"Apelando a la responsabilidad política del Gobierno, exigimos que, igual que nosotros cumplimos en su día desconvocado la huelga anunciada por la mayoría de las asociaciones firmantes, se den los pasos necesarios para que, a su vez, el Ejecutivo cumpla con su parte, y ello a la mayor brevedad posible", han apuntado.
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han emitido este martes un comunicado conjunto en el que denuncian que, "a día de hoy, los grupos de trabajo no se han constituido ni se ha fijado un calendario de reuniones para, como se acordó, abordar todas aquellas cuestiones relacionadas con las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial y fiscal".
Las seis asociaciones han hecho hincapié a su vez en que "tampoco se han dado los pasos obligados para hacer efectivo el señalado incremento retributivo dentro de unas semanas".
Nómina de octubre
Las firmantes han avisado de que "la incierta situación política actual no debe servir de excusa para incumplir el acuerdo adoptado", al tiempo que han destacado que --según se les ha informado-- las asignaciones presupuestarias "ya están preparadas y, si no se ejecutan antes de terminar el año, se perderán, con el consiguiente perjuicio para todos".
"El desarrollo meramente formal del pacto retributivo no puede quedar a expensas de consideraciones políticas ajenas a su objeto", han incidido las asociaciones, en referencia al acuerdo que incluía una subida salarial --a hacerse efectiva en la nómina de octubre-- y aumentos de plazas en las siguientes convocatorias de oposiciones.
El acuerdo firmado contempla una partida de 46,7 millones de euros que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría una aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.
Los incrementos se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.
