"Dado el estado actual de la negociación con el Ejecutivo en la Mesa de Retribuciones, hemos entendido necesario no comenzar la huelga día 16, y ello a fin de poder seguir dialogando en aras a conseguir el mejor acuerdo posible que, de forma definitiva, nos permita desconvocar o no dicha huelga", han precisado en un comunicado conjunto las cinco asociaciones que convocaron el parón.
Las asociaciones convocantes tomaron esta decisión después de que el Ministerio de Justicia y el de Función Pública les solicitara retrasar el inicio de la huelga hasta el viernes para presentarles una nueva propuesta este martes.
La oferta inicial, de unos 44 millones de euros, representaba solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%. Sin embargo, en una segunda reunión, el Ministerio elevó su propuesta original en dos millones de euros hasta alcanzar los 46 millones.
Según fuentes cercanas a la negociación, esta segunda oferta se traduciría en subidas salariales que van desde 350 euros para los trabajadores del Grupo 1 --como tenientes fiscales, fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, fiscales Antidroga y Anticorrupción y fiscales jefes de las Fiscalías Provinciales--, hasta 490 euros para el Grupo 2 --fiscales de segunda categoría-- y 450 euros para el Grupo 3 --fiscales de tercera categoría--.
En el comunicado conjunto que firmaron, las asociaciones convocantes de la huelga aseguraron que exigirían un "aumento significativo de plazas de jueces y fiscales por el sistema actual de acceso que palíe la sobrecarga y, consecuentemente, el retraso endémico" que padece la Justicia y la "afectación" a su salud laboral.
Manifestación de abogados del turno de oficio
La negociación entre las asociaciones de jueces y fiscales y el Ministerio coincidirá esta semana con la concentración que los abogados del turno de oficio han convocado para el jueves, a las 13.00 horas, ante la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol.
Reclaman una "remuneración digna y suficiente del servicio de asistencia jurídica gratuita", el pago de "todo el trabajo realizado"; que se actualicen los baremos conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC); que se reconozca la "dificultad" para el acceso a la justicia gratuita a personas y familias con rentas bajas y que se reduzca la "carga burocrática".
