Adaptación del derecho español al europeo en materia de protección de datos y el nuevo RGPD

El Congreso convalida el Real Decreto-Ley para adaptar el Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos

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El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley 5/2018 de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea respecto al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos

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El Pleno ha aprobado este jueves el texto elaborado por el Gobierno y presentado en sesión plenaria por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con 339 votos a favor, ningún voto en contra y 2 abstenciones, según fuentes parlamentarias.

En concreto se adapta el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, que deroga la Directiva 95/46/CE, y cuyas modificaciones ya están siendo aplicadas desde el pasado 25 de mayo.

Con esta normativa europea se desplazan varias disposiciones del derecho interno como gran parte de los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo. Además, la norma europea remite a los Estados miembro el desarrollo de hasta 56 cuestiones que, en el caso de España, se realizan con este real decreto. Estas cuestiones incluyen la regulación del estatuto de las autoridades de control, la determinación del régimen aplicable a los inspectores de un tercer Estado que lleven a cabo actividades conjuntas de investigación o la designación de la autoridad que representará al Estado miembro en el Comité Europeo de Protección de Datos.

La adaptación del marco normativo interno al Reglamento General de Protección de Datos europeo ya fue tratado por el Consejo de Ministros en su sesión de 10 de noviembre de 2017 y supuso la aprobación de un proyecto de ley orgánica, remitido a las Cortes Generales, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria. Aun así, el actual Ejecutivo entiende que determinadas cuestiones que no son objeto de reserva de ley orgánica "resulta imprescindible la adopción urgente de una norma con rango de ley" para adaptar el derecho español al europeo.