Durante el encuentro con los medios de comunicación, la autora del paper ha profundizado en el informe, incidiendo en los defectos técnicos del impuesto y la complejidad administrativa que supondrá “obligaciones administrativas de altos costes e imposible cumplimiento para miles de pymes españolas que no están preparadas para acometerlos”.
La autora, miembro del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de AEDAF ha señalado que el impuesto impone barreras administrativas que podrían afectar a las adquisiciones intracomunitarias, por lo que podría vulnerar el tratado fundacional de la Unión Europea. Por ello, la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha denunciado el impuesto ante la Comisión.
Según ha explicado Palao, la Asociación considera que el impuesto podría reunir las condiciones para ser considerado “exacción de efecto equivalente, y por tanto, nulo de pleno derecho en la parte que afecta a las adquisiciones intracomunitarias”.
En palabras de la presidente de AEDAF, Stella Raventós Calvo, “tal y como está diseñado el impuesto, no justifica los problemas de gestión que este va a suponer para las empresas. Es un impuesto mal diseñado, porque las empresas están cada día más sometidas a obligaciones formales, se les está ahogando con presentaciones de todo tipo. El hecho de que una empresa renuncie a la deducción del impuesto por el coste que le supone rellenar papeles es completamente absurdo”.
Raventós ha abundado: “no es la finalidad del impuesto lo que discutimos, sino su articulación técnica y la complejidad del mismo”.
Javier Gomez Taboada, vocal responsable de Estudios e Investigación de AEDAF, ha puntualizado que “es un error usar la presión fiscal como medida para valorar cuándo introducir un nuevo tributo; el medidor más adecuado es el esfuerzo fiscal que lleva a cabo el contribuyente”.
