Los decanos y decanas de los 83 Colegios de la Abogacía, así como el resto de miembros del Pleno del Consejo General de la Abogacía, han exigido a las partes en conflicto un mayor esfuerzo para poner fin a la huelga, que ya lleva 8 semanas de duración y que ha generado una situación insostenible para el servicio público de justicia y un grave perjuicio para decenas de miles de personas.
Para lograr un acuerdo, se exige a las partes la creación de un calendario acelerado y continuado de negociaciones para reactivar con la mayor celeridad posible el servicio público esencial para la ciudadanía.
La Abogacía incide en que la prolongación de esta crisis refleja la necesidad de llegar a un acuerdo. Mientras que se logra este acuerdo, es vital que los LAJS cumplan de forma eficaz con los servicios mínimos, especialmente para aquellas situaciones que afectan gravemente a la ciudadanía. Por ello, también es importante que el Ministerio de Justicia supervise el cumplimiento de estos servicios, informando públicamente de manera regular y tomando las medidas oportunas en aquellos casos en los que no se cumplan, según ha señalado el CGAE.
"Del mismo modo, reclamamos que los LAJs apliquen criterios homogéneos en las notificaciones de suspensión de señalamientos, con una antelación suficiente y, por tanto, nunca inferior a 48 horas. Esta es la única manera de conciliar mínimamente su ejercicio del derecho de huelga con el resto de derechos de la propia ciudadanía, y evitar así que se produzcan aún más gravámenes de los que este conflicto está creando ya a aquella y a todos los profesionales que formamos parte del servicio público de justicia", ha manifestado en un comunicado la Abogacía.
Es fundamental que el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, la Abogacía y la Procura trabajen conjuntamente en la elaboración de un plan de recuperación de la actividad del servicio público de justicia para llevar a cabo cuando termine la huelga. El plan debe incluir la creación de un sistema escalonado de notificaciones para garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos. Se deben evitar medidas que en el pasado se han demostrado ineficaces, como la habilitación de periodos inhábiles.
