En sus palabras, en un acto institucional celebrado en el Oratorio de San Felipe Neri, el Presidente ha puesto en valor la Constitución de 1978, que este año cumple 47 años y está cerca de convertirse en la más longeva de las siete constituciones que forman parte de la historia de nuestro país.
“Es el fruto de un pacto político y social alcanzado entre todos para convivir civilizadamente. Que no excluye que se produzcan los desacuerdos propios de una sociedad avanzada; pero sí excluye, radicalmente, la violencia en todas sus formas y, al cabo, los enfrentamientos civiles. Es un pacto en el que todas las personas pueden y deben participar.
Un pacto que garantiza, de forma indiscutible, la unidad indisoluble de la Nación Española y la fortaleza del Estado Social y Democrático de Derecho”, ha subrayado Conde-Pumpido.
En este contexto, ha reivindicado el imperio de la ley, “el imperio de la ley democráticamente aprobada e imparcialmente aplicada” y el Estado de Derecho. Por ello, ha recordado que nuestra Constitución es vinculante para todos los poderes públicos, que deben proteger la separación de poderes y de los derechos fundamentales de los ciudadanos: “Todos los poderes públicos deben actuar sometidos a la ley y al Derecho; especialmente, a la ley de
leyes que nos dimos en 1978”.
Conde-Pumpido ha defendido también la relevante función del Tribunal Constitucional para la efectiva vigencia de la Constitución, dado su triple papel de juez de las leyes, juez de los conflictos y juez de los derechos fundamentales.
“Estas relevantes funciones de control de la constitucionalidad de las leyes y tutela de los derechos fundamentales son llevadas a cabo por los Magistrados y Magistradas que componemos el Tribunal Constitucional, quienes son elegidos democráticamente siguiendo el mandato constitucional, atendiendo única y exclusivamente a la Constitución y a su Ley Orgánica, sin presiones directas o indirectas de ningún poder”, ha señalado.
El Tribunal Constitucional, en definitiva, ha destacado el Presidente, es el último bastión de las garantías constitucionales, en su papel de máximo intérprete de la Constitución. Un último bastión que le permite configurarse como el último guardián de las libertades.
También ha explicado en su intervención que la celebración del Pleno extraordinario en Cádiz, fuera de la sede oficial del Tribunal Constitucional, corresponde a dos razones. Por un lado, acercar la institución al conjunto de la sociedad española y dar a conocer la importante función que realiza en defensa de la Constitución. Por otro lado, este año el Tribunal conmemora el 45º aniversario de su entrada en funcionamiento, en julio de 1980.
“Dado que la Constitución es la razón de ser de nuestra institución, no había mejor lugar para celebrar este acontecimiento que Cádiz, la ciudad del constitucionalismo español”, ha resaltado en sus palabras desde el Oratorio de San Felipe Neri, donde se ha constituido esta mañana el Pleno del Tribunal y donde el 19 de marzo de 1812, las Cortes de Cádiz aprobaron la primera Constitución propiamente española, conocida cariñosamente como “La Pepa”.
En el acto, en el que han estado presentes la vicepresidenta y los magistrados del Tribunal Constitucional, han intervenido también el alcalde de Cádiz, Bruno García de León y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto Ballesteros. Han asistido numerosas autoridades políticas, jurídicas y académicas de la ciudad de Cádiz y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
