El nuevo marco normativo entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Con la nueva norma, se desarrolla el régimen jurídico para el uso civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés: Unmanned Aircraft Systems), popularmente conocidos como drones.
Marco de actuación del Real Decreto
El nuevo Real Decreto establece el régimen jurídico aplicable a los drones de aquellas actividades o servicios civiles que están excluidas de la aplicación de la regulación de la Unión Europea, como son las actividades o servicios de aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, control fronterizo, vigilancia costera o similares.
Por otra parte, con esta norma se completa también el régimen jurídico europeo sobre un marco regulador para el U-Space, en materia de organización y competencias, estableciéndose las limitaciones y condiciones operacionales asociadas a las zonas geográficas de UAS. Asimismo, se designa a ENAIRE como la entidad responsable de la puesta a disposición, en un formato digital común único, de la información sobre las zonas geográficas de UAS identificadas en territorio y espacio aéreo de soberanía española.
En estas zonas se autoriza el vuelo dentro del alcance visual del piloto a una altura máxima de 60 m sin necesidad de coordinarse con el gestor de aeródromo o con los proveedores ATS, salvo en zonas UAS específicamente asociadas a la infraestructura de aeródromos.
Se completa un régimen formativo destinado a operaciones realizadas al amparo de una autorización operacional, aquellas que están destinadas a actividades no sujetas a la normativa europea y las reservadas a la formación de Radiofonista específica a UAS/drones. Además, se describen los requisitos para todas aquellas entidades que deseen impartir este tipo de formación.
Asimismo, destaca la creación, en la Secretaría de Estado de Seguridad, del Registro de aeronaves no tripuladas del Ministerio del Interior, para prevenir, investigar o detectar infracciones penales y administrativas, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad ciudadana.
