1. Hechos.
SBS es una entidad de radiodifusión privada que emite en Bélgica bajo una técnica llamada “introducción directa”, que consiste en que las señales portadoras de programas se transmiten a otros distribuidores a través de una línea privada de modo que, durante este proceso de transmisión, ningún usuario puede tener acceso a las mismas. Son los destinatarios de estas transmisiones –las compañías distribuidoras- las que, a través de diferentes técnicas (cable, satélite, línea xDSL), difunden las señales entre sus abonados.
Por su parte, SABAM es la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual que se encarga de administrar los derechos de los autores de música en Bélgica. El litigio principal es promovido por esta entidad contra SBS al considerar la primera que la actividad llevada a cabo por el organismo de radiodifusión constituye un acto de comunicación público y como tal, está sujeto a la suscripción y abono de la respectiva licencia con los titulares de derechos a través de SABAM. Por el contrario, SBS considera que son los diferentes distribuidores a los que esta envía la señal, los que llevan a cabo la comunicación al público.
El asunto llega al Tribunal de Apelación de Bruselas, quien plantea cuestión prejudicial ante el TJ en torno al posible encaje de la actividad llevada a cabo por SBS dentro del concepto comunitario de comunicación al público.
2. Pronunciamientos.
La sentencia que se comenta viene a profundizar sobre el concepto de comunicación al público del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE, de la Sociedad de la Información. Como ya hiciera en asuntos anteriores, el análisis del TJ se articula desgranando los dos conceptos que, hermanados y de forma cumulativa, constituyen la actividad de explotación que regula el precepto citado.
(i) Por un lado, el acto de comunicación en sí mismo. A este respecto, la línea seguida por el TJ hasta la fecha ha sido la de entender la comunicación al público en sentido amplio, como el acto de “hacer accesible al público” con independencia de si efectivamente el público accede o no a las obras. Así se desprende, entre otras, de las sentencias del TJ dictadas en los asuntos Football Association Premier League (C-403/08; sentencia de 4 de octubre de 2011), Airfield (C-431/09; sentencia de 13 de octubre de 2011) o PPL (C-162/10; sentencia de 15 de marzo de 2012).
(ii) En segundo lugar, el concepto de público. Tal y como ha señalado el TJ en asuntos previos (sentencias SGAE, C-306/05, e ITV Broadcasting y otros, C-607/11), el concepto de «público» hace referencia a un número indeterminado de destinatarios, telespectadores potenciales, e implica, por lo demás, un número considerable de personas. Cuando la obra o prestación ya ha sido comunicada previamente, para que el nuevo acto de difusión constituya una comunicación al público es preciso que el público al que se dirija sea un público nuevo (asunto Svensson, C-466/12, sentencia de 13 de febrero de 2014).A estos efectos, el TJ ha señalado que un público es nuevo cuando “no haya sido tenido en cuenta por los autores de la obras/s protegida/s cuando autorizaron su utilización para la comunicación pública de origen”.
Uno de los factores que el Tribunal toma en consideración para determinar si el público es nuevo o no es el papel más o menos activo que desempeña el agente que lleva a cabo el segundo acto de comunicación. Si actúa como un mero intermediario técnico, el TJ considera que esta segunda difusión no constituye una comunicación al público, sino que se trata de una fase más que forma parte del proceso de comunicación iniciado en origen. En este caso, el TJ pone especial énfasis en el hecho de que la actividad que llevan a cabo los agentes a los que SBS distribuye sus señales “no constituye un simple medio técnico destinado a garantizar o a mejorar la recepción de la emisión de origen en su zona de cobertura”, sino que se trata de una prestación de servicios autónoma, a través de la cual obtienen un beneficio, y mediante la cual permiten al público acceder a las obras.
Es por ello que en el presente asunto el TJ considera que sí hay un público nuevo y que, por tanto, el acto de comunicación al público es llevado a cabo por los distribuidores, que son quienes hacen posible que el público pueda acceder a las obras, y no por SBS, la compañía demandada en el litigio principal.
3. Comentario.
En esta sentencia el TJ continúa profundizando en la conceptualización y alcance del derecho de comunicación pública, que es de todos los derechos de propiedad intelectual, si no el más problemático, sí el que ha sido objeto de un mayor número de cuestiones prejudiciales ante el TJ. Si bien la argumentación del Tribunal en este caso es absolutamente coherente con las resoluciones dictadas por él mismo sobre esta materia hasta la fecha, lo cierto es que precisamente con base en estas resoluciones anteriores quizá ni siquiera hubiera sido necesaria la segunda parte del análisis en torno al concepto de público.
De acuerdo a la propia doctrina del TJ, la utilización de diferentes técnicas de comunicación por los distintos agentes que intervienen en un proceso de comunicación al público determina, por sí sola, la existencia de dos actos de comunicación dirigidos a públicos diferentes (asunto TVCatchup, C-607/11; sentencia de 7 de marzo de 2013). En todo caso, qué duda cabe de que la presente resolución contribuye a arrojar luz sobre el controvertido concepto de comunicación al público.
(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2015, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).
Documento citado:
- Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información
ENGLISH VERSION
Communication to the public by broadcasting organisations which broadcast their programmes using a “direct injection” technique. Judgment of the Court of Justice of 19 November 2015, SBS (C-325/14).
1. Background.
SBS is a private broadcasting organisation which broadcasts in Belgium by a technique known as “direct injection”, where the programme-carrying signals are transmitted to other distributors via a private line so that at no point during the transmission process can the signals be accessed by users. The recipients of those transmissions, i.e., the distributors, then send the signals to their subscribers using different techniques (cable, satellite, xDSL line). SABAM is the copyright administration society that manages the rights of musical authors in Belgium.
This society brought the main proceedings against SBS on the grounds that the latter’s activities constituted an act of public communication and, as such, were subject to licensing requirements and remuneration in favour of the copyright holders through SABAM. SBS, however, considered that the various distributors to whom it sends the signal are actually the parties who are carrying out public communication activities.
The case went to Brussels Court of Appeal, which referred a question to the CJ concerning whether SBS’ activities should be comprised within the Community concept of communication to the public.
2. Findings.
This judgment delves into the concept of communication to the public within the meaning of Art. 3.1 of Information Society Directive 2001/29/EC. Just as it had done in previous cases, the CJ analysed this matter by extricating the two concepts which together and cumulatively constitute the activity regulated by the aforementioned provision.
The first concept is the act of communication per se. In that regard, the CJ had previously interpreted communication to the public in the broad sense, as an act of “making the work available to the public”, regardless of whether or not the works are actually accessed by the public. This flows, inter alia, from the judgments rendered by the CJ in Football Association Premier League (C-403/08; judgment of 4 October 2011), Airfield (C-431/09; judgment of 13 October 2011) and PPL (C-162/10; judgment of 15 March 2012).
Secondly, there is the concept of public. As the CJ has pointed out in previous cases (the judgments in SGAE, C-306/05, and ITV Broadcasting and Others, C-607/11), the term “public” refers to an indeterminate number of recipients, potential television viewers, and implies, moreover, a fairly large number of persons. When the work or service has already been communicated previously, in order for the new act of communication to constitute communication to the public, the public at which it is directed needs to be new (Svensson, C-466/12, judgment of 13 February 2014). In that regard, the CJ has indicated that a public is new when “it was not taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication”.
One of the factors taken into consideration by the CJ when determining whether or not the public is new is the significance of the involvement of the subject performing the second act of communication. If that second agent is acting as a mere technical intermediary, the CJ considers that the second act of communication is not communication to the public; rather, it is just one more stage of the original communication process. In this case, the CJ places particular emphasis on the fact that the activity carried out by the agents to whom SBS distributes its signals “is not just a technical means of ensuring or improving reception of the original broadcast in its catchment area”; rather, it is a separate service, through which they obtain commercial gain and enable the public to access the works.
Consequently, the CJ considers that there is a new public in this case, and so the act of communication to the public is carried out by the distributors, who enable the public to access the works, not by SBS, the defendant in the main proceedings.
3. Remarks.
In this judgment, the CJ further examines the concept and scope of the public communication right which, of all the intellectual property rights, if not the most problematic, is certainly the one that has prompted the most references for a preliminary ruling by the CJ. Although the Court’s arguments in this case are entirely in keeping with the decisions that it had previously rendered on the subject, the second part of the analysis concerning the concept of public might not even have been necessary in light of those earlier decisions.
According to the CJ’s own doctrine, the use of different communication techniques by the various agents involved in a public communication process itself establishes the existence of two acts of communication directed at different users (TVCatchup, C-607/11; judgment of 7 March 2013). In any event, this judgment certainly contributes towards shedding light on the controversial concept of communication to the public.
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