¿Pueden las compañías de seguros fijar una modificación de las pólizas por la vía del art. 11 LCS, ante el agravamiento del riesgo por un posible repunte del Covid-19 en invierno?

A la hora de dar respuesta a la cuestión formulada no debe olvidarse q...

A la hora de dar respuesta a la cuestión formulada no debe olvidarse que el seguro cumple con la función de garantizar un riesgo referido bien a la salud y vida de las personas bien a sus patrimonios, a cuyo fin no cabe duda que se produce una vinculación con muy diversos aspectos que le afectan y que son relevantes en tanto se refieren a lo que no es sino el elemento causal del seguro que se define por la objetividad de la incertidumbre del evento o siniestro y, en consecuencia, de la necesidad patrimonial.

El supuesto que plantea la cuestión que se nos formula, es decir, la posibilidad con arraigo en el art.11 LCS -EDL 1980/4219 de la modificación de una póliza de seguros por aumento de riesgo basado en la incertidumbre del posible repunte de la pandemia, exige tener en cuenta que en nuestro sistema legal de seguros hay un deber precontractual de declaración de riesgo que está previsto en el art.10  y que el art.11 LCS regula el deber del tomador o el asegurado, una vez concluido el contrato, de comunicar al asegurador todas las circunstancias que agraven el riesgo.

Pues bien, en su análisis debe tenerse en cuenta dos aspectos, en primer lugar que el deber que se contempla en el art.11 LCS -EDL 1980/4219 no constituye una facultad discrecional por parte del tomador del seguro o del asegurado en cuanto a la apreciación de las circunstancias que si se hubieran conocido por el asegurador en el momento de la perfección del contrato, no lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas, y ello porque el deber de declaración del agravamiento del riesgo ha de referirse a aquellos aspectos que el propio asegurador consideraría relevantes a la hora de valorar el riesgo, de modo ta que lo que habrá de tenerse en cuenta son las circunstancias que alteren o hagan perder su sentido a aquellos hechos a los que se refería el cuestionario elaborado por el asegurador.

Y en segundo lugar porque el art.11 -EDL 1980/4219 exige además que las circunstancias que agraven el riesgo sean de tal naturaleza que, de haber sido conocidas por el asegurador, lo habrían concluido en condiciones más gravosas, con referencia a hechos que incidan en la probabilidad de que se produzca el siniestro o en las consecuencias dañosas que se derivan de éste.

Pues bien, desde esta perspectiva, no cabe sostener que el riesgo de un repunte en la pandemia constituya una circunstancia que agrave el riesgo porque en realidad ese riesgo es el riesgo, en el caso de un seguro de enfermedad o asistencia sanitaria o en caso de seguro de vida, en sí mismo asegurado, de manera tal que si una compañía de seguros denunciara el incumplimiento por parte de un tomador de seguros o asegurado, de la comunicación como agravación del riesgo de la posibilidad de un repunte de la pandemia, estaría exigiendo la comunicación de un hecho que no agrava el riesgo cubierto sino que constituye el riesgo mismo asegurado.

Baste con señalar que conforme al art.105 LCS -EDL 1980/4219 en el seguro de enfermedad o asistencia sanitaria el asegurador se obliga «dentro de los límites de la póliza, en caso de siniestro, al pago de ciertas sumas y de los gastos de asistencia médica y farmacéutica», siendo el evento dañoso en estos seguros, aquellos hechos que provocan la pérdida de salud del asegurado, en modo tal que si contemplan o se interpreta que cubren los efectos de la pandemia, el rebrote no varía el riesgo ni, en consecuencia, el contrato mismo.

VOTO PARTICULAR -1-

1. El art.12 LCS -EDL 1980/4219 supone una vía de respuesta para las entidades aseguradoras al reto que supone hacer frente al nuevo escenario planteado por la COVID-19: en los contratos de seguro concertados con anterioridad a la declaración de pandemia -11 de marzo de 2020 y cuyo cumplimiento esté previsto durante la vigencia de tal declaración, la aseguradora puede, bien rescindir el contrato de seguro -supuesto más grave que supondría dejar al asegurado sin protección o bien, introducir una modificación que reestablezca, en lo posible, el equilibrio propio entre las partes, siempre y cuando, en ambos casos, la aseguradora justifique que, a causa de la pandemia, el cumplimiento del contrato se ha vuelto desproporcionadamente gravoso para ella.

Porque las cosas cambian…, el principio rebus sic stantibus posibilit...

Porque las cosas cambian…, el principio rebus sic stantibus posibilita la adecuación de un contrato a las nuevas circunstancias sobrevenidas, intentando que la posición de cada una de las partes conserve el equilibrio suficiente que debía existir a la firma del mismo.

Una manifestación del citado principio, en el sector del seguro privado, la hallamos en los art.11 y 12 LCS -EDL 1980/4219-, por los que, de concurrir los requisitos exigidos en el art.11, el asegurador queda facultado para proponer una modificación del contrato de seguro, o bien, su rescisión -art.12-.

Los requisitos del art.11 -EDL 1980/4219 son dos: la existencia de un cuestionario de riesgos precontractual, extendido por el asegurador al asegurado, y la concurrencia de una serie de factores y circunstancias que, atendidas las cláusulas delimitadoras y limitadoras del condicionado de la póliza suscrita, agraven el riesgo.

Por lo que, a la hora de determinar el agravamiento del riesgo -increase of risk-, hay que estar al caso concreto puesto que depende del tipo de seguro concertado y a las estipulaciones concretas asumidas en cada uno de ellos.

Por lo general, en los seguros de vida existentes, existen pólizas que excluyen la cobertura en caso de epidemia y pandemia, como otras que no hacen mención a dicha exclusión en este segundo caso, alguna STS ha afirmado que la aparición de una enfermedad posterior a la perfección del contrato no puede considerarse circunstancia agravante: «no estableciéndose en el clausulado de la misma ninguna excepción en cuanto a enfermedades que pueden ser causantes del fallecimiento del asegurado. Siendo esto así, la posterior aparición o descubrimiento en el asegurado de una enfermedad con resultado letal, no puede considerarse como circunstancia que agrava el riesgo asegurado, el “fallecimiento por cualquier causa”, al tratarse de un seguro de vida para caso de muerte otra cosa iría contra el propio contenido contractual ya que en todos los supuestos de enfermedad más o menos grave se concedería al asegurador una facultad de modificación del contrato o de rescisión del mismo, con lo que se frustraría, en perjuicio del asegurado, la finalidad del contrato…». Por lo tanto, el asegurado no tendría la obligación de informar al asegurador de dicha circunstancia.

En el resto de seguros el asegurado debe verificar el impacto de la infección por COVID-19 en la cobertura de riesgo, para, en su caso, continuar con el procedimiento establecido en el art.12 LCS -EDL 1980/4219-.

Por lo que, superados los requisitos fijados en el art.11 -EDL 1980/4219 -expuestos-, el art.12 -EDL 1980/4219 supone una vía de respuesta para las entidades aseguradoras al reto que supone hacer frente al nuevo escenario planteado por la COVID-19: en los contratos de seguro concertados con anterioridad a la declaración de pandemia -11 de marzo de 2020 y cuyo cumplimiento esté previsto durante la vigencia de tal declaración, la aseguradora puede, bien rescindir el contrato de seguro -supuesto más grave que supondría dejar al asegurado sin protección o bien, introducir una modificación que reestablezca, en lo posible, el equilibrio propio entre las partes, siempre y cuando, en ambos casos, la aseguradora justifique que, a causa de la pandemia, el cumplimiento del contrato se ha vuelto desproporcionadamente gravoso para ella.