En respuesta a la situación de emergencia climática, argumenta el Gobierno, la transición para lograr que el sistema energético español sea neutro en emisiones ha comenzado y requiere de actuaciones urgentes para asegurar que el proceso sea socialmente justo e inclusivo, y que permitan alcanzar los objetivos planteados en el Marco Estratégico de Energía y Clima.
En este contexto, en los próximos meses está previsto el cierre de una serie de centrales térmicas de carbón, en lugares donde proyectos de nueva generación renovable pueden ofrecer una alternativa de actividad y empleo de calidad.
De las catorce centrales de carbón existentes en la península, el Ministerio para la Transición Ecológica tramita en la actualidad las solicitudes de cierre de ocho de ellas, que dejarán de funcionar antes del 30 de junio de 2020.
Además, el Real Decreto-Ley actualiza, antes del inicio del próximo periodo regulatorio, ciertos parámetros retributivos de instalaciones de generación con régimen retributivo específico, así como las ubicadas en los sistemas eléctricos no peninsulares con régimen retributivo adicional.
Actualización de la rentabilidad razonable
Siguiendo las propuestas realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se actualiza el valor de la rentabilidad razonable que se aplicará a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos, en el periodo 2020-2025. Pasará a ser del 7,09%. En la actualidad, el valor es del 7,398% o del 7,503% en función del tipo de instalaciones.
Esta propuesta evita la situación de incertidumbre que se daría para este tipo de instalaciones en el caso de no aprobarse con rango de ley el nuevo valor de rentabilidad razonable antes del 1 de enero de 2020. Por otra parte, plantea un ahorro para el consumidor de electricidad, dado que estas retribuciones se financian a través de los peajes y cargos que figuran en el recibo de la luz.
El Real Decreto-ley también actualiza la tasa de retribución financiera de la producción de energía eléctrica con retribución adicional en los territorios no peninsulares (TNP). Entre 2020 y 2025, será del 5,58%. Los últimos cinco años ha sido del 6,503%. De nuevo, la medida acarreará menores costes en la factura de la luz, para todos los consumidores y para los Presupuestos Generales del Estado.
Por otro lado, para fijar un marco retributivo estable a las instalaciones afectadas por modificaciones del régimen económico del sistema eléctrico y contribuir a poner fin a los procedimientos existentes, el Real Decreto- ley da la opción a sus titulares de que el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable establecida para el primer periodo regulatorio, el actual, quede fijado durante los dos periodos regulatorios que se sucedan, de manera consecutiva, a partir del 1 de enero de 2020, para aquellas instalaciones anteriores al Real Decreto-ley 9/2013. Es decir, mantendrán una rentabilidad razonable por sus instalaciones del 7,398% hasta 2031.
Además, las instalaciones que así lo deseen podrán renunciar al marco retributivo que regula este Real Decreto-ley, y acogerse al ordinario, sujeto a revisión cada seis años.
Medidas de transición justa
El Real Decreto ley dedica dos medidas de carácter urgente que contribuirán a favorecer una transición energética socialmente justa.
En primer lugar, se ocupa de la concesión de acceso de evacuación a la red. La norma establece que el Ministerio para la Transición Ecológica podrá regular procedimientos y establecer requisitos para que, a la hora de otorgar una nueva concesión de acceso a un proyecto de energías renovables en los nudos donde se acometan cierres, se tengan en cuenta los criterios sociales, incluyendo el potencial de generación de empleo, así como los criterios medioambientales.
En segundo lugar, se aborda la concesión de uso de aguas asociada a las centrales que cierran. El Real Decreto ley establece que se podrá decidir el otorgamiento de una nueva concesión para el uso de este agua a iniciativas y proyectos en el área geográfica donde se ubicaba la central clausurada. De nuevo, para su otorgamiento, se ponderarán criterios sociales y ambientales, teniendo en cuenta, además, que el uso para el abastecimiento de población siempre será prioritario.
