
El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una moción consecuencia de interpelación urgente, con la que urge al Gobierno a garantizar unas pensiones públicas que mantengan el poder adquisitivo, en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, según fuentes parlamentarias.
Con esta iniciativa insta al Ejecutivo a revalorizar las pensiones teniendo en cuenta la previsión de la inflación y con una cláusula de desviación para el supuesto de que la tasa media anual del índice de precios de consumo (IPC) sea superior al previsto.
Asimismo, el Congreso solicita al Gobierno que abone con cargo de fiscalidad general las políticas activas de empleo que supongan reducciones, tarifas planas o exenciones de cuotas a la Seguridad Social.
En tercer lugar, el Pleno pide la reanudación urgente del diálogo con los interlocutores sociales para acordar una serie de medidas que aseguren unas pensiones que sigan cumpliendo su papel como sustitutas de las rentas en activo y que, por tanto, permitan unas rentas dignas y suficientes.
De esta manera, la Cámara Baja emplaza al Ejecutivo a presentar el acuerdo ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, para lograr un nuevo pacto político. El objetivo de este nuevo acuerdo será reforzar la suficiencia y adecuación de las pensiones, además de su sostenibilidad económica.
Además, emplaza al Gobierno a no interpretar la regulación de las unidades de convivencia a efectos del acceso y mantenimiento de pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, de forma que se impida, menoscabe o reduzca la percepción de esas pensiones por el hecho de convivir en un centro asistido o residencia para mayores con familiares del beneficiario en segundo o tercer grado de consanguinidad; y rechaza su pretensión de impedir la tramitación de iniciativas legislativas dirigidas a corregir esta injusta situación mediante una comunicación que, por no aportar una justificación objetiva y suficiente del impacto presupuestario de la medida en el presupuesto del ejercicio vigente, resulta arbitraria y carente de la más mínima razonabilidad".
A la iniciativa se añade otro apartado para garantizar como principio básico de nuestro sistema público la suficiencia económica y permanente de las pensiones públicas, promoviendo una reforma fiscal que permita, por la vía de los PGE, garantizar la revalorización de las pensiones en función del IPC y el incremento de aquéllas que aún se encuentran por debajo del umbral de la pobreza hasta un nivel suficiente para garantizar condiciones de vida dignas.

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