D. Juan Pablo González del Poz

D. Juan Pablo González del Poz

Es cierto, como señala nuestro Director, que en la práctica forense es habitual que se formulen demandas ejecutivas en que se reclaman directamente, en ocasiones solos pero normalmente junto con atrasos por impago de pensiones, gastos extraordinarios no previstos expresamente en el título ejecutivo judicial, omitiendo acudir con anterioridad al incidente declarativo de previo pronunciamiento regulado en el art. 776, regla 4ª, LEC -EDL 2000/77463 que tiene por objeto, precisamente, declarar que los gastos reclamados tienen el carácter de extraordinarios.

Ya desde la entrada en vigor de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre -EDL 2009/238889-, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, que introdujo la regla 4ª del art. 776 LEC, se puso de manifiesto en la práctica judicial la existencia de dos posturas interpretativas del incidente declarativo de previo pronunciamiento de gastos extraordinarios regulado en dicho precepto, en lo que al objeto procesal del mismo se refiere.

Una primera posición, de la que yo fui uno de sus mayores defensores -Véase mi artículo de opinión “Las reformas de la Ley 13/2009 en los procesos de familia” -II-, en Boletín de Derecho de Familia nº 97, correspondiente a enero de 2010 EDO 2010/463-, mantiene que, si bien el objeto procesal de este incidente ha de constreñirse, según la literalidad del precepto, a la declaración de que la cantidad reclamada tiene o no la consideración de gasto extraordinario, pueden ser objeto procesal de este incidente declarativo otras pretensiones, subordinadas y dependientes de la principal, relativas a la concurrencia en el caso concreto de los presupuestos o requisitos necesarios para que, según el propio título ejecutivo, nazca la obligación de pago de los gastos extraordinarios concretamente reclamados, como determinar si se ha consultado o no al ejecutado el gasto extraordinario proyectado solicitando del mismo la prestación del oportuno consentimiento si el gasto se ha realizado sin el consentimiento del otro progenitor o sin la supletoria autorización judicial previa a la realización del gasto si el gasto es necesario o conveniente para el menor o superfluo o, por último, si el gasto era o no urgente e inaplazable y ello autorizaba a prescindir de recabar el previo consentimiento del otro progenitor.

Teniendo en cuenta la manifiesta inadecuación e insuficiencia del art. 556.1 LEC para canalizar y dar cobertura, como causas de oposición a la ejecución, a las alegaciones del ejecutado referidas al incumplimiento de esos requisitos necesarios para el nacimiento de la obligación de pago de gastos extraordinarios, parece que ha de entenderse, haciendo aplicación analógica de la regla 4ª del art. 776 LEC, que es viable habilitar y utilizar este incidente declarativo para resolver en él todas esas cuestiones sustantivas, conexas a la declaración del gasto como extraordinario, de cuya existencia depende el nacimiento de la obligación. En consecuencia, dado que el art. 18.2 LOPJ -EDL 1985/8754 obliga a ejecutar la sentencia en sus propios términos y el art. 556.1 no contempla admitir como causas de oposición a la ejecución las antes expresadas en relación con los gastos extraordinarios, deberá admitirse al ejecutado, en el trámite de oposición previsto en la regla 4ª del art. 776, no sólo la alegación de que el gasto extraordinario reclamado tiene la condición de gasto ordinario, sino también que, aun tratándose de un gasto extraordinario, la parte ejecutante no cumplió alguno de los requisitos de que depende el nacimiento de la obligación, según el propio título ejecutivo, como la consulta y previa obtención del consentimiento o, en su defecto, la subsidiaria autorización judicial.

Los valedores de esta posición sostenemos que, si la razón de ser que fundamenta la existencia del incidente regulado en la regla 4ª del art. 776, es, en definitiva, evitar, en virtud del principio de economía procesal, despachar ejecución por impago de unos gastos extraordinarios que, finalmente, puedan ser considerados ordinarios, convirtiendo en inútiles todas las actuaciones practicadas en el proceso de ejecución seguido hasta entonces, la misma identidad de razón existe para seguir el incidente cuando, aun reconociéndose el carácter extraordinario de los gastos reclamados, el ejecutado alega el incumplimiento de requisitos de los que depende el nacimiento y la exigibilidad de la obligación misma. En consecuencia, se debe dar cabida en el incidente de la regla 4ª del art. 776 a motivos de oposición a la ejecución de gastos extraordinarios que tienen fundamento en el propio título ejecutivo judicial y que no pueden invocarse en el trámite de oposición a la ejecución dados los taxativos términos del art. 556.1 LEC.

Una segunda posición, de la que parece hacerse eco el Auto de AP Madrid, Secc. 22ª, de 16 de octubre de 2018, sostiene que, si bien es posible dilucidar en el incidente que nos ocupa, además del carácter extraordinario u ordinario del gasto reclamado, la concurrencia de todos aquellos requisitos de los que depende la exigibilidad de los gastos extraordinarios, también es posible el debate y decisión de tales cuestiones en el seno del incidente de oposición a la ejecución, bien por el cauce prevenido en el art. 556 LEC, referido a los motivos de fondo, bien al amparo de lo previsto en el art. 559.1,3ª LEC, relativo a los motivos formales de oposición.

Y tanto en la primera como en la segunda posición se coincide en apuntar que, de no admitirse la alegación de tales motivos de oposición, en relación con los gastos extraordinarios, en el incidente del art. 776.4ª LEC, o en caso de no haberse aducido los mismos por el ejecutado en dicho trámite, cabría invocar por el ejecutado, en el trámite de oposición al despacho de ejecución, la nulidad radical del despacho de ejecución, conforme al art. 559.1.3ª, por no concurrir uno de los presupuestos objetivos cuya presencia integra y completa el título de ejecución en aquellos supuestos en que el gasto extraordinario no es exigible porque no se recabó su consentimiento a la realización del mismo, o porque, efectuada tal consulta sobre el gasto proyectado se denegó la aprobación por el ejecutado.

Se convendrá, sin embargo, en admitir que carece de sentido y es contrario al principio de economía procesal despachar ejecución por un gasto declarado extraordinario en el incidente del art. 776.4º LEC para después estimar la oposición a la ejecución basada en la nulidad del despacho de ejecución por la circunstancia de que el gasto extraordinario reclamado no es exigible al ejecutado por no haberse recabado del mismo la prestación de su previo consentimiento a la realización de aquel, cuanto tal exigencia aparece expresamente impuesta en el título ejecutivo como requisito necesario para el nacimiento de la obligación, pues ello convertiría en inútiles todas las diligencias de ejecución practicadas hasta entonces.

En puridad, la cuestión que se nos plantea no debiera suscitarse si los juzgados no tuvieren sobre sí la pesada carga de trabajo que soportan, muy por encima de los módulos máximos de asuntos de que cada juez puede conocer y resolver, pues ello permitiría a cada uno examinar con rigor y detenimiento cada demanda ejecutiva presentada antes de dictar la orden general de ejecución y conduciría a que, en aplicación de lo dispuesto en el art. 552.1 LEC, se denegara, de oficio y a limine litis, el despacho de ejecución respecto de los gastos extraordinarios reclamados cuando, no estando expresamente previstos en el título ejecutivo, no se hubiere seguido el incidente declarativo del art. 776.4ª LEC, e, inclusive, pudiere denegarse de oficio el despacho de ejecución si, junto con la demanda ejecutiva, no se acreditase la concurrencia de los requisitos de exigibilidad de los gastos extraordinarios previstos en el título ejecutivo, bajo la cobertura jurídica de lo dispuesto en el art. 552.1 en relación con el art. 559.1,3ª, ambos de la LEC, que, como dice el Auto de AP Madrid, Secc. 22ª, antes citado, “habilita la posibilidad de rechazar la demanda ejecutiva cuando lo solicitado en la misma no queda avalado por el título que se invoca”.

Pero como el retraso crónico de la Administración de Justicia y el déficit estructural de medios técnicos y recursos personales que habrían de implementarse para atajarlo se antojan lejanos en el horizonte, en la práctica esa disfunción ha dado lugar a que, efectivamente, se demanden gastos extraordinarios no expresamente previsto en el título ejecutivo sin accionar previamente por el incidente declarativo del art. 776.4ª LEC su declaración como extraordinarios.

El mismo principio de economía procesal a que antes hice referencia, íntimamente ligado al de tutela judicial efectiva, que los Tribunales vienen obligados a prestar a los ciudadanos que la demandan, ha provocado que, en la praxis judicial, aplicando los Tribunales criterios eminentemente pragmáticos que huyen de formalismos que sólo conducen a posponer la resolución judicial del conflicto, se esté consolidando en el usus fori la práctica de admitir las demandas ejecutivas en que se solicita directamente el despacho de ejecución de gastos extraordinarios no expresamente previstos en el título ejecutivo en los casos siguientes:

1º. Cuando se reclaman gastos extraordinarios de carácter médico o sanitario que, aun no estando expresamente previstos en el auto o sentencia que se ejecuta, tienen indudable carácter extraordinario. Por ejemplo, para reclamar gastos extraordinarios no expresamente previstos en el título correspondientes a ortodoncia o tratamiento psicológico de un menor. En estos casos se entiende que resulta innecesario seguir el incidente declarativo previsto en el art. 776.4ª LEC porque el carácter extraordinario de los gastos reclamados es evidente e innegable, y todas las demás cuestiones sustantivas relacionadas con el cumplimiento de los requisitos necesarios para la exigibilidad de los mismos pueden debatirse y resolverse en el incidente de oposición a la ejecución -si el gasto médico es o no estrictamente necesario si se pudo o no recibir de modo gratuito en el Sistema Público de Salud de la Seguridad Social si existían o no por parte del ejecutado alternativas al tratamiento médico recibido por el menor que hubieran supuesto una reducción sustancial del coste, etc.-.

2º. Cuando se reclaman gastos extraordinarios que ya han sido declarados como tales por una resolución judicial anterior recaída en otro incidente de declaración de gastos extraordinarios o en un auto resolutorio de incidente de oposición a la ejecución seguido en el mismo juzgado entre las mismas partes. Se trata de reclamaciones de gastos extraordinarios por idénticos conceptos a los que ya han dado lugar a demandas ejecutivas anteriores entre las mismas partes por tratarse de gastos extraordinarios periódicos que se mantienen durante un periodo determinado de tiempo de duración incierta, como puede ser el tratamiento psicológico o psiquiátrico necesario para superar una depresión del menor. Es evidente que, en tales supuestos, resulta absolutamente superfluo obligar a la parte  que reclama a seguir el incidente declarativo previo del art. 776.4 LEC al no existir razón alguna para sostener que el juzgado vaya a cambiar de criterio.

3º. En el caso de gastos extraordinarios no previstos en el título ejecutivo de manera expresa a los que, por actos propios anteriores, el ejecutado haya reconocido su carácter de gastos extraordinarios e, inclusive, haya prestado tácitamente su consentimiento a su realización, como por ejemplo la realización de una estancia de un hijo mayor de edad durante el verano en el extranjero para aprendizaje y perfeccionamiento del inglés, cuando consta que el padre fue notificado de su propósito por el propio hijo, al que dio su conformidad manifestándole que él soportaría proporcionalmente ese gasto excepcional “como en otros casos anteriores de gastos extraordinarios”.

D. Vicente  Magro Servet

D. Vicente  Magro Servet

Cuando se modifica el art. 776 LEC -EDL 2000/77463 el objetivo era someter a la debida contradicción en fase de ejecución de un procedimiento de familia a cualesquiera gastos concebidos siempre como extraordinarios por la razón de que no suelen quedar cubiertos con la pensión de alimentos no por lo elevado de los mismos, sino por su no solución en sentencia o convenio, y, por ello, deben ser consensuados por ambos progenitores, por cuanto no han sido objeto de tratamiento en la vía previa, ni en el convenio ni en la sentencia. Y ello con independencia de su cuantía, aunque por regla general cuando se judicializan es por esta última, como pueden ser viajes al extranjero, o clases particulares extraescolares en definitiva, cualquier concepto surgido post sentencia del proceso de familia sobre el que las partes no se ponen de acuerdo y que se requiere de la intervención del juez.

En primer lugar, entendemos que una vía adecuada sería la de evitar la judicialización del concepto gasto extraordinario, derivándolo de forma obligatoria a la mediación de familia en fase de ejecución, para lo que habría que abandonar el concepto de mediación voluntaria en derecho de familia para trasladar a las partes la necesidad de evitar la permanente judicialización de cualquier concepto, tales como la decisión acerca de quién va a abonar un gasto extraordinario sobre el que no se pensó, y cuya característica es el carácter “sobrevenido” del mismo.

Este mismo carácter debería aconsejar que si las partes no se ponen de acuerdo fueran los profesionales de la mediación en derecho de familia quienes actuaran para posibilitar este acuerdo aunque con la intervención de profesionales, y pudiendo ser auxiliadas las partes por sus letrados en esa vía de derivación para la solución extrajudicial de los gastos extraordinarios.

Ésta sería la premisa básica a la que derivar la solución de estos problemas, y no la de introducir en la vía de ejecución un incidente para resolver una cuestión que debería aconsejar fuera resuelta de común acuerdo, aun con la ayuda de profesionales, ya que llegar hasta judicializar las categorías de estos gastos extraordinarios supone dar un uso excesivo a la judicialización de los temas, dejando otros más relevantes.

De no ser así, nos encontramos con un problema, ya que la praxis de desglosar qué gastos extraordinarios pueden llevarse a la vía del art. 776 LEC y cuáles no, supone dar un uso arbitrario a la redacción del citado precepto que no distinguió tipos de gastos, sino que lo refiere en concepto general.

En todo caso, en esta materia debe también añadirse que no se trata tan solo de que se determine quién los abona estos gastos, sino si se llevará a cabo el concepto que va a devengar el gasto es decir, si esa actividad extraescolar se va a desarrollar, o el viaje al extranjero para aprender un idioma, etc. En consecuencia, que tenga el carácter de “sobrevenido” y no esté expresamente contemplada su resolución ni en el convenio regulador ni en la sentencia.

Lo que el art. 776 LEC difiere sin distinción alguna, no lo olvidemos, es a la vía del citado precepto cualquier gasto que venga rodeado de estas características, por lo que si en la praxis se establece una división de los que se llevan a la vía del art. 776 LEC y aquellos otros sobre los que se postula directamente su ejecución a la vía ejecutiva sin previa autorización debería permitirse su oposición, siempre y en todo caso, al alterar lo dispuesto en el art. 776 LEC que no establece distinción alguna en este tipo de gastos.

El pronunciamiento al respecto debe girar sobre la cuestión de que dichos gastos deberán ser pactados previa y expresamente por ambos progenitores para obligar al pago de la parte correspondiente, bien por acuerdo firmado de modo voluntario, bien por acuerdo de mediación, y, en su defecto, por la vía del art. 776 LEC. No hay una vía de gasto extraordinario de directa ejecución sin su previa declaración de acuerdo o auto.

Como señala la AP Madrid, Secc. 22ª, en su Auto nº 112/2007, de 8 de mayo -EDJ 2007/170662-:

“El Diccionario de la Real Academia define como extraordinario lo que se sitúa -fuera del orden o regla natural o común-, añadiendo, específicamente, que es gasto extraordinario el -añadido al presupuesto normal de una persona, una familia, etcétera-. En consecuencia, y con carácter de generalización, habremos de considerar, en relación con la cuestión controvertida, que los gastos extraordinarios en la vida de los hijos son aquellos que no tienen una periodicidad prefijada, en cuanto dimanantes de sucesos de difícil o imposible previsión apriorística, de tal modo que los mismos pueden surgir o no, habiendo además de ser vinculados a necesidades que deben cubrirse económicamente de modo ineludible, en orden al cuidado, desarrollo y formación, en todos los órdenes, del alimentista. Y ello en contraposición al concepto de lo superfluo o secundario, de lo que, naturalmente, puede prescindirse sin menoscabo para el alimentista. Y todo ello sin perjuicio de lo que las partes, cual acaece en una litis matrimonial, puedan considerar como extraordinario, modificando o matizando el referido concepto genérico, bien a través de sus propios actos -artículo 7º del Código Civil-, o del consenso alcanzado al amparo del artículo 90 CC, y ello sobre la base genérica del respecto a la autonomía de la voluntad privada que consagra el artículo 1255 del repetido texto legal.”

Pero si no fuera sí, la ejecución unilateral sin previa declaración es inviable al no haber distinguido la Ley los que puedan ser objeto de directa ejecución, y los que deben sujetarse a la contradicción y resolución por auto.

En el auto de AP Madrid antes citado se concluyó que “no quedando, en ningún caso, habilitado el iter procesal intentado por la demandante, en un anómalo intento de considerar como gasto extraordinario lo que ni la Ley ni la sentencia cuya ejecución nos ocupa amparan bajo dicha conceptuación jurídica.” Es decir, concluyó no permitiendo una decisión unilateral de fijar la solución al gasto extraordinario.

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D. Antonio Javier Pérez Martín

D. Antonio Javier Pérez Martín

Una interpretación literal de la regla 4ª de art. 776 LEC -EDL 2000/77463 nos llevaría a una respuesta negativa a la pregunta que se nos formula, dado que la razón de ser de este precepto es poner orden al caos que anteriormente existía en materia de reclamación de gastos extraordinarios ya que previamente al inicio de la ejecución dineraria se hacía preciso tramitar una fase declarativa para obtener un pronunciamiento que determinase si el gasto reclamado tenía o no la consideración de extraordinario.

Sin embargo, como en derecho de familia todo es posible, nos podemos encontrar con juzgados que obvian este incidente previo y ante la reclamación de gastos extraordinarios no previstos expresamente en las medidas provisionales o definitivas, despachan ejecución y la decisión de si lo que se reclama es o no gasto extraordinario se adopta en el mismo auto que resuelve la oposición.

Por mi parte, soy siempre partidario de cumplir escrupulosamente las normas procesales, pero también comprendo que tramitar un incidente previo para determinar si es o no gasto extraordinario en el que el legislador expresamente ha previsto la celebración de vista -es decir, es preceptiva a diferencia de la vista facultativa de la oposición a la ejecución y tras dictarse el auto, iniciar un proceso de ejecución dineraria en el que puede oponerse el ejecutado, hace interminable la reclamación de gastos extraordinarios.

Hay que tener en cuenta que son varias las cuestiones que deben decidirse en relación a la reclamación de gastos extraordinarios no contemplados expresamente en las medidas. En primer lugar, si es un gasto extraordinario o su pago debe cubrirse con la pensión ordinaria que abona el otro progenitor. Pero, en segundo lugar, todo lo relativo a las causas de oposición ante cualquier gasto extraordinario -por cierto, no todas previstas legalmente en el art. 556 LEC-, es decir, si hubo o no consentimiento del progenitor al que se le reclama si el gasto se ha generado por el hijo si está perfectamente acreditado si puede aplicarse la compensación en relación a otros gastos extraordinarios abonados por el progenitor frente al que se hace la reclamación si el gasto que se reclama está abonado si hubo un acuerdo entre los progenitores en relación al pago de estos gastos si la reclamación ha prescrito...

Cuando no se ha tramitado el incidente previo, con cierta frecuencia se ha solicitado la nulidad de actuaciones que en la mayoría de los casos es desestimada. Un ejemplo de ello es el Auto de AP Córdoba, Sec. 1ª, de 3 de julio de 2018 -EDJ 2018/609706-:

-Empezando por su carácter más general con la segunda cuestión podemos decir que efectivamente no se ha seguido el trámite del art. 776.4 LEC para la determinación de lo que se reclama como gastos extraordinarios, respecto a los que la sentencia de cuya ejecución se trata disponía el pago por partes iguales, y no se trata de los gastos de estudios -matrícula, libros, actividades extraescolares que de forma autónoma se dice que se pagarán también por mitad. Ahora bien, esta objeción no nos puede conducir a retrotraer el trámite al momento previo y hacer esa previa distinción, puesto que no ha habido inconveniente alguno en que la parte ejecutante acreditada en este trámite esa consideración de gastos extraordinarios.-

Volviendo a la pregunta del foro -¿En qué casos puede solicitarse directamente el despacho de ejecución, a través de la correspondiente demanda ejecutiva, de unos gastos extraordinarios, cuyos conceptos no se encuentren previstos expresamente en las medidas, sin pasar por accionar previamente su declaración judicial como tales?-, el Auto de AP Valencia, Sec. 10ª, de 5 de julio de 2018 -EDJ 2018/303727 contempla uno de estos casos en los que puede prescindirse del trámite previo: cuando se trata de un gasto médico no urgente pero comúnmente admitido como gasto extraordinario como es la ortodoncia:

-Al no estar concretada en el título ejecutivo la obligación genérica de contribuir a los gastos extraordinarios de los hijos, implícita en el deber de alimentos del art 93 CC -, se hace necesario un previo incidente para declarar la procedencia o no de los gastos reclamados, trámite que fue introducido por la reforma de la LEC operada en virtud de la Ley 13/2009 de 3 de Noviembre. Ahora bien, consideramos que en este caso, dado que se trata de un gasto que de forma unánime y reiterada se viene reconociendo como extraordinario en la práctica de los Tribunales, y a que en definitiva se ha dado la posibilidad a la demandada de que alegue, al oponerse a la ejecución los mismos argumentos que habría deducido en la comparecencia del art 776,4, debe rechazarse la excepción.-

Estamos una vez más ante una deficiente regulación legislativa de una cuestión que cada día está más presente en los juzgados. El legislador debería haber previsto que todas las reclamaciones de gastos extraordinarios se sustanciasen en un solo incidente de ejecución dado que procesalmente no existiría ningún obstáculo, admitiendo que como causas de oposición pudiesen alegarse que no es gasto extraordinario el que se reclama, y el resto de causas que antes hemos enumerado. Lógicamente, la tramitación de este incidente nunca podría comenzar con la adopción de medidas de ejecución dineraria, dado que la adopción de estas medidas se incluirían en el auto que resuelve la oposición si es que se considera que el gasto extraordinario y debe ser abonado por el ejecutado.

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Dª Myriam Sambola Cabrer

D. Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga<...

D. Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga

La modificación legal operada por la Ley 13/2009 -EDL 2009/23889-, por su trascendencia y extensión, efectivamente afronta una de las múltiples reformas a que se dedica, como revela su titulación de “reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial”. En la reforma del art. 776 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-, el legislador dedica a su nuevo contenido nada menos que el apartado 348 -¡¡ del art. 15 de la Ley 13/2009, lo que podía justificar una deficiente redacción, aunque no es éste el caso. Hay que tener en cuenta que, entre las muchas modificaciones introducidas, se ha elevado la cuantía del procedimiento monitorio de 30.000 a 250.000 euros, aunque en la exposición de motivos se dice que el límite se fija en 150.000 euros, quizá porque la previsión inicial fue ésta, elevándose la cuantía a la fijada en el articulado durante la tramitación parlamentaria de la Ley, sin corregir aquella mención.

No obstante, la nueva redacción del art. 776.4ª LEC claramente vino a suplir una ausencia en cuanto al contenido de los gastos extraordinarios, su calificación y su ejecutoriedad, en los supuestos de que “deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales”.

El supuesto no puede ser objeto de duda, ya que ésta puede ser objeto de discusión en cuanto a la naturaleza del gasto y su condición y alcance de extraordinario, sobre la cuantía del gasto y sobre la persona del deudor, temas éstos que han sido objeto de debate en otros Foros, pero difícilmente sobre si los mismos están o no comprendidos en las medidas definitivas o provisionales, que es el supuesto al que se refiere el precepto procesal.

Es posible que, llevados por el exceso de incidentes que se tramitan en algunos procesos familiares, las partes o los propios órganos judiciales traten en ocasiones de reducir esta multiplicidad, pero difícilmente por error en la interpretación del precepto.

Ésta es la opinión del Letrado que suscribe, salvando su respeto por toda otra mejor fundada.

D. José Luis  Gonzálvez Vicente...

D. José Luis  Gonzálvez Vicente

El propio enunciado de la cuestión planteada pone de manifiesto que los gastos extraordinarios no representan un concepto claro e inequívoco para los operadores jurídicos, ni mucho menos para los progenitores, destinatarios en última instancia de la norma.

La naturaleza jurídica de los gastos extraordinarios no es distinta de la naturaleza de los alimentos, pero, al aproximarnos al concepto y con la finalidad de separar alimentos y gastos extraordinarios, tendemos a buscar circunstancias o características genéricas de estos a modo de principios generales, con la finalidad de que resulte más sencilla su identificación. En este sentido, es común atender a las notas de imprevisibilidad, periodicidad, excepcionalidad, necesidad, capacidad económica...

Estas características, fundamento jurídico de las decisiones judiciales, tampoco resultan a su vez uniformes y se distorsionan cuando analizamos cada caso concreto. Basta así pensar que las partes en un convenio regulador aprobado, o con su propio comportamiento, puede concretar y admitir ciertas necesidades, como un gasto extraordinario necesario, y no por ello tiene que participar estas necesidades de las notas que tratábamos de dar como generales.

Para todos resulta claro que los gastos extraordinarios no son un complemento más o menos periódico a la prestación alimenticia, pero para un progenitor custodio resulta evidente en el día a día que no todas las necesidades de un hijo van a quedar cubiertas con la pensión alimenticia. Lo que no resulta tan claro para los padres es que estas necesidades tengan que depender de una decisión conjunta, cuando así es, pues estamos ante una decisión de patria potestad -art. 776.4 LEC -EDL 2000/77463--.

La respuesta a la cuestión planteada ha de partir de una regla general y de una excepción. La regla general impone que sólo se pueda pedir la ejecución de los pronunciamientos que expresamente recoge la sentencia, con la particularidad en esta materia de entrar en juego la cuestión de la liquidez, resultando evidente que en la vista del art. 776.4 LEC se puede discutir tanto el concepto de un gasto extraordinario que se reclama como su cuantía, sin discutir que sea extraordinario.

Cuando la sentencia se ha dictado en un procedimiento contencioso, es normal que se contenga en el fallo, tras los alimentos, un pronunciamiento sobre los gastos extraordinarios que, con mayor o menor acierto, imponga una distribución de estos gastos, a la vez que en unas breves líneas se explica a las partes qué son los gastos extraordinarios, enumerando a veces de modo genérico los más importantes y cómo se han de enfrentar las partes para su concreción, bien con un acuerdo o bien tras una decisión judicial. Lo que no contiene la sentencia, aunque identifique un gasto extraordinario concreto, es su cuantificación económica y, por ello, entiendo que el hecho de que a modo apriorístico recoja la sentencia una relación de gastos que se consideran extraordinarios, no permite sin más a la parte accionar directamente la demanda ejecutiva y se ha de ir a la previsión legal del art. 776.4 LEC.

Cuando la sentencia se ha dictado en un procedimiento de mutuo acuerdo, cabe que el convenio regulador sí contenga una exposición más detallada de lo que las partes entienden por gastos extraordinarios y a qué gastos las partes libremente dan este carácter, cuestión distinta a gastos ordinarios que asume voluntariamente uno. Cabe incluso que, atendiendo a la particularidad de la situación, las partes estén ya haciendo frente a un gasto extraordinario y cuantifiquen el mismo en el convenio, en cuyo caso, sí que se puede presentar una demanda de ejecución, pues estamos ante un pronunciamiento de la sentencia que aprueba el convenio regulador. Fuera de este supuesto, entiendo que se ha de ir a la previsión legal del art. 776.4 LEC.

Frente a estas consideraciones generales, no se puede desconocer que, ante determinadas situaciones, los padres por razones de urgencia o por circunstancias especiales, en interés del menor, precisan de una respuesta procesal rápida que no se da cuando se produce la negativa del otro progenitor y aparece como irremediable la necesidad de la vista que contempla el citado artículo. Basta pensar en unos gastos médicos no cubiertos por el Sistema Social Sanitario o que la desgraciada demora real de éste, esté causando un perjuicio real al menor, o en unos gastos de óptica u ortodoncia urgentes que no tienen por qué demorarse, o contemplar la posibilidad de que el progenitor custodio carezca de la capacidad económica suficiente para afrontar estos gastos de modo unilateral. Haciendo un símil con las medidas que se adoptan inaudita parte, nada impide que el progenitor, dando una explicación detallada y justificada en la demanda de ejecución, identifique el gasto extraordinario y su cuantía para que el juez pueda valorar si ha de ser despachada ejecución, por estar ante un gasto extraordinario urgente, en interés del menor, sin perjuicio de que se formule de contrario escrito de oposición.