A vueltas con la nulidad del planeamiento

Unas recie...

Unas recientes sentencias del Tribunal Supremo dictadas en plena pandemia del coronavirus han provocado una pequeña -revolución en el mundo del urbanismo, llegándose a decir de ellas que arrojan -luz y esperanza en la teoría del Derecho administrativo general. Así de entusiasta se ha mostrado J.R. Chaves García -porque no podía ser que después de muchos años de duro trabajo social de construcción de un planeamiento urbanístico, cualquier defecto, con independencia de su importancia, provocase la nulidad radical desde el inicio de todo lo hecho, condenando a las ciudades afectadas a quedarse sin planeamiento o, en el mejor de los casos, al resurgimiento de planes absolutamente desfasados que no sirven para resolver los problemas actuales con los que nos enfrentamos urbanísticamente hoy en día, totalmente distintos que los que pretendían solucionar esos antiguos planes-.

En la práctica, esta doctrina jurisprudencial supone que la anulación judicial de un plan urbanístico no dejaría al municipio huérfano de ordenación urbanística, atado de pies y manos, sino con una puerta abierta al desarrollo urbanístico. Pero esta jurisprudencia, de enorme repercusión práctica y sin duda con loables objetivos, agrieta los cimientos de la teoría de la invalidez de las disposiciones de carácter general, regulada en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común -LPAC -EDL 2015/166690--. ¿Se están difuminando las tradicionales figuras de la nulidad y la anulabilidad? O mejor dicho, ¿se está extendiendo una suerte de anulabilidad a los reglamentos?

Mediante auto TS ROJ:ATS 198/2019 -EDJ 2019/501436 se admitía a trámite el recurso de casación preparado por un ayuntamiento catalán para determinar -el alcance de la nulidad de los instrumentos de planeamiento, -... cuando la declaración de nulidad afecta realmente a una concreta determinación de dicho plan o instrumento-. El ayuntamiento recurrente insinuaba que -no estaría de más que el Tribunal Supremo se replanteara la cuestión a fin de ratificar su posición tradicional, o, en su caso, modular ese criterio consolidado, respecto de supuestos, como el aquí enjuiciado, en el que se cuestionaban aspectos o determinaciones muy concretas del Plan -FJ. 1-.

La STS 318/2020 -ECLI:ES:TS:2020:744 -EDJ 2020/516261- acaba rechazando el anterior recurso de casación, pero reconoce entre líneas que -nada impide, atendida la vigente normativa y la jurisprudencia de esta Sala, concretar la nulidad de pleno derecho del artículo 62.2 ley 30/92 -EDL 1992/17271 -hoy 47.2 ley 39/2015 -EDL 2015/166690--, en relación a un procedimiento de actuación urbanística, a las precisas determinaciones afectadas del vicio de nulidad de pleno derecho, y quedando a salvo aquellas determinaciones concretas del planeamiento que carezcan de las características de infracción relevante de nulidad, y sea posible su existencia escindida de las determinaciones nulas de pleno derecho -FJ. 3-. Aunque en el caso enjuiciado la sala considera que las ilegalidades concretas que se pretenden subsanar -no son determinaciones escindibles de la nulidad en la que incurre la modificación puntual y el proyecto de reparcelación -FJ. 4-, admite que no todos los defectos del plan urbanístico recordemos: norma reglamentaria van a provocar su nulidad radical, sino que por su menor trascendencia algunos serían más parecidos a un vicio de anulabilidad, pudiéndose conservar la parte del plan no afectada o ser objeto de subsanación.

La STS 548/2020 -ECLI:ES:TS:2020:1245 -EDJ 2020/563926--, tan cautelosa como la anterior, desestima el recurso de casación aunque valora que la declaración de nulidad -ha de ser proporcionada a la incidencia negativa sobre el mismo de la infracción apreciada y que los efectos negativos del vicio de nulidad podrían acotarse y reducirse a determinados contenidos del plan -FJ. 3-. Por último, la STS 569/2020 -ECLI:ES:TS:2020:1300 -EDJ 2020/567291- admite que el vicio de nulidad del plan se puede individualizar en un ámbito territorial o a concretas determinaciones, pero “sin que ello autorice a considerar la nulidad de pleno derecho subsanable con la retroacción del procedimiento” -FJ. 7-.

A la vista de esta jurisprudencia que acabamos de resumir, la primera pregunta que se nos formula es la de anticipar cuáles serían las determinaciones concretas o individualizadas que no causan la nulidad radical del plan urbanístico, sino que permiten que sea objeto de subsanación o convalidación. Lo cierto es que, como la misma pregunta insinúa, su concreción es complicada porque el plan urbanístico es una norma jurídica con vocación integral, cuyas directrices están interconectadas entre sí y resulta difícil aislar unas de otras. La tentación de lanzar la pelota a tejados ajenos conduciría a afirmar algo obvio: que la jurisprudencia posterior irá concretando qué supuestos pueden escindirse de las determinaciones nulas del plan, qué es lo que se va a conservar y lo que se va a eliminar. En palabras del Tribunal Supremo, esta cuestión no se puede resolver -en el vacío, y sin el soporte o base de un conflicto concreto, como si estuviéramos emitiendo un dictamen u opinión doctrinal pro futuro -véase STS 63/2020, FJ. 5, ECLI:ES:TS:2020:154 -EDJ 2020/505734--. En cualquier caso, el artículo 51 LPAC permite que -el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción-.

Para reforzar la seguridad jurídica, sería conveniente que el legislador urbanístico regulara qué aspectos del plan son inmunes y cuáles no a la nulidad de pleno derecho. Sin embargo, esta regulación -amén de complicada por las razones ya expuestas no debería vulnerar el marco básico de la nulidad de los actos y disposiciones administrativas que corresponde determinar al legislador estatal. Creo que la sectorialidad de la materia no permite excepcionar la teoría general de la invalidez de las disposiciones administrativas regulada en los artículos 47-52 de la LPAC -EDL 2015/166690-. De hecho, parece ser que el propio Gobierno del Estado ha anunciado una futura ley que amparará la subsanación de detalles concretos del plan urbanístico.

Quizás los vicios de nulidad del plan más fácilmente subsanables sean los formales o procedimentales -omisión de informes, memorias, trámites, plazos, etc.-, de modo que se pudiera convalidar su omisión con retroacción del procedimiento de aprobación del plan. Recordemos que la STS 1750/2018 -ECLI:ES:TS:2018:4087 -EDJ 2018/651698- declara que un plan de ordenación urbana no puede ser anulado por falta de informe de impacto de género, en contra de la sala de instancia, así que parecen existir trámites cuya omisión no tiene virtualidad invalidante para la norma jurídica. Por contraste, la STS 1512/2018 -ECLI:ES:TS:2018:3624 -EDJ 2018/618143- anulaba el plan turístico de canarias por falta de informe previsto en el artículo 117.2 de la Ley de Costas -EDL 1988/12636-. El auto ROJ:ATS 198/2019 -EDJ 2019/501436 ofrece otra pista para identificar esos vicios -no invalidantes y es que estemos ante una impugnación indirecta del plan urbanístico.

Sin embargo, concretar si la omisión de un trámite puede aislar sus efectos a determinado contenido del plan y no extenderse a otros es tarea complicadísima, como se deduce de la propia jurisprudencia citada.

Por ejemplo, la STS 548/2020 -EDJ 2020/563926 considera que las determinaciones sobre las redes públicas de comunicaciones electrónicas son un equipamiento básico que provoca la nulidad de todo el plan y no solo de una parte. La jurisprudencia parece aceptar una distinción entre vicios esenciales y no esenciales del plan, que se va determinando caso a caso atendiendo a las circunstancias concretas del plan -STS 53/2020, FJ. 5, ECLI:ES:TS:2020:154 -EDJ 2020/505734 y STS 569/2020, FJ. 4 -EDJ 2020/567291--.

Igual que ocurre con otros temas de amplia delimitación jurisprudencial -como ocurre en la responsabilidad patrimonial-, puede resentirse la seguridad jurídica: aunque resulte viable subsanar un vicio de nulidad individualizado, la eficacia del resto del plan se verá seriamente comprometida y la eventual supervivencia de la parte -no infectada del plan puede minar su capacidad para resistir avatares futuros. Es un riesgo que la norma así parcheada no alcance suficiente longevidad jurídica, sujeta además a los avatares de los francotiradores clásicos del plan -lobbies, propietarios, etc.-.

La tradici...

La tradicional caracterización de todos los vicios que puedan aquejar a las normas reglamentarias como causas de nulidad radical no se corresponde siempre del todo bien con nuestro sistema de revisión judicial de los reglamentos. De la afirmación de que los vicios de los que adolezca el reglamento determinan su invalidez no se sigue necesariamente que todos los eventuales vicios puedan invocarse sub especie aeternitatis.

La seguridad jurídica y la protección de los intereses de terceros de buena fe han llevado en numerosas ocasiones a nuestros tribunales a ponderar la eficacia del principio de conservación de los actos y a distinguir entre los vicios procedimentales y sustantivos, de modo que, si todos ellos pueden fundar una acción directa de nulidad, solo los segundos permitirían la anulación en un recurso indirecto, o una hipotética cuestión de ilegalidad del reglamento. Se da así la paradoja de que la pretendida nulidad radical insubsanable de los reglamentos que adolezcan de cualesquiera vicios quepa imaginar ha venido conviviendo en no pocos casos con una efectiva subsanación de los defectos procedimentales, que sanaba el transcurso del tiempo.

Esta paradoja reaparece una y otra vez en nuestra doctrina jurisprudencial, atenta a la realidad sobre la que opera y transforma. Y sobre una de sus derivadas se nos plantean ahora una serie de preguntas a las que paso a responder.

Con respecto a las pautas para acotar los efectos de la nulidad de pleno derecho de un instrumento de planeamiento, creo que hay que buscarlas justamente en la realización plena de la sentencia. La declaración de nulidad debe alcanzar cuantos elementos de ese instrumento planificador sea imprescindible expulsar del ordenamiento jurídico para que el fallo anulatorio adquiera plena efectividad. Ahora bien, la efectividad de la sentencia pronunciada no puede llevarse más allá de sus propios términos, de modo que se extienda a todas las actuaciones urbanísticas disciplinadas por el plan. Supuesto que la nulidad no afecte a la totalidad del plan, que es el caso que ahora se nos plantea, la nulidad parcial no puede traducirse en la invalidez total del instrumento.

A este respecto, amén de los preceptos y previsiones específicamente aquejados del vicio de nulidad -que, preciso es recordarlo insistentemente, no afecta, por definición, a la totalidad del plan-, los efectos de la anulación habrá de extenderse aquellos otros que guarden con los anulados una estrecha conexión de sentido, de modo que les alcance la invalidez por conexión o consecuencia.

Ningún sentido tiene mantener la vigencia de partes de una norma, o de un plan urbanístico, carentes de coherencia o que resultan rigurosamente incomprensibles, incluso en términos de estricta técnica urbanística. Ahora bien, si el motivo de la anulación no mancilla partes del plan con coherencia propia distintas de las viciadas, la invalidez de estas no puede extenderse a aquellas como mancha de aceite. Los planes son instrumentos unitarios, pero las diversas partes que los integran pueden llegar a tener coherencia propia que responda a una ratio específica distinta de la que pueda inspirar a las partes anuladas o a la anulación misma.

Cuestión distinta, en efecto, es la viabilidad del resto del planeamiento. Puede suceder que la “viabilidad” sea uno de los factores a considerar a la hora de determinar la comunicabilidad del vicio, por conexión o consecuencia.

De nuevo es preciso matizar estas respuestas necesariamente tentativas: no es que la falta de viabilidad determine de por sí la anulación, sino la falta de coherencia resultante de la concurrencia de una misma ratio inspiradora de las partes del plan anuladas por la sentencia.

La viabilidad no hace referencia, en principio, a la validez de la norma -aquí, del plan-, sino a su eficacia transformadora de la realidad -aquí, territorial o urbanística-. Ahora bien, puede suceder que la falta de viabilidad sea de tal calado y responda a unas razones que pongan de relieve la ausencia de coherencia porque las determinaciones urbanísticas del plan queden literalmente en el aire.

Supuesto que el plan no deba anularse por esa falta de coherencia, surge la duda de su capacidad para resistir avatares jurídicos o, en su caso, la posibilidad de completar la laguna resultante de la anulación parcial a través del planeamiento de desarrollo. Este inciso final debe responderse, como casi siempre sucede en el mundo del Derecho, diferenciando supuestos y huyendo de soluciones tajantes. Lo que significa que allí donde el instrumento de planeamiento general se comporte como un planeamiento de desarrollo por el grado de detalle de sus determinaciones urbanísticas, cabría imaginar que el planeamiento de desarrollo completara esa laguna por el contrario, cuando el plan de desarrollo precise de un plan de carácter general que le habilite, no puede alzarse sobre sí mismo y proceder a su propia habilitación.

En cuanto a la capacidad para resistir avatares jurídicos, puede afirmarse también que su valoración corresponde en primer lugar al propio planificador, es este quien debe ponderar esa longevidad jurídica a la que se hace referencia en la introducción del tema.

Supuesto que el juicio resulte negativo, su responsabilidad debe llevarle a proceder al ejercicio pleno de la potestad de planeamiento, que por ser función normativa no corresponde desempeñar a los tribunales de justicia.

La apuntada competencia autonómica para blindar el planeamiento me suscita muy serias dudas. No creo que la competencia sobre urbanismo alcance al extremo de limitar la eficacia de las resoluciones judiciales de anulación de los instrumentos de planeamiento.

Parece más bien una materia que debe encuadrarse en la competencia sobre legislación procesal, sin que pueda advertirse tampoco aquí la existencia de una especialidad que se derive de las particulares del derecho sustantivo propio, en los términos del art. 149.1.6 in fine CE -EDL 1978/3879-.

Definir con carácter general los efectos de las sentencias es una tarea que corresponde al legislador competente en materia de derecho procesal, no al sectorialmente competente.

Ese encuadramiento competencial responde al hecho de que las sentencias que anulan son resoluciones judiciales que hacen efectivo un derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial -art. 24.1 CE -EDL 1978/3879--, no una especialidad del urbanismo comparten naturaleza y esencia con cualesquiera otras resoluciones puedan resolver controversias jurídicas a través de los cauces establecidos en nuestras leyes procesales.

Del mismo modo que la existencia de un derecho civil propio no legitima la extensión de los supuestos de jurisdicción voluntaria, la doctrina jurisprudencial relativa a los efectos de las sentencias anulatorias de los instrumentos de planeamiento no puede dar pie a la aprobación de normas autonómicas que al amparo de la competencia sectorial ponga en cuestión la función constitucional que siempre y en todo caso desempeñan los pronunciamientos definitivos de nuestros tribunales de justicia.

La problem...

La problemática de la estimación judicial de la nulidad del planeamiento urbanístico entendido como disposición reglamentaria, bien por la vía de impugnación directa como de la impugnación indirecta, es perfectamente conocida sobre todo por quien se encuentra en esa situación y que pasado un acentuado tiempo en que se aplicaba el mismo, de forma radical e inmediata y cuanto menos, se tropieza con que:

-De un lado, esa figura de planeamiento urbanístico resulta expulsada del ordenamiento jurídico como si nunca hubiese existido habida cuenta del denominado efecto retroactivo “ex tunc”.

-De otro lado, se determina la nulidad en cascada del planeamiento urbanístico que se deriven de aquél y otros actos o instrumentos urbanísticos. Así, la comprometidísima situación de los demás instrumentos de gestión urbanística a que se haya dado lugar en su ejecución, también los de intervención administrativa y hasta los de protección de la legalidad urbanística que se hayan operado mientras la nulidad judicial estimada no produzca sus efectos.

-De una parte, con la necesidad de aplicar el planeamiento urbanístico anterior en lugar del planeamiento urbanístico nulo que tan distanciado en el tiempo y fundado en otros modelos urbanísticos que nada tienen que ver con el caso puede hasta resultar sorpresivo y paradójico.

-Y, de otra parte, todo ello adornado por un clima caracterizado desde de paralización de la actividad urbanística hasta su verdadera dinamitación, si se nos permite la expresión, y sin perjuicio de las acciones de responsabilidad patrimonial que acompañan al evento por todos aquellos que confiando en el planeamiento urbanístico finalmente estimado judicialmente nulo iniciaron y han podido culminar desarrollos urbanísticos de gestión urbanística, urbanización o edificatorios entre otros supuestos nada ociosos.

Si todo ello se pone en relación con el principio de seguridad jurídica conectado con materias tan sensible como la concepción estatutaria del derecho de propiedad inmobiliario, el derecho a la vivienda, la componente ambiental de la planificación y todos los principios que merezcan la pena ser citados bien se puede comprender la cautela y profundidad que debe merecer el estudio de una posible nulidad del planeamiento urbanístico y muy especialmente los esfuerzos de posibilitar vías de delimitación de los efectos de la nulidad del planeamiento urbanístico.

Y es que el peaje temporal que concurre se manifiesta con rotunda evidencia ya que ante la nulidad judicialmente estimada con sus efectos deberá procederse a una nueva figura de planeamiento urbanístico cuyo discurso temporal igualmente no va a ser lo pronta y celérica que fuera necesario para atender debidamente a las necesidades e intereses jurídico urbanísticos en sentido amplio y que a la mayor evidencia se desplegará por años.

Ciertamente en tiempos recientes se han desplegado tres Sentencias del Tribunal Supremo Sección 5ª -de 4 de marzo de 2020, EDJ 2020/516261 de 25 de mayo de 2020, EDJ 2020/563926 y de 27 de mayo de 2020, EDJ 2020/567291 que el que suscribe estas líneas debe entender como demostrativas de esos esfuerzos y que si bien pudiera entenderse como reflejo de la última palabra sobre el supuesto bien parece que van a ser una doctrina que puede llevar a otros esfuerzos o posibilitar otras y mayores concreciones, individualizaciones o acotaciones a la configuración de la nulidad o de los efectos la nulidad del planeamiento urbanístico.

En todo caso y a salvo iniciativas legislativas futuras, parece que resulta inamovible que nos hallamos ante una conceptuación del planeamiento urbanístico como disposición reglamentaria con lo que ello significa y que en abreviada síntesis procede advertir como propio de una posible impugnación directa e indirecta que destaca por la acentuación exigente del principio de legalidad y de que la disconformidad a derecho del mismo solo puede conllevar la nulidad y no la anulación.

Ahora bien, de la misma forma y en lo que ahora interesa, deben destacarse tres perspectivas que fluyen de la doctrina establecida y que pueden resumirse en que algunos defectos procedimentales no alcanzan la relevancia de la nulidad, en la aceptación de las nulidades parciales del instrumento de planeamiento urbanístico y en que quizá algunos supuestos que se presenten de nulidad parcial deben merecer algún trámite ulterior.

Efectivamente en sede procedimental, deberá estarse muy atento al criterio que se expone en razón a que “no toda vulneración de esas normas instrumentales en sus más mínimos detalles, han de acarrear tal extremo grado de ineficacia”, si bien se apostilla “sin que ello suponga alterar aquella jurisprudencia, plenamente consolidada, de excluir la aplicación de la anulabilidad a los reglamentos”. Y se dice muy atento cuando ya “ab initio” se acepta y se apunta a los casos de informe del Secretario del Ayuntamiento y los denominados “confusos trámites de audiencia” y que bien pudiera concurrir y ser apreciado judicialmente en otros supuestos.

En otras palabras, según se sienta en la doctrina establecida “si se sostiene que no todo vicio de procedimiento comporta el vicio de nulidad de pleno derecho del plan, deberá establecerse cuales son esos vicios que no comportan tan extrema declaración. Sin embargo, no es esa una función que nos corresponda a nosotros, a los Tribunales. Fijar jurisprudencia es aplicar la norma a los casos concretos, como más, a una determinada categoría de casos, pero ese grado de puntualización no sería ya juzgar, sino pura y simplemente legislar, que no solo nos está vedado, sino que incluso nos está proscrita la mera declaración de imponer una determinada norma a la Administración en su propio contenido e incluso en su propia necesidad”.

Ahora bien y desde luego, atendiendo debidamente a las peculiaridades del caso y a los solos efectos de aplicar la norma a casos concretos o a una categoría de casos, parece que por la puerta abierta por esos supuestos bien cabría atender a otros, evitando la tan temida nulidad que pudiera pretenderse.

Ya en esta vertiente quizá la última palabra no se ha dicho y quepa esperar mayores concreciones.

La aceptación de las nulidades parciales de la figura de planeamiento urbanístico que se iba sosteniendo parece que tiene un refuerzo y consolidación concluyente. Quizá se nota a faltar una pormenorización más significativa en sede de temáticas procedimentales o en sede de temáticas de fondo.

En temáticas procedimentales y en la práctica dejando de lado supuestos de grueso calibre como la falta de componente ambiental o evaluación ambiental cuyo pronóstico es más que conocido y concluyente de nulidad, deben resaltarse los casos de informes y entre ellos los vinculantes o no vinculantes y los casos de participación ciudadana, información pública a reiterar, notificaciones en planeamiento de iniciativa particular y trámite de audiencia a otras administraciones en su caso sectoriales.

La casuística de los informes es ciertamente inabarcable si se tiene en cuenta la veleidad legislativa sectorial, sea de la estatal o sea la autonómica, tanto en su número como en su intensidad, pero centrando el caso en el supuesto de que se trate, más allá de su escueta previsión legal y reglamentaria en general o el subterfugio de las figuras de planeamiento especial al aludir genéricamente a los documentos y elementos que sean “necesarios”, quizá conviene establecer que la falta de esos informes debe acompañarse con un debate procesal serio sobre si debieran ser relevantes y de interés para la ordenación urbanística que se aborda.

Esa relevancia o interés quizá también procedería tenerla en cuenta en las garantías sentidas de participación ciudadana, información pública a reiterar, notificaciones en planeamiento de iniciativa particular y trámite de audiencia no fuera que por la mera vulneración formal de un trámite resultase que su operatividad fuese inexistente como cuando la ordenación fuese reglada y obligada por imperativo de la ordenación internacional, comunitaria o por derecho interno -estatal o autonómico-, entre otros supuestos.

También en estas vertientes no deberá sorprender que se abran expectativas de mayores clarificaciones en doctrina jurisprudencial añadida.

Finalmente parece que se pone de manifiesto que no cabe retrotraer el procedimiento de elaboración de planes urbanísticos para acometer la ordenación urbanística que exijan las necesidades e intereses urbanísticos a no dudarlo bien entendidos. Quizá ello tampoco sea tan seguro en todos los casos y merezca alguna acotación añadida si es que procede.

No deberá olvidarse que mientras no se culmine el procedimiento y se opere la debida publicación la disposición reglamentaria no concurre. Y así en tantos supuestos de planes de iniciativa particular o planes de oficio y ante su frustración procedimental -así con denegación de aprobación inicial o denegación de la aprobación provisional, o aprobaciones con prescripciones del más variado género-, bien los particulares frente a los planificadores o bien las administraciones singularmente la local frente a la administración autonómica no conformes con esos pronunciamientos promueven la impugnación procedente.

Ante los casos de denegación de aprobación va resultando pacífico estimar que estimada la nulidad o anulación del correspondiente pronunciamiento administrativo lo que procede es situarse en el momento inmediato anterior a ese pronunciamiento dejado sin efecto y depurando lo que proceda -procedimentalmente o de fondo y aprovechando el trámite efectuado colmar y satisfacer la ordenación urbanística que se requiere. Condenar esos casos a que se vuelva a la vía administrativa desde su inicio y en su caso con la aplicación temporal de un nuevo régimen jurídico, legal o reglamentario, estatal autonómico no parece una postura sostenible.

Pero es que cuando se dirige la atención a los supuestos de nulidad parcial es decir una vez ultimado el procedimiento y operada la debida publicidad la temática que puede presentarse es merecedora de resaltarse cuanto menos en estas dos series de casos:

-Deberá estarse muy atento a no establecer la manifiesta disfunción de establecer que en determinado ámbito parte del mismo se ordene por una nueva figura de planeamiento urbanístico y otra parte del mismo por la nulidad parcial estimada pudiera llegar a ser aplicable el planeamiento urbanístico anterior.

La paradoja de ordenamientos distintos que obedecen a modelos distintos y a no dudarlo a legislaciones, reglamentaciones y principios distintos en el mismo ámbito de planeamiento es una conclusión que resulta difícil de aceptar o cuanto menos de explicar adecuadamente.

-Con mayor concreción y por ser supuestos habituales puede pensarse en que la nulidad puede afectar a una concreta clasificación discrecional o calificación urbanística igualmente de naturaleza discrecional que finalmente merece el rechazo judicial por nulidad y claro está si la Sentencia se debe detener en ese pronunciamiento parece que no debe pasarse por alto que el que ha vencido se encontraría a sus resultas con la manifiesta sorpresa que su condena fatal sería tener que conformarse con un suelo sin clasificación ni calificación urbanística y sin nada que poder hacer al ser un verdadero conjunto vacío urbanístico si se nos permite la expresión.

La tentación de aplicar el planeamiento urbanístico anterior puede existir, pero la paradoja que se ha indicado anteriormente sigue concurriendo -la clasificación y calificación urbanística puede ser radicalmente perpleja y absolutamente alejada de la realidad sin contar con el efecto derogatorio de la nueva figura de planeamiento que pasaría a ser parcial de forma confusa o hasta quizá extravagante.

Quizá se está pensando en que procede remitir a las partes a una nueva tramitación de planeamiento urbanístico que colme esa falta de ordenación urbanística y que será la mejor solución del caso evitando dar una peor solución consistente en que en ejecución de la sentencia de nulidad y a la mayor brevedad con indicación del procedimiento idóneo se dé la necesidad de agotar la debida ordenación urbanística.

Si ello es así no debe olvidarse, por una parte, que se condena a los vencedores a volver a la vía administrativa con una nueva iniciativa de planeamiento urbanístico manteniendo los efectos de la situación disconforme a derecho establecida y con tacha de nulidad cuanto menos durante un factor temporal que procede contar por años que quizá en lo de menos.

Pero es que, por otra parte, lo peor es que en esa nueva figura de planeamiento urbanístico va a resultar aplicable un nuevo régimen legal y reglamentario, estatal o autonómico, a la mayor seguridad ajeno y extraño al ámbito planificado, no necesariamente el inmediato posterior sino quizá algún otro ulterior, y mucho más exigente y cargado de obligaciones y cargas urbanísticas, de tal suerte que se ha desvanecido totalmente una clasificación y calificación urbanística correspondiente al planeamiento urbanístico de origen y la nueva planificación hasta puede poner de manifiesto un relevante caso de “reformatio in peius” si es que la situación final resultante perjudica hasta la situación que se impugnó y recibió el calificativo de nulidad parcial del planeamiento urbanístico anterior.