Pirateria

El arrendador de un local como intermediario en la venta de productos falsificados

Tribuna

1.        Hechos.

Delta Center subarrienda a distintos comerciantes los puestos de venta situados en el mercado cubierto de Praga (Pražská tržnice) del que ella misma es, a su vez, arrendataria. Delta Center impone a estos comerciantes la obligación de respetar la normativa que regula sus actividades y les entrega un folleto con el título “Aviso a los vendedores”, redactado en checo y en vietnamita, subrayando que está prohibida la venta de falsificaciones y que se podría resolver el arrendamiento del puesto de venta.

Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA y Burberry Ltd. observaron que en ese mercado se vendían falsificaciones de sus productos y demandaron a Delta Center ante el Tribunal Municipal de Praga solicitando que se emitiera un requerimiento judicial a dicha compañía para que se abstuviera de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento de puestos de venta en dicho mercado con personas que infrinjan derechos de marca, para que se abstuviera de celebrar o prorrogar estos contratos cuando sus cláusulas no incluyan la obligación del comerciante de abstenerse de infringir los derechos de propiedad intelectual ni la cláusula de rescisión del contrato en caso de que se infrinjan estos derechos o exista un riesgo de infringirlos, y para que pidiera disculpas por escrito y publicara un comunicado en un periódico. La emisión de este requerimiento fue denegado por el Tribunal de instancia y de apelación, dando lugar al planteamiento por el Tribunal Supremo checo de dos cuestiones prejudiciales ante el TJ.

2.        Pronunciamientos.

En primer término, el TJ examina si el concepto de “intermediario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual” -art. 11, frase 3ª, de la Directiva 2004/48/CE- incluye al arrendatario del mercado cubierto demandado.

La sentencia invoca la jurisprudencia del propio TJ en materia de comercio electrónico (Sentencia TJ de 12 de julio de 2011, L’Oreal y otros, (C-324/09), según la cual, un proveedor de acceso, que se limita a permitir el acceso a Internet sin proponer otros servicios ni ejercer un control, presta un servicio que puede ser usado por un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual y debe ser calificado de “intermediario”.

Asimismo, el Tribunal advierte que el hecho de que la puesta a disposición de puestos de venta se refiera a un mercado electrónico o a un mercado físico, como los mercados cubiertos, carece de incidencia.

La sentencia concluye que el concepto de “intermediario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual” incluye al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes, algunos de los cuales utilizan su puesto para vender mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca.

En segundo término, el TJ examina si un requerimiento judicial dirigido a un intermediario que presta un servicio de arrendamiento de puestos de venta en mercados cubiertos son idénticos a los aplicables a los requerimientos judiciales que pueden dirigirse a los intermediarios en un mercado electrónico, llegando a la conclusión de que los requisitos son idénticos.

En este sentido, la sentencia recuerda que, conforme a la Directiva y a la jurisprudencia del TJ, los requerimientos judiciales deben ser “efectivos y disuasorios” así como “equitativos y proporcionados”. Si bien los requerimientos judiciales no deben “crear obstáculos al comercio legítimo” ni pueden exigir al intermediario que lleve a cabo “un seguimiento general y permanente de sus clientes”, sí en cambio se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que “contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante”.

3.        Comentario.

No deja de ser curioso que esta sentencia del TJ lleve a cabo un análisis inverso al que ha constituido el caballo de batalla en propiedad intelectual desde la irrupción de Internet: cómo garantizar que el titular del derecho disfrute en el entorno digital de los mismos medios de defensa que en el entorno analógico. En este caso sucede exactamente lo contrario: se discute si un instrumento de defensa concebido inicialmente para perseguir las infracciones online –la posibilidad de dirigir requerimientos judiciales contra el intermediario- pueda también aplicarse en un entorno analógico.

La respuesta afirmativa del Tribunal –la acción por infracción puede dirigirse contra el arrendatario de un mercado que subarrienda los puestos de venta si en ellos se vende mercancía falsificada- plantea una doble vertiente.

Por un lado, el Tribunal califica al arrendador como un “intermediario” y no como un infractor del derecho, sin perjuicio de la propia responsabilidad que pudiera tener en los hechos. Una cosa es que se puedan imponer sobre el arrendador ciertas medidas y otra muy distinta que quepa conceptuarle directamente como responsable de la infracción.

Por otro lado, el TJ, a la hora de determinar el alcance del requerimiento judicial, esto es, de las medidas de cesación de la infracción y de prevención de nuevas infracciones, apela de nuevo a la necesidad de buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y la inexistencia de obstáculos al comercio legítimo. Corresponde al Tribunal nacional determinar, a la luz de estos criterios, el alcance del requerimiento judicial al arrendador de los puestos en un mercado que son usados para vender productos con marcas falsificadas.

Esta sentencia se sitúa, por tanto, en la última tendencia jurisprudencial exigiendo determinados comportamientos a los intermediarios en la comercialización de productos falsificados.

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2016, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

-Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

ENGLISH VERSION 

The lessor of comercial premises as an intermediary in the sale of counterfeit goods. Judgment of the Court of Justice of 7 July 2016, Delta Center (C-494/15).

 

1.        Background.

Delta Center sublets to various market-traders the sales areas located in the Prague market halls (Pražská tržnice) of which it, in turn, is the tenant. Delta Center imposes on those market-traders the obligation to respect the regulations to which their activities are subject and provides them with a brochure entitled “Warning for traders”, written in Czech and Vietnamese, which highlights the fact that the sale of counterfeits is forbidden and may lead to the termination of the contract for the rental of the sales area.   

Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA and Burberry Ltd. noticed that counterfeits of their goods were being sold in those market halls and sued Delta Center in Prague City Court. The court was asked to issue an injunction against the defendant, ordering it to refrain from concluding or extending contracts for the rental of sales areas in those halls with persons who infringed trademark rights, to refrain from concluding or extending such contracts where the terms of same did not include the obligation on market-traders to refrain from infringing intellectual property rights, or the clause according to which Delta Center may terminate the contract in the event of the infringement or likelihood of infringement of those rights, and to submit a written apology and have a report published in a journal. That application was rejected by the first instance court and in appeal. The Czech Supreme Court subsequently referred two questions to the ECJ for a preliminary ruling. 

2.        Findings.

The ECJ firstly examines whether the concept of “an intermediary whose services are being used by a third party to infringe an intellectual property right” –Art. 11, third sentence, of Directive 2004/48/EC- includes the defendant, a market hall tenant.

The judgment cites ECJ case-law on the subject of electronic commerce (ECJ’s judgment of 12 July 2011, L’Oréal and Others, C-324/09), according to which an access provider which merely permits Internet access without proposing other services or exercising a review provides a service which is capable of being used by a third party to infringe intellectual property rights and must be classified as an “intermediary”.   

The Court also points out that it is irrelevant whether the provision of sales points concerns an online marketplace or a physical marketplace, such as market halls.

The judgment concludes that the concept of “an intermediary whose services are being used by a third party to infringe an intellectual property right” includes the tenant of market halls who sublets the various sales points located in those halls to market-traders, some of whom use their pitches in order to sell counterfeit branded products.    

Secondly, the ECJ examines whether the requirements for an injunction directed against an intermediary who provides a service relating to the letting of sales points in market halls are identical to those for injunctions which may be addressed to intermediaries in an online marketplace, and concludes that the requirements are identical. 

In that regard, the judgment states that in accordance with the Directive and ECJ case-law, injunctions must be “effective and dissuasive”, as well as “equitable and proportionate”. Although they must not “create barriers to legitimate trade”, or require the intermediary to exercise “general and permanent oversight over its customers”, the intermediary can be forced to take measures which “contribute to avoiding new infringements of the same nature by the same market-trader”. 

3.        Remarks.

Curiously, this judgment by the ECJ carries out a reverse analysis of what has been the warhorse in intellectual property matters since the arrival of the Internet, namely, how to ensure that rightholders have the same means of defence in the digital environment as they do in the analogue environment. In this case, we are faced with exactly the opposite scenario: the debate centres on whether an enforcement instrument initially conceived for pursuing online infringements –the possibility of directing injunctions against intermediaries- can also apply in an analogue environment.  

The Court’s affirmative answer –proceedings for infringement may be directed against the tenant of a marketplace who sublets the various points of sale in the event that counterfeit goods are being sold there- is twofold. 

On the one hand, the Court classifies the lessor as an “intermediary”, not as a rights infringer, notwithstanding any responsibility for the infringement that it may hold. It is one thing to be able to impose certain measures on the lessor, and another thing entirely to directly consider that party responsible for the infringement.   

On the other hand, the ECJ, when establishing the scope of the injunction, i.e., the measures aimed at ceasing the infringing conduct and preventing further infringements, once again calls for the need to strike a balance between the protection of intellectual property rights and the absence of obstacles to legitimate trade.  It is for the national court to determine, in light of those criteria, the scope of the injunction addressed to the lessor of market stalls used to sell counterfeit branded products.  

This judgment therefore forms part of the latest trend in case-law, which requires greater involvement on the part of intermediaries in the sale of counterfeit goods in order to secure the cessation and prevention of infringements.


El arrendador de un local como intermediario en la venta de productos falsificados
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