A los efectos de imposición de las costas procesales, la lectura conju...

A los efectos de imposición de las costas procesales, la lectura conjunta de los art.93.4 y 139 LJCA -EDL 1998/44323 permite apreciar diferentes criterios según las instancias o grados a través de los que se desarrolla el proceso contencioso-administrativo:

-En primera o única instancia, las costas se imponen a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. Se trata del criterio del vencimiento, introducido en la jurisdicción contencioso-administrativa, por la L 37/2011, de 10 octubre -EDL 2011/222122-, que viene a sintonizar en materia de costas nuestra jurisdicción con la jurisdicción civil, no sólo por el criterio general del vencimiento, sino también en su excepción, es decir, salvo que se aprecie y razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho -art.139.1 LJCA -EDL 1998/44323 y 394.1 LEC -EDL 2000/77463--

-En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición -art.139.2 LJCA -EDL 1998/44323--.

Este precepto ha permanecido invariable en la L 29/1998 -EDL 1998/44323 desde su redacción originaria y comporta asumir también el criterio del vencimiento aunque, obviamente, como se deriva del planteamiento analizado, únicamente con relación a quien interpone el recurso: si lo pierde se le imponen las costas pero si lo gana no debería dejar de soportar las causadas a su instancia, toda vez que, en puridad, no se traslada el criterio del vencimiento a la parte «recurrida», aunque, como digo, resulte finalmente derrotada en la contienda judicial.

Cabría preguntarse a qué se refiere este precepto cuando utiliza de forma genérica el término «en los recursos». No parece que se trate de la denominación genérica de recurso contencioso-administrativo sino de los mecanismos de impugnación de cualquier decisión adoptada en primera o única instancia, conclusión que se obtiene por el simple contraste sistemático de dicho apartado con el que le precede. A título de ejemplo, podría incluirse el recurso de apelación o el recurso de revisión pero no el recurso de casación por cuanto tiene un tratamiento diferenciado según se infiere del art.93.4 -EDL 1998/44323 con relación al art.139.3 LJCA.

-En efecto, desde la perspectiva de la casación debe estarse a la redacción introducida por la LO 7/2015, de 21 julio -EDL 2015/124945-, en el art.93.4 LJCA -EDL 1998/44323-, que contiene la previsión relativa a que la sentencia -dictada en casación dispondrá, que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad, aunque introduce un correctivo, de modo que podrá imponer las del recurso de casación a una sola de ellas cuando la sentencia aprecie, y así lo motive, que ha actuado con mala fe o temeridad imposición que podrá limitar a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.

En este sentido, la LO 7/2015 -EDL 2015/124945 introduce en sede de casación -no como regla sino como excepción el criterio de la mala fe o temeridad, previsto -en este caso como regla para la primera o única instancia en la redacción inicial de la LJCA de 1998 -EDL 1998/44323-.

Por tanto, en sede de la nueva casación, el legislador ha buscado matizar el régimen jurídico de las costas, sustrayéndolo de la regulación general contenida en el art.139 LJCA -EDL 1998/44323-, de modo que necesariamente, ya no hay un tratamiento unitario para la imposición de las costas fuera de la primera o única instancia, pues, por ejemplo, cabe diferenciar entre, por un lado, las costas de la apelación -o de la revisión y, por otro lado, las costas de la casación

Abordando ya el planteamiento sobre el fundamento de la actual regulación, específicamente, en materia de apelación -pues, debe insistirse, no puede identificarse con el régimen jurídico de las costas de casación conviene realizar las siguientes consideraciones.

Sin perjuicio de las críticas suscitadas como consecuencia de la introducción para la primera o única instancia del criterio del vencimiento en la jurisdicción contencioso administrativa -especialmente, de aquellas relativas a su consideración como un freno a la tutela judicial efectiva ante la desigualdad de las partes -administrados y Administración- lo cierto es que la no previsión del criterio del vencimiento como regla de principio en la apelación -y también en la casación resulta lógica y coherente desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva, así como desde la dimensión funcional que exhiben cada uno de estos mecanismos de impugnación.

Comenzando por el recurso de apelación, ciertamente, poner en marcha la maquinaria judicial para recabar una segunda opinión, es decir, interponer un recurso de apelación comporta un gasto y un riesgo que, quizás, no deban distribuirse entre las partes con base al elemental y objetivo criterio del vencimiento.

Es de sobra conocida la jurisprudencia constitucional en torno a la diferente dimensión sustancial de la tutela judicial efectiva, según se analice desde la perspectiva de acceso al proceso o, en su caso, desde el acceso a los recursos. De este modo, podría entenderse que quien ha asumido el riesgo de interponer un recurso de apelación frente, además, a una decisión judicial que ha avalado ya en todo o en parte las pretensiones de la otra parte, deba correr con los gastos si finalmente dicho recurso de apelación resulta desestimado.

Sin embargo, en cierta medida el anterior argumento quedaría relativizado si tenemos en cuenta que al estimarse el recurso de apelación, la sentencia que avalaba la posición del contrario se revocaría, lo que, desde luego, permitiría que entrara en juego la previsión subsidiaria del art.139.2 LJCA -EDL 1998/44323 salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

La revocación de una previa sentencia que daba la razón al contrario, permitiría apreciar, al menos en abstracto, serias dudas de derecho, concepto que, habilitaría para distribuir las costas entre las partes, sobre la base de motivaciones de equidad y de acuerdo con una interpretación sistemática con relación al apartado primero del art.139 LJCA -EDL 1998/44323-.

Sin embargo, justificar per se darle la vuelta al criterio del vencimiento, esto es, imponer las costas exclusivamente a la parte recurrida -vencida en apelación-, quizás resulte excesivo y contrario a la propia literalidad del precepto.

Por lo que se refiere al recurso de casación, cada parte abonará a las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. La lógica del nuevo recurso introducido por la LO 7/2015 -EDL 2015/124945 avala dicha regla específica, de modo que con independencia de que el recurso de casación fuera estimado o desestimado, el servicio prestado a la comunidad jurídica por quien ha interpuesto -y, por tanto, ha superado con éxito la fase de admisión un recurso de casación justifica sin ambages que no rija el criterio del vencimiento en sede casacional, sin perjuicio de que se aprecie y motive mala fe o temeridad, labores que, dicho sea de paso, se presentan como arduas y complejas en un recurso que ha pasado un estricto control de admisión y respecto del cual se ha apreciado por el propio Tribunal Supremo la concurrencia de un interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia.

El criterio del vencimiento en la segunda instancia -apelación- o en c...

El criterio del vencimiento en la segunda instancia -apelación o en casación respecto de las costas procesales parece ir referido en la ley, en efecto, solo a la parte recurrente -el apelante o el que deduce el recurso de casación-, no a la parte recurrida.

Efectivamente, a diferencia de lo que ocurre en relación con la primera instancia, el legislador solo hace referencia al «recurrente» cuando regula la imposición de costas «en las demás instancias o grados», esto es, en los supuestos distintos de la primera instancia, que no pueden ser otros –en nuestro actual sistema que la apelación o la casación.

Ciertamente, con una interpretación literal del precepto citado en el caso el recurrido quedaría siempre a salvo de la condena en costas: si gana el pleito -porque el recurso es desestimado-, será resarcido con las costas procesales si lo pierde -el recurso de la parte contraria es estimado-, no tendrá que abonar las costas de esa otra parte.

Como se nos sugiere al plantear el asunto, al acudir a la apelación o a la casación el recurrente -sea el particular, sea la Administración se ha visto obligado a impugnar una resolución que, finalmente, se ha revelado injusta en los términos expresados por el órgano funcionalmente competente para conocer de esos dos recursos. Ha debido, efectivamente, iniciar un procedimiento impugnatorio -con los gastos que ello conlleva para obtener la razón, siendo así que esa razón le asistía –porque así lo ha dicho el órgano jerárquicamente superior desde el momento mismo en que el proceso se inició en primera instancia.

¿Es justa esta regulación? ¿Debería jugar el criterio del vencimiento en todo caso, esto es, no solo para el recurrente, sino también para el recurrido? ¿Cabe interpretar de otro modo la regulación contenida en el art.139 de nuestra Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323-?

Aunque la solución puede parecer -efectivamente dudosa o revelarse injusta en una primera aproximación a aquel precepto, considero que el criterio que se sigue de la literalidad del mismo es el que mejor se atempera a un sistema procesal en el que las costas no deben ser impuestas –a ninguna de las partes cuando existan serias dudas jurídicas sobre la solución del litigio. En efecto:

1. Si, como regla, las costas deben imponerse «a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que -el juez aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho» -art.139.1 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323--, parece evidente que al estimarse un recurso devolutivo -como la apelación o la casación el asunto era, cuando menos dudoso -y, me atrevería a afirmar, «seriamente dudoso» desde el punto de vista jurídico o fáctico-, aunque solo sea porque un órgano judicial, en el ejercicio de sus funciones, había considerado que la razón asistía a quien finalmente es vencido en la segunda instancia o en la casación.

2. A mi juicio, las «serias dudas de hecho o de derecho» deben constituirse en el eje del sistema, tanto en la primera instancia, como en las ulteriores, pues parece evidente que no deben imponerse las costas cuando el supuesto analizado ante los tribunales no presente una solución clara, de suerte que la actividad de las partes -actora y demandada se desarrolle por cauces razonables o de lógica interpretación jurídica, defendible en Derecho en ambos casos.

3. La eventual injusticia que se irrogaría al recurrente en apelación o en casación –que debe ir a estos recursos por la desacertada decisión del juez a quo se repara de forma clara, desde mi punto de vista, excluyendo toda imposición de las costas de la primera instancia con ocasión de la estimación de aquellos recursos devolutivos, pues la revocación de la sentencia deberá entrañar -necesariamente la del particular de la resolución que imponía las costas a la parte vencida en juicio.

4. En definitiva -y aquí debe situarse la clave del sistema no parece que deban imponerse costas procesales, en ninguna de las instancias, si los diferentes órganos judiciales que han intervenido en la resolución del asunto han fallado de forma distinta pues -cuando menos ello es revelador, prima facie, de que el asunto mismo presentaba las «serias dudas de hecho o de derecho» a las que se refiere nuestra Ley Jurisdiccional para excluir el criterio del vencimiento en costas.

Las costas procesales en el ámbito de la jurisdicción contencioso-adm...

Las costas procesales en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa están reguladas en el art.139 LJCA -EDL 1998/44323 y son los gastos del proceso que comprenden los conceptos enumerados en el art.241 LEC -EDL 2000/77463 y a cuyo pago puede resultar condenada una de las partes a fin de resarcir los desembolsos originados por la propia actividad procesal de la parte contraria.

Su naturaleza indemnizatoria es cuestión pacífica en la jurisprudencia de nuestro TS. Ahora bien, un cierto matiz o carácter punitivo o de penalización subyace en el criterio general del vencimiento que legalmente opera, salvo casos excepcionales, en primera o única instancia tras la reforma legal del aptdo 1 del art.139 -EDL 1998/44323 como consecuencia de la L 37/2011, de 10 octubre, de medidas de agilización procesal -EDL 2011/222122-. Texto legal este, que en su Preámbulo y a modo estrictamente expresivo del alcance de la modificación, se limita a indicar que «En relación a las costas procesales se establece para los procesos de única o primera instancia el criterio del vencimiento pero con la posibilidad de que el tribunal pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición regulándose asimismo los supuestos de estimación o desestimación parcial». El apartado 2, sin embargo, no se modifica, por lo que permanece redactado del siguiente modo: «En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición».

Esto es, solamente se aborda el supuesto de desestimación total del recurso, dejando sin respuesta expresa el supuesto que aquí se nos plantea de estimación de la pretensión del recurrente. Pues bien, son mayoría abrumadora las resoluciones judiciales que al aplicar el art.139.2 -EDL 1998/44323-, siguiendo una interpretación literal, no imponen las costas procesales al recurrido en caso de estimación del recurso interpuesto por la parte adversa. Sin embargo, considero que si de forma motivada se aprecia la existencia de razones que justifiquen su imposición en estos casos, el silencio del legislador no lo impide.

Quizá la razón de ser o fundamento de esta cuestión resida en que partimos de situaciones distintas. Así, que se considere que en el caso de desestimarse el recurso, el recurrente es merecedor de la condena en costas por ver rechazadas sus pretensiones totalmente, al confirmarse la decisión judicial adoptada en primera instancia, corroborándose así que carecía de razones o motivos para litigar. Mientras que en el caso de una sentencia estimatoria, se estime que era razonable el inicio del litigio pero que concurren circunstancias que justifican su no imposición, habida cuenta ponerse de manifiesto la divergencia de pareceres entre el juzgador a quo y el juzgador ad quem, en equivalencia similar a los conceptos jurídicos indeterminados contenidos en el apartado 1 -EDL 1998/44323 referidos a «serias dudas de derecho» o incluso de hecho, en el sentido de considerar que el previo pronunciamiento judicial impugnado contiene una fundamentación jurídica razonada y razonable aunque equivocada, a juicio del órgano judicial superior así como por la concurrencia, en vía de recurso, de muy diversos factores que puedan haber contribuido al éxito de la pretensión del recurrente, como posibles avatares procesales o cambios sobrevenidos de normativa durante la sustanciación del recurso, por ejemplo. Lo que no excluye, a mi juicio, que si se considera que la oposición de la contraparte es manifiestamente infundada, tal conducta procesal no resulte «premiada» con un automatismo en la aplicación del art.139.2 y pueda razonarse y motivarse que por tales circunstancias, procede condenar en costas al recurrido. En definitiva, puede operar en estos casos una discrecionalidad judicial, que motivada y fundamentada en razones de equidad, proporcionalidad y justicia material permita condenar al pago de las costas en supuestos de estimación de recursos.

Además, hemos de añadir que para que puedan imponerse las costas en estos casos, procede que sea el recurrente quien así lo solicite, justificando las concretas circunstancias que fundamenten tal petición.

Finalmente, reseñar que algunas sentencias, pocas, imponen las costas en casos de estimación de forma automática, como si el legislador optase también por el criterio del vencimiento, como en la de la AN -sec 6ª-, de fecha 9-3-17 -Apelación 5/17 -EDJ 2017/39469-. Y otras, también estimatorias de la apelación, justifican su no imposición por la existencia de «serias dudas de hecho y de derecho», o por apreciar que existen «dudas y discrepancias que se han puesto de manifiesto, y prueba de ello es la inicial sentencia estimatoria que origina esta apelación» -SSAN, sec 4ª, 5-4-17, en Apelación 14/17 -EDJ 2017/82883 y de 22-11-17, en Apelación 16/17 -EDJ 2017/276839-, respectivamente-.

A los efectos de imposición de las costas procesales, la lectura conju...

A los efectos de imposición de las costas procesales, la lectura conjunta de los art.93.4 y 139 LJCA -EDL 1998/44323 permite apreciar diferentes criterios según las instancias o grados a través de los que se desarrolla el proceso contencioso-administrativo:

-En primera o única instancia, las costas se imponen a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. Se trata del criterio del vencimiento, introducido en la jurisdicción contencioso-administrativa, por la L 37/2011, de 10 octubre -EDL 2011/222122-, que viene a sintonizar en materia de costas nuestra jurisdicción con la jurisdicción civil, no sólo por el criterio general del vencimiento, sino también en su excepción, es decir, salvo que se aprecie y razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho -art.139.1 LJCA -EDL 1998/44323 y 394.1 LEC -EDL 2000/77463--

-En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición -art.139.2 LJCA -EDL 1998/44323--.

Este precepto ha permanecido invariable en la L 29/1998 -EDL 1998/44323 desde su redacción originaria y comporta asumir también el criterio del vencimiento aunque, obviamente, como se deriva del planteamiento analizado, únicamente con relación a quien interpone el recurso: si lo pierde se le imponen las costas pero si lo gana no debería dejar de soportar las causadas a su instancia, toda vez que, en puridad, no se traslada el criterio del vencimiento a la parte «recurrida», aunque, como digo, resulte finalmente derrotada en la contienda judicial.

Cabría preguntarse a qué se refiere este precepto cuando utiliza de forma genérica el término «en los recursos». No parece que se trate de la denominación genérica de recurso contencioso-administrativo sino de los mecanismos de impugnación de cualquier decisión adoptada en primera o única instancia, conclusión que se obtiene por el simple contraste sistemático de dicho apartado con el que le precede. A título de ejemplo, podría incluirse el recurso de apelación o el recurso de revisión pero no el recurso de casación por cuanto tiene un tratamiento diferenciado según se infiere del art.93.4 -EDL 1998/44323 con relación al art.139.3 LJCA.

-En efecto, desde la perspectiva de la casación debe estarse a la redacción introducida por la LO 7/2015, de 21 julio -EDL 2015/124945-, en el art.93.4 LJCA -EDL 1998/44323-, que contiene la previsión relativa a que la sentencia -dictada en casación dispondrá, que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad, aunque introduce un correctivo, de modo que podrá imponer las del recurso de casación a una sola de ellas cuando la sentencia aprecie, y así lo motive, que ha actuado con mala fe o temeridad imposición que podrá limitar a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.

En este sentido, la LO 7/2015 -EDL 2015/124945 introduce en sede de casación -no como regla sino como excepción el criterio de la mala fe o temeridad, previsto -en este caso como regla para la primera o única instancia en la redacción inicial de la LJCA de 1998 -EDL 1998/44323-.

Por tanto, en sede de la nueva casación, el legislador ha buscado matizar el régimen jurídico de las costas, sustrayéndolo de la regulación general contenida en el art.139 LJCA -EDL 1998/44323-, de modo que necesariamente, ya no hay un tratamiento unitario para la imposición de las costas fuera de la primera o única instancia, pues, por ejemplo, cabe diferenciar entre, por un lado, las costas de la apelación -o de la revisión y, por otro lado, las costas de la casación

Abordando ya el planteamiento sobre el fundamento de la actual regulación, específicamente, en materia de apelación -pues, debe insistirse, no puede identificarse con el régimen jurídico de las costas de casación conviene realizar las siguientes consideraciones.

Sin perjuicio de las críticas suscitadas como consecuencia de la introducción para la primera o única instancia del criterio del vencimiento en la jurisdicción contencioso administrativa -especialmente, de aquellas relativas a su consideración como un freno a la tutela judicial efectiva ante la desigualdad de las partes -administrados y Administración- lo cierto es que la no previsión del criterio del vencimiento como regla de principio en la apelación -y también en la casación resulta lógica y coherente desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva, así como desde la dimensión funcional que exhiben cada uno de estos mecanismos de impugnación.

Comenzando por el recurso de apelación, ciertamente, poner en marcha la maquinaria judicial para recabar una segunda opinión, es decir, interponer un recurso de apelación comporta un gasto y un riesgo que, quizás, no deban distribuirse entre las partes con base al elemental y objetivo criterio del vencimiento.

Es de sobra conocida la jurisprudencia constitucional en torno a la diferente dimensión sustancial de la tutela judicial efectiva, según se analice desde la perspectiva de acceso al proceso o, en su caso, desde el acceso a los recursos. De este modo, podría entenderse que quien ha asumido el riesgo de interponer un recurso de apelación frente, además, a una decisión judicial que ha avalado ya en todo o en parte las pretensiones de la otra parte, deba correr con los gastos si finalmente dicho recurso de apelación resulta desestimado.

Sin embargo, en cierta medida el anterior argumento quedaría relativizado si tenemos en cuenta que al estimarse el recurso de apelación, la sentencia que avalaba la posición del contrario se revocaría, lo que, desde luego, permitiría que entrara en juego la previsión subsidiaria del art.139.2 LJCA -EDL 1998/44323 salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

La revocación de una previa sentencia que daba la razón al contrario, permitiría apreciar, al menos en abstracto, serias dudas de derecho, concepto que, habilitaría para distribuir las costas entre las partes, sobre la base de motivaciones de equidad y de acuerdo con una interpretación sistemática con relación al apartado primero del art.139 LJCA -EDL 1998/44323-.

Sin embargo, justificar per se darle la vuelta al criterio del vencimiento, esto es, imponer las costas exclusivamente a la parte recurrida -vencida en apelación-, quizás resulte excesivo y contrario a la propia literalidad del precepto.

Por lo que se refiere al recurso de casación, cada parte abonará a las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. La lógica del nuevo recurso introducido por la LO 7/2015 -EDL 2015/124945 avala dicha regla específica, de modo que con independencia de que el recurso de casación fuera estimado o desestimado, el servicio prestado a la comunidad jurídica por quien ha interpuesto -y, por tanto, ha superado con éxito la fase de admisión un recurso de casación justifica sin ambages que no rija el criterio del vencimiento en sede casacional, sin perjuicio de que se aprecie y motive mala fe o temeridad, labores que, dicho sea de paso, se presentan como arduas y complejas en un recurso que ha pasado un estricto control de admisión y respecto del cual se ha apreciado por el propio Tribunal Supremo la concurrencia de un interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia.

El criterio del vencimiento en la segunda instancia -apelación- o en c...

El criterio del vencimiento en la segunda instancia -apelación o en casación respecto de las costas procesales parece ir referido en la ley, en efecto, solo a la parte recurrente -el apelante o el que deduce el recurso de casación-, no a la parte recurrida.

Efectivamente, a diferencia de lo que ocurre en relación con la primera instancia, el legislador solo hace referencia al «recurrente» cuando regula la imposición de costas «en las demás instancias o grados», esto es, en los supuestos distintos de la primera instancia, que no pueden ser otros –en nuestro actual sistema que la apelación o la casación.

Ciertamente, con una interpretación literal del precepto citado en el caso el recurrido quedaría siempre a salvo de la condena en costas: si gana el pleito -porque el recurso es desestimado-, será resarcido con las costas procesales si lo pierde -el recurso de la parte contraria es estimado-, no tendrá que abonar las costas de esa otra parte.

Como se nos sugiere al plantear el asunto, al acudir a la apelación o a la casación el recurrente -sea el particular, sea la Administración se ha visto obligado a impugnar una resolución que, finalmente, se ha revelado injusta en los términos expresados por el órgano funcionalmente competente para conocer de esos dos recursos. Ha debido, efectivamente, iniciar un procedimiento impugnatorio -con los gastos que ello conlleva para obtener la razón, siendo así que esa razón le asistía –porque así lo ha dicho el órgano jerárquicamente superior desde el momento mismo en que el proceso se inició en primera instancia.

¿Es justa esta regulación? ¿Debería jugar el criterio del vencimiento en todo caso, esto es, no solo para el recurrente, sino también para el recurrido? ¿Cabe interpretar de otro modo la regulación contenida en el art.139 de nuestra Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323-?

Aunque la solución puede parecer -efectivamente dudosa o revelarse injusta en una primera aproximación a aquel precepto, considero que el criterio que se sigue de la literalidad del mismo es el que mejor se atempera a un sistema procesal en el que las costas no deben ser impuestas –a ninguna de las partes cuando existan serias dudas jurídicas sobre la solución del litigio. En efecto:

1. Si, como regla, las costas deben imponerse «a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que -el juez aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho» -art.139.1 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323--, parece evidente que al estimarse un recurso devolutivo -como la apelación o la casación el asunto era, cuando menos dudoso -y, me atrevería a afirmar, «seriamente dudoso» desde el punto de vista jurídico o fáctico-, aunque solo sea porque un órgano judicial, en el ejercicio de sus funciones, había considerado que la razón asistía a quien finalmente es vencido en la segunda instancia o en la casación.

2. A mi juicio, las «serias dudas de hecho o de derecho» deben constituirse en el eje del sistema, tanto en la primera instancia, como en las ulteriores, pues parece evidente que no deben imponerse las costas cuando el supuesto analizado ante los tribunales no presente una solución clara, de suerte que la actividad de las partes -actora y demandada se desarrolle por cauces razonables o de lógica interpretación jurídica, defendible en Derecho en ambos casos.

3. La eventual injusticia que se irrogaría al recurrente en apelación o en casación –que debe ir a estos recursos por la desacertada decisión del juez a quo se repara de forma clara, desde mi punto de vista, excluyendo toda imposición de las costas de la primera instancia con ocasión de la estimación de aquellos recursos devolutivos, pues la revocación de la sentencia deberá entrañar -necesariamente la del particular de la resolución que imponía las costas a la parte vencida en juicio.

4. En definitiva -y aquí debe situarse la clave del sistema no parece que deban imponerse costas procesales, en ninguna de las instancias, si los diferentes órganos judiciales que han intervenido en la resolución del asunto han fallado de forma distinta pues -cuando menos ello es revelador, prima facie, de que el asunto mismo presentaba las «serias dudas de hecho o de derecho» a las que se refiere nuestra Ley Jurisdiccional para excluir el criterio del vencimiento en costas.

Las costas procesales en el ámbito de la jurisdicción contencioso-adm...

Las costas procesales en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa están reguladas en el art.139 LJCA -EDL 1998/44323 y son los gastos del proceso que comprenden los conceptos enumerados en el art.241 LEC -EDL 2000/77463 y a cuyo pago puede resultar condenada una de las partes a fin de resarcir los desembolsos originados por la propia actividad procesal de la parte contraria.

Su naturaleza indemnizatoria es cuestión pacífica en la jurisprudencia de nuestro TS. Ahora bien, un cierto matiz o carácter punitivo o de penalización subyace en el criterio general del vencimiento que legalmente opera, salvo casos excepcionales, en primera o única instancia tras la reforma legal del aptdo 1 del art.139 -EDL 1998/44323 como consecuencia de la L 37/2011, de 10 octubre, de medidas de agilización procesal -EDL 2011/222122-. Texto legal este, que en su Preámbulo y a modo estrictamente expresivo del alcance de la modificación, se limita a indicar que «En relación a las costas procesales se establece para los procesos de única o primera instancia el criterio del vencimiento pero con la posibilidad de que el tribunal pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición regulándose asimismo los supuestos de estimación o desestimación parcial». El apartado 2, sin embargo, no se modifica, por lo que permanece redactado del siguiente modo: «En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición».

Esto es, solamente se aborda el supuesto de desestimación total del recurso, dejando sin respuesta expresa el supuesto que aquí se nos plantea de estimación de la pretensión del recurrente. Pues bien, son mayoría abrumadora las resoluciones judiciales que al aplicar el art.139.2 -EDL 1998/44323-, siguiendo una interpretación literal, no imponen las costas procesales al recurrido en caso de estimación del recurso interpuesto por la parte adversa. Sin embargo, considero que si de forma motivada se aprecia la existencia de razones que justifiquen su imposición en estos casos, el silencio del legislador no lo impide.

Quizá la razón de ser o fundamento de esta cuestión resida en que partimos de situaciones distintas. Así, que se considere que en el caso de desestimarse el recurso, el recurrente es merecedor de la condena en costas por ver rechazadas sus pretensiones totalmente, al confirmarse la decisión judicial adoptada en primera instancia, corroborándose así que carecía de razones o motivos para litigar. Mientras que en el caso de una sentencia estimatoria, se estime que era razonable el inicio del litigio pero que concurren circunstancias que justifican su no imposición, habida cuenta ponerse de manifiesto la divergencia de pareceres entre el juzgador a quo y el juzgador ad quem, en equivalencia similar a los conceptos jurídicos indeterminados contenidos en el apartado 1 -EDL 1998/44323 referidos a «serias dudas de derecho» o incluso de hecho, en el sentido de considerar que el previo pronunciamiento judicial impugnado contiene una fundamentación jurídica razonada y razonable aunque equivocada, a juicio del órgano judicial superior así como por la concurrencia, en vía de recurso, de muy diversos factores que puedan haber contribuido al éxito de la pretensión del recurrente, como posibles avatares procesales o cambios sobrevenidos de normativa durante la sustanciación del recurso, por ejemplo. Lo que no excluye, a mi juicio, que si se considera que la oposición de la contraparte es manifiestamente infundada, tal conducta procesal no resulte «premiada» con un automatismo en la aplicación del art.139.2 y pueda razonarse y motivarse que por tales circunstancias, procede condenar en costas al recurrido. En definitiva, puede operar en estos casos una discrecionalidad judicial, que motivada y fundamentada en razones de equidad, proporcionalidad y justicia material permita condenar al pago de las costas en supuestos de estimación de recursos.

Además, hemos de añadir que para que puedan imponerse las costas en estos casos, procede que sea el recurrente quien así lo solicite, justificando las concretas circunstancias que fundamenten tal petición.

Finalmente, reseñar que algunas sentencias, pocas, imponen las costas en casos de estimación de forma automática, como si el legislador optase también por el criterio del vencimiento, como en la de la AN -sec 6ª-, de fecha 9-3-17 -Apelación 5/17 -EDJ 2017/39469-. Y otras, también estimatorias de la apelación, justifican su no imposición por la existencia de «serias dudas de hecho y de derecho», o por apreciar que existen «dudas y discrepancias que se han puesto de manifiesto, y prueba de ello es la inicial sentencia estimatoria que origina esta apelación» -SSAN, sec 4ª, 5-4-17, en Apelación 14/17 -EDJ 2017/82883 y de 22-11-17, en Apelación 16/17 -EDJ 2017/276839-, respectivamente-.