La explosión de la caldera causó lesiones graves a los moradores de la vivienda, uno de las cuales perdió las extremidades inferiores y tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta, según ha informado el TSJ de Cantabria.
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado al pago de una indemnización de 494.723 euros a un fontanero por la explosión de una caldera que carecía de dispositivos de seguridad.
En una resolución que resuelve el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander, la Audiencia eleva la indemnización que deberán percibir los lesionados.
Inicialmente, el Juzgado condenó al instalador al pago de 275.028 euros, además de una pena de dos años de prisión y otra de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de fontanero o instalador de calefacciones por un periodo de cuatro años, condenas que no han sido recurridas.
Según el relato de hechos de la sentencia, el acusado había instalado un sistema de calefacción central en la vivienda de los afectados en 1998. Años después, modificó la instalación para colocar una paila en el hogar de leña, con el fin de aprovechar la fuente de calor de la chimenea para calentar los radiadores.
Dispositivos de seguridad
En esta nueva instalación, el acusado no dispuso de regulación de temperatura ni de sistema alguno de expansión. Tampoco modificó los sistemas preexistentes de alivio de la sobrepresión ni los diámetros de las tuberías.
“Puede afirmarse que la actuación profesional del acusado faltó a las más mínimas normas de cuidado exigibles e infringió la legislación de seguridad sobre este tipo de instalaciones”, explica la sentencia.
Tras llevar a cabo esta modificación, en enero de 2003 tuvo lugar una explosión en la caldera, que produjo graves lesiones físicas y psíquicas a los moradores de la vivienda.
A la mujer, que tuvo que ser sometida a tratamiento médico y quirúrgico durante varios meses, le quedan como secuelas la amputación de las extremidades inferiores, cicatrices de quemaduras, graves secuelas estéticas y un trastorno depresivo reactivo. Actualmente, tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta y requiere de asistencia para sus quehaceres habituales.
También sufrió heridas el dueño de la vivienda que requirieron varios meses de curación. Como secuelas, le han quedado problemas psíquicos que han derivado en su posterior incapacidad laboral.
La explosión produjo además daños en la vivienda que han sido tasados en 104.319 euros.
Por todo ello, la Audiencia dispone una indemnización de 377.568 euros para la mujer; 12.835 euros para el hombre; 32.585 euros por los daños materiales que deberá pagar a ambos; y 71.735 euros para la aseguradora que adelantó parte de la indemnización por los daños en la vivienda.
