La resolución dictada por la Gran Sala del Tribunal de Luxemburgo (asuntos acumulados C-258/23 a C-260/23; IMI y otros contra Autoridade da Concorrência) ha declarado conforme al Derecho de la Unión las inspecciones sorpresa en locales profesionales, sin autorización judicial, dirigidas a la obtención de correspondencia electrónica de carácter profesional, siempre que existan garantías suficientes contra los abusos y la arbitrariedad y un control judicial eficaz a posteriori.
Derecho al respeto de la vida privada y familiar
El TJUE introduce una importante novedad al reconocer en el art. 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE una garantía de protección frente a las medidas de incautación de documentación profesional en procedimientos de inspección, al afirmar que el correo electrónico profesional puede quedar amparado por el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Pese a que en el supuesto analizado el Tribunal no consideró necesaria la autorización judicial previa, por referirse los correos analizados a comunicaciones estrictamente profesionales, la relevancia del fallo reside en abrir la posibilidad a que los ordenamientos nacionales apliquen esta salvaguarda a este tipo de comunicaciones o a otras formas de comunicación electrónica cuando puedan contener información privada y personal.
La sentencia IMI reaviva el debate sobre la necesaria ponderación entre la eficacia en la aplicación del Derecho de la competencia y la protección de los derechos fundamentales de las empresas inspeccionadas, cuestión ampliamente abordada por la jurisprudencia nacional en la materia, que ha ido perfilando las garantías de las investigadas, fundamentalmente conforme a la interpretación del art. 18 CE.
Entre ellas, la garantía de impugnar el contenido de la orden de inspección cuando no esté convenientemente motivada y delimitada (art. 40.2 LDC). El TS ya había venido reforzando este requisito declarando inválidas las órdenes genéricas o meramente prospectivas (STS de 10 de diciembre de 2014), aunque ha flexibilizado el criterio en investigaciones preliminares, en las que no se debe exigir una minuciosidad excesiva que entorpezca la inspección (STS de 31 de octubre de 2017). IMI parece reafirmar indirectamente la relevancia de la orden, especialmente si la inspección alcanza correos electrónicos y comunicaciones internas, donde la intensidad de la injerencia es mayor.
La oposición a la entrada en dependencias empresariales se encuentra amparada por el art. 18.2 CE cuando estas constituyen un domicilio constitucionalmente protegido. La jurisprudencia española ha establecido garantías reforzadas para estos supuestos y para la entrada en dependencias de terceros, que requerirá el consentimiento expreso del titular o la correspondiente autorización judicial (art. 40.8 LDC). Esta protección cobra especial relevancia cuando la inspección afecta a los domicilios particulares de directivos y empleados. Asimismo, la eventual obtención de pruebas mediante una entrada ilícita podrá fundamentar su impugnación y, cuando concurran los requisitos legalmente exigidos, su exclusión o falta de valoración. En esta línea, la sentencia IMI reafirma la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales cuando las actuaciones inspectoras afectan a espacios o contenidos especialmente protegidos.
Por su parte, el acceso a los datos no se legitima con la mera autorización de entrada, sino que encuentra una protección independiente en los arts. 18.1, 18.3 y 18.4 CE. Nuestra jurisprudencia distingue entre documentación profesional, con trascendencia para la investigación, y documentación privada, protegida por los derechos fundamentales.
En relación a la documentación profesional potencialmente relevante para la investigación, el criterio general es que las investigadas no pueden vetar su acceso a la CNMC siempre y cuando se respeten los límites de la orden de inspección, no se vulneren derechos fundamentales y no se proceda a búsquedas indiscriminadas y copiados masivos y desproporcionados (SAN de 19 de mayo de 2026). IMI confirma este criterio, permitiendo ciertas injerencias en los derechos y libertades consagrados en la Carta siempre y cuando se persiga el objetivo de interés general y se supere el juicio de proporcionalidad.
Protección reforzada
Los datos de carácter estrictamente personal gozan de una protección reforzada, amparada en el derecho al secreto de las comunicaciones de directivos y empleados (art. 18.3 CE), que impide su acceso o copia cuando resulten ajenos al objeto de la inspección. En estos supuestos, el TS ha declarado la primacía del respeto a los derechos fundamentales sobre el ejercicio de potestades administrativas (STS de 29 de septiembre de 2023) cuestión que refuerza IMI, al declarar que el acceso a este tipo de contenido personal puede dar lugar a injerencias graves de los derechos garantizados por la Carta.
La principal dificultad se plantea en relación con los dispositivos de carácter mixto; esto es, aquellos que, aun siendo empresariales, contienen información personal, o que, siendo privados, albergan información profesional. Nuestra jurisprudencia no ha establecido todavía un estándar uniforme para el filtrado de esta información, más allá de la aplicación de las garantías del art. 18 CE y de la posibilidad de oponerse cuando se acredite que la CNMC ha copiado o utilizado documentos de carácter exclusivamente personal, ajenos al objeto de la investigación, sin adoptar las debidas cautelas para preservar su confidencialidad. IMI aporta cierta claridad al reconocer expresamente la protección de la información personal contenida en los dispositivos privados de directivos y empleados. Sin embargo, no extiende automáticamente esta protección a los equipos empresariales, cuestión que seguirá dependiendo de la ponderación que realice cada órgano judicial. Tampoco establece un procedimiento concreto para el filtrado de la información ni precisa las garantías que deben observarse al respecto, al no ser ese el objeto de la cuestión prejudicial.
En definitiva, el impacto real de IMI para las inspeccionadas debe tomarse con la debida cautela pues, aunque refuerza determinadas garantías, buena parte de ellas ya contaban con reconocimiento jurisprudencial en nuestro país. Sí resulta cuestionable, en cambio, la confianza que el TJUE parece depositar en el control judicial a posteriori para preservar la eficacia de la actividad inspectora, cuando aquel no ofrece necesariamente las mismas garantías ni la misma eficacia que el control previo, al resultar determinante el factor temporal en las inspecciones de competencia. Asimismo, se echa en falta una mayor concreción sobre la delimitación de las garantías aplicables a los domicilios y dispositivos mixtos de directivos y empleados, en aras de evitar incentivos para el uso de estos espacios con el fin de dificultar la actividad inspectora. Este equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia de las inspecciones constituye, en definitiva, una de las cuestiones que la jurisprudencia europea deberá seguir abordando. Tocará esperar.
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