El ministro de Justicia ha ofrecido hoy colaboración a los representantes de las comunidades autónomas con competencias transferidas, que han asistido a la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid, para abordar esta legislatura las reformas necesarias para mejorar la Administración de Justicia, según un comunicado del Ministerio de Justicia.
El ministro se ha mostrado consciente de los tiempos legislativos y el periodo que queda de legislatura para centrar su intervención en las reformas en las que se está concentrando el trabajo del Ministerio de Justicia: la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y aspectos puntuales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la principal novedad del proyecto de ley que será aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas será el mantenimiento de los partidos judiciales aunque se establecerán sistemas alternativos de reparto de cargas de trabajo tras el diseño de un mapa de la Justicia que identifique los puntos que presentan un mayor problema.
Respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el ministro ha explicado que los macroprocesos no responden a la media común de la Justicia, puesto que hay Juzgados que resuelven en meses. En este sentido, ha señalado que se establecerán mecanismos para conseguir su agilización al evitar la concatenación de hechos que deben investigarse en el mismo procedimiento según prevé la legislación actual. También se agilizará la tramitación de los delitos de conducción en estado de embriaguez; y se mejorarán las técnicas de investigación.
Entre otras reformas legislativas pendientes, Catalá también se ha referido al Código Penal, que están en tramitación parlamentaria, el Estatuto de la Víctima y la ley de custodia compartida.
Tras anunciar la intención de extender la Oficina Judicial al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional con la experiencia adquirida en aquellos lugares en los que ya se ha puesto en marcha, el ministro ha reflexionado sobre la importancia de trabajar en colaboración con las comunidades autónomas en un sistema tecnológico moderno y encaminado a lograr un sistema común de gestión compartido por todos.
En este sentido ha recordado que se destinarán 55,5 millones de euros de los presupuestos del Estado con el objetivo de lograr un proyecto común y compartido de gestión procesal.
En cuanto al Registro Civil, el ministro ha explicado que su llevanza se encargará a los registradores, lo que no supone una privatización, puesto que son funcionarios públicos. Asimismo ha asegurado que toda la reforma, que estará lista para julio de 2015, se realizará garantizando la gratuidad para el ciudadano y la titularidad estatal de los datos registrales.
Ha asegurado que existe consenso en que el cambio en la gestión del Registro Civil no conllevará ninguna reducción de empleo público, ya que los funcionarios, fijos e interinos, serán reasignados a otros centros de trabajo.
En la Ley de Justicia Gratuita, el ministro se ha comprometido a trabajar con la máxima transparencia y colaboración con las comunidades autónomas, a las que ha anunciado que se trabaja para firmar con ellas convenios de cofinanciación durante la tramitación de los presupuestos generales del Estado. En cuanto a las tasas, se ha comprometido a analizar la información de la Agencia Tributaria y los datos del Consejo General del Poder Judicial para con ellos revisar el sistema actual y ver si procede alguna modificación.
