Esta iniciativa, impulsada y alentada por el CERMI desde varios años, ha obtenido en la Cámara Alta un gran respaldo de las fuerzas políticas (242 votos a favor y 17 abstenciones) y ha repetido así su consenso cosechado en el Congreso, donde no tuvo ningún voto en contra. Superado el trámite del Senado, la iniciativa legal volverá al Congreso para ratificación de las enmiendas introducidas en la Cámara Alta, y de ahí a la su publicación en el BOE y entrada en vigor.
De esta manera, una delegación del CERMI, que ha sido invitada por parte de los grupos parlamentarios, ha seguido el debate y la votación de esta reforma que tiene como objetivo acabar con la incapacitación judicial y sustituirlo por un sistema de apoyos individualizados adaptados a las necesidades de cada persona, para que sea esta quien tome sus propias decisiones de forma libre e informada.
Para CERMI, se trata de un “hito democrático” puesto que supondrá un cambio “real y efectivo” en la vida de las personas con discapacidad y sus familias que ahora mismo tienen ciertos derechos restringidos y que actúan con supervisión en las relaciones sociales. Además, la plataforma de la discapacidad recuerda que esta reforma tiene como objetivo adecuar la legislación sustantiva y procesal civil a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en concreto, con el artículo 12 sobre igual capacidad legal de las personas con discapacidad.
De este modo, se proponen cambios en la Ley del Notariado, del Código Civil, la Ley Hipotecaria, de Enjuiciamiento Civil, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, de la Normativa Tributaria, del Registro Civil y de la Jurisdicción Voluntaria.
Además, otra de las modificaciones que incluye es la eliminación de la tutela y la patria potestad prorrogada o rehabilitada en el ámbito de la discapacidad, que se mantendrán como instituciones propias de la minoría de edad. En su lugar, el sistema de justicia deberá proporcionar a estas personas las ayudas que precise para que pueda llevar a cabo actos jurídicos como casarse, adquirir un inmueble o hacer un testamento.
