Esta norma establece que las agencias de inteligencia pueden recopilar información de los usuarios sin necesidad de una orden judicial interviniendo directamente en los sistemas de proveedores de telecomunicaciones y servicios como AT&T o Google. Por tanto, se centra en investigar a personas extranjeras no residentes en Estados Unidos cuyas actividades puedan tener repercusiones en este país. De esta manera, cualquier persona de fuera del país que se comunique con alguien de dentro podría ser vigilado sin necesidad de una orden judicial.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hace unas semanas la ampliación de esta Sección, el mismo día en que iba a expirar esta medida. Así, se dio luz verde a su extensión por 273 votos a favor, frente a 147 votos en contra, según recogen medios como New York Times.
A este resultado se llegó tras varias modificaciones en su programa, como permitir que se utilice esta medida para reunir información sobre organizaciones dedicadas al narcotráfico; mientras que en el Senado la votación quedó en 60 votos a favor y 34 en contra.
Finalmente ha sido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien recibió y firmó el sábado este proyecto de ley para reautorizar la Sección 702, que se ampliará dos años, en lugar de los cinco esperados, como propuesta del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.
Johnson, que habría optado por reducir el vigor de la medida de cinco a dos años, lo habría hecho para llegar a un acuerdo con los representantes republicanos de extrema derecha de la Cámara, que inicialmente habían bloqueado el proyecto de ley para que avanzara.
Tras los atentados del 11S
El diario The New York Times puso en el mapa esta sección en diciembre de 2005, cuando anunció que el entonces presidente del Gobierno norteamericano, George W. Bush, había autorizado en secreto a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a rastrear las actividades de los usuarios para buscar evidencias relacionadas con el terrorismo.
Este programa habría surgido de la preocupación de las autoridades tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres gemelas y el Pentágono, momento en que las agencias de inteligencia del país no estaban preparadas para hacer frente a la nueva amenaza de Al Qaeda.
Así lo confirmaron funcionarios de la Administración de Bush, que señalaron que la NSA había monitorizado llamadas telefónicas internacionales y mensajes de correo electrónico de usuarios dentro de Estados Unidos desde 2002. Sin embargo, no fue hasta 2008 cuando se establecieron las normas de la Sección 702.
Si bien los defensores de esta propuesta consideraron entonces que este programa de espionaje había sido "una herramienta fundamental" para ayudar a las fuerzas del orden a desbaratar operaciones terroristas y prevenir ataques dentro del país, otros apuntaron a que esta ley burlaba los derechos de privacidad fundamentales de los usuarios.
Funcionarios relacionados con la NSA confirmaron entonces que este organismo habría espiado de forma simultánea a alrededor de 500 personas en Estados Unidos y que la lista se modificaba según se añadían nombres de nuevos sospechosos, por lo que desde su implementación se habrían incluido "a miles" de usuarios en estas investigaciones.
En el extranjero, en cambio, se contabilizaron entre 5.000 y 7.000 personas sospechosas de tener vínculos terroristas, que eran objetivo de las operaciones de la NSA y se monitorizaron al mismo tiempo por sus presuntas conexiones con el terrorismo.
New York Times puntualizó que, hasta entonces, era el FBI quien solicitaba dichas órdenes de de seguimiento y llevaba a cabo la mayoría de escuchas internas. La NSA, en cambio, limitaba su actividad de vigilancia interna a embajadas y misiones extranjeras en ciudades como Washington y Nueva York.
Sin embargo, con este nuevo programa, la NSA comenzó a monitorizar las comunicaciones internacionales. Además, podía dirigir llamadas telefónicas de alguien en Nueva York a otra persona situada en Afganistán, por ejemplo.
