La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de prisión y 1.440 euros de multa a un hombre que no comunicó a la Seguridad Social que su padre había fallecido y siguió percibiendo su pensión de incapacidad absoluta durante 15 años. Además, deberá indemnizar a la entidad pública con 84.100 euros, la cantidad aún no devuelta.
En una sentencia difundida este martes por el TSJC, tras el juicio celebrado el pasado 30 de mayo, la Audiencia considera que la actuación del acusado "supone un ocultamiento consciente y deliberado de un dato esencial que venía obligado a comunicar" y que, por ello, es autor de un delito continuado de estafa.
El ahora condenado era la única persona que estaba autorizada para operar con la cuenta bancaria de la que era titular su padre. Desde que éste falleció -en febrero de 1998- hasta enero de 2013, la Seguridad Social ingresó la pensión que tenía reconocida y que ascendía a 1.588 euros.
En total, durante los 15 años en que se abonó la pensión indebidamente, se ingresaron en la cuenta 288.300 euros, de los que el acusado gastó 84.100 euros, entre reintegros, transferencias y domiciliaciones.
La entidad bancaria devolvió a la Seguridad Social 86.400 euros, correspondientes a las pensiones de los últimos cuatro años, si bien no pudo hacerlo por las cantidades percibidas los ejercicios anteriores porque la normativa aplicable no lo permite.
A su vez, el Juzgado de Instrucción nº4 de Santander embargó la cuenta en noviembre de 2014, en la que figuraban 117.800 euros.
Tal cantidad será devuelta ahora a la Seguridad Social, de modo que restan por devolver 84.100 euros, a los que tendrá que hacer frente el condenado, dado que la entidad bancaria ha sido absuelta de la responsabilidad civil subsidiaria que pedía la Seguridad Social, al entender el tribunal que ya respondió con devolver los cuatro últimos años.
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