegado, una hipotética derogación de las normas que contiene. Dicha derogación no puede tener carácter retroactivo.

De darse este escenario de derogación normativa antes de 31-12-2028, cabe plantearse qué ocurriría respecto a los inquilinos que estén ya solicitando la aplicación de la  prórroga extraordinaria.

En primer lugar hay que tener en cuenta que la norma no establece un plazo máximo ni mínimo de antelación para llevar a cabo esta solicitud, por lo que en principio cabría realizarla en cualquier momento.

Si bien en cualquier caso la prórroga puede aplicarse de forma válida a los contratos cuyos plazos finalicen dentro del periodo en el que la norma esté vigente, mayor duda plantea si cabría mantenerla para los inquilinos que, de forma preventiva, la hayan solicitado para contratos que venzan una vez dejase de estar en vigor. En estos supuestos, a mi modo de ver, puesto que todos los plazos de preaviso establecidos en la Legislación sobre arrendamientos urbanos para la prolongación o terminación de los contratos por ambas partes tienen carácter de plazo mínimo, nada impide que se solicite esta prórroga extraordinaria con la antelación que el arrendatario considere oportuna, tal y como ocurriría con cualquiera de los demás preavisos de la LAU. Esto permitiría considerar válida la petición de prórroga realizada preventivamente para contratos que venzan tras esa hipotética derogación.

No obstante, de plantearse esta situación la solución debería llegar a través de la propia norma derogatoria mediante sus disposiciones transitorias o, en última instancia, de la postura que adopten los tribunales.

Esta situación sería comparable a la que efectivamente se produjo tras la derogación por falta de convalidación en el Congreso del RDL 8/2026, que establecía un mecanismo de prórroga similar, si bien en esos casos la cuestión se ha resuelto con el RDL 29/2026 actualmente vigente, ya que, mediante una disposición transitoria, da validez a las solicitudes de prórroga realizadas al amparo de aquel, con independencia de que hubiera o no vencido el contrato, y sin necesidad de nueva comunicación.


ElDerecho.com no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación