El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha entregado este miércoles a las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) el galardón especial que ha incluido dentro de las diferentes categorías de los ‘Premios Cermi.es 2017’ con motivo del 20º aniversario de la plataforma representativa de la discapacidad en España.
El acto ha tenido lugar en la Cámara Baja, durante el que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el presidente del Senado, Pío García-Escudero, han recogido este doble reconocimiento de manos del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno. Asimismo, el encuentro ha contado con la presencia de una nutrida representación del ámbito de la política, del tercer sector y del tejido asociativo de la discapacidad.
Tal y como recoge el fallo del jurado, al que le ha dado lectura la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, se premia a las Cortes Generales “por ser el Legislativo, en estas dos décadas de existencia del CERMI, el poder público más cercano, receptivo y colaborativo con el movimiento social de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias, y el que más ha promovido y desplegado la agenda de inclusión, derechos y bienestar de la discapacidad organizada, practicando un diálogo político y civil útil, desencadenante de cambio social favorable”.
Durante el acto, que ha sido conducido por la comisionada de CERMIS Autonómicos, Teresa Palahí, la presidenta del Congreso ha mostrado su gratitud por este reconocimiento, puesto que “todos los premios son siempre bien recibidos, pero en este caso tiene un valor especial por la categoría de la organización que lo concede y la infatigable lucha de las personas con discapacidad”. En este sentido, ha ensalzado los logros que se han conseguido durante los 40 años de democracia.
Ana Pastor ha puesto de relieve también el consenso que suelen suscitar las políticas en materia de discapacidad pese a la “Fragmentación parlamentaria”. Así, ha declarado, en referencia al CERMI, que “sois el interlocutor de carácter unitario y representativo. En tiempos de división, el que CERMI haya logrado representar la voz de cuatro millones de personas es muy importante, al igual que es fundamental su carácter independiente”.
Sin caer en triunfalismos
Por su parte, Pío García-Escudero ha hecho referencia también a los 40 años de vida democrática en España, señalando que “sin caer en triunfalismos, bien podemos decir que el balance es satisfactorio en progreso económico y social”.
“Siempre es grato que te den un premio, pero al hacerlo, lo más inteligente no es fijarse únicamente en el camino recorrido, sino en el que todavía queda por recorrer. Interpreto este premio como un acicate para seguir trabajando, ha agregado García-Escudero. Además, ha apuntado que senadores y diputados tienen el “enorme reto de proporcionar a todas las personas con discapacidad lo que por justicia merecen, que es la inclusión social, el pleno ejercicio de los derechos”.
Mientras, el presidente del CERMI ha incidido en que la entidad que preside es “una organización joven, pero hace más de 20 años representantes de las organizaciones de la discapacidad y de los derechos humanos creyeron que era necesario articular una plataforma que aunase a todas las organizaciones de la discapacidad, cogiendo lo mejor de cada una sin sustituirlas, y se dedicara a la representación colectiva”.
Pérez Bueno ha recordado algunos de los hitos que se han logrado durante los últimos años y ha calificado al Legislativo como “el poder público más querido para las personas con discapacidad” por “su permeabilidad” a la hora de atender sus propuestas. En todo caso, ha advertido de que pese a que España cumple 40 años de democracia, todavía presentamos las personas con discapacidad un déficit de ciudadanía por no ajustarnos al canon de normalidad impuesto”.
Por ello, ha afirmado que “tenemos una agenda abultada, porque abultados son nuestros problemas”, pero ha mostrado su convencimiento de que en los próximos años se irán produciendo avances como lograr la accesibilidad universal cada vez en más ámbitos, como el conjunto del Congreso de los Diputados o el reconocimiento del derecho al voto de las 100.000 personas que están privadas del mismo por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.
