Tal y como figura en el escrito --de fecha 31 de octubre de 2012--, el juez podría haber cometido una falta muy grave, recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativa a la "absoluta y manifiesta" falta de motivación de las resoluciones judiciales que la precisen, siempre que dicha falta haya sido apreciada en resolución judicial firme.
Asimismo, podría haber incurrido en una falta grave tipificada en la misma normativa, que describe como "el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas que conozca el juez o el magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy grave".
Para instruir este expediente, el Consejo designa a Ascensión Olmeda, magistrada de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a quien se le remitirán todas las actuaciones relativas a este procedimiento. La instrucción la llevará a cabo en el plazo de tres meses, y de acuerdo con el protocolo de actuación para la tramitación de expedientes disciplinarios.
Ésta es la segunda apertura de un expediente sancionador a un magistrado de los juzgados de Requena, puesto que dos años antes, el CGPJ abrió otro expediente al magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Requena --actualmente en Moncada--, Guillermo Alegre.
En este caso, según consta en el escrito, en junio de 2011 se acordó abrir un expediente al magistrado Alegre por la posible comisión de una falta grave o, alternativamente, una presunta falta leve, tras la queja presentada por Asunción Boscá y Rafael Martínez, quienes denunciaron el retraso de un procedimiento de quiebra instado por el Hotel del Valle Bujalance S.L., en el que se habían personado en junio de 2007 como ejecutantes de créditos interesando la inadmisión.
Otras "paralizaciones"
En el procedimiento, hasta que el titular del juzgado dictó un auto en marzo de 2011, que resolvía el artículo de reposición de la quiebra, se comprobaron "diversas paralizaciones y ralentizaciones del procedimiento".
Boscá y Martínez presentaron seguidamente un escrito de ampliación de queja contra la actuación del mismo magistrado, en esta ocasión por la tramitación de una querella por injurias contra el alcalde de Jalance. En este caso, el juez que juzgó al edil tuvo que absolverle debido a que la falta había prescrito.
Por estos dos hechos, el CGPJ decidió imponer al magistrado, por su actuación en Requena, una sanción de multa de 600 euros por la comisión de una falta grave, por las dilaciones y retrasos en la tramitación de expedientes judiciales y por haberse ocasionado lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
