La figura del acreedor hipotecario

El enigma del artículo 155.5 de la Ley Concursal

Foro Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez

Planteamiento

¿Qué significa que el acreedor privilegiado hará suyo el “montante” que resulte de la realización del bien que garantiza su crédito “en cantidad que no exceda de la deuda originaria”?; esta regla, prevista en el artículo 155.5 de la Ley Concursal, ¿se aplica también en los casos de realización de la garantía en el seno del concurso, o sólo en los casos de ejecución separada?

El tratamiento de la posición del acreedor hipotecario en el concurso resulta ser una de las cuestiones de mayor interés de todo ordenamiento concursal, tanto por la importancia que presenta el crédito territorial en el sistema económico y financiero, como por la complejidad de los derechos e intereses en conflicto.

Precisamente por haber añadido la cautela de la garantía real, el acreedor hipotecario debe poder hacer efectivo su derecho a través de un procedimiento ágil, sin tener que esperar a soluciones convenidas con el resto de acreedores. Así caracterizaba la esencia de la hipoteca la Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria de 1860: “…debe tenerse en cuenta que el fin de la legislación hipotecaria es asentar el crédito territorial en la base de la seguridad de la hipoteca y del paso ofrecido. El que presta con hipoteca, más buen que a la persona, puede decirse que presta a la cosa: el valor de la finca hipotecada es la causa porque entra en la obligación; el deudor es sólo el representante de la propiedad; al prestamista nada le interesa el crédito, el estado de la fortuna, las cualidades morales de la persona a quien da su dineno porque para nada las tiene en cuenta; lo que le importa es que la finca baste a reintegrarla en su día de lo que le dio…”

Pero este privilegio, -casi identitario-, del que presta a la cosa, no es inmune a tragedia que se desarrolla en el escenario concursal, dicho sea en términos literarios. En la vida empresarial ordinariamente se acude a la financiación hipotecaria en situaciones de pre-crisis, cuando quiebra la confianza de las entidades crediticias ante previos incumplimientos del empresario, de ahí la frecuencia con que el crédito hipotecario aparece en el concurso, y la tensión, -una vez más-, que se genera con las acciones de reintegración de garantías que se constituyen con la finalidad de privilegiar un crédito en situación de insolvencia inminente. Por fin, el polimórfico “interés del concurso” demanda un tratamiento igualitario mediante la integración de todos los acreedores en la masa pasiva, fomentando soluciones que garanticen en lo posible la continuación de la actividad, y que impliquen a los titulares de garantías reales, con el fin de evitar la desmembración de los bienes que constituyen el patrimonio empresarial, acaso los más valiosos para la explotación de la empresa.

La Exposición de Motivos de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-, -cuya invocación supone hoy operar con algo parecido al método histórico de interpretación, dadas las reformas sin número que ha sufrido-, informaba de que la opción legislativa había sido la de respetar la naturaleza propia del derecho real sobre cosa ajena, pero al mismo tiempo se pretendía proteger al concurso frente  a los excesos de la ejecución separada de las garantías, que amenazaba con perturbar el desarrollo del procedimiento o con impedir soluciones conservativas. Para ello, además del imprescindible privilegio especial, se imponía al acreedor hipotecario un período de espera para la ejecución de su garantía, se le imponía también la carga de ejercitar la acción temporáneamente, (o de lo contrario perdería su derecho a ejercitarla en procedimiento separado), y se establecían otras opciones de satisfacción del crédito, como la contenida en el artículo 155 (puede verse, en este sentido, la interesante sentencia del Tribunal Supremo 491/2013, de 23 de julio -EDJ 2013/149993-).

Pero las reformas legales fueron alterando notablemente esta situación de partida, por razones de muy variada índole, entre ellas por la incorporación dentro del ámbito de aplicación de la Ley de las instituciones paraconsursales, lo que suponía la asunción de un nuevo paradigma.

El Derecho de la preinsolvencia, (que hizo una tímida aparición en la escena con el Real Decreto-ley 3/2009 -EDL 2009/25042-), ha experimentado un desarrollo espectacular en los años 2014 y 2015, auspiciado por recomendaciones europeas. Y al mismo compás la trama del concurso se ha complicado extraordinariamente, cuando al guion se han incorporado actores secundarios que protagonizan un argumento paralelo, y que provienen de un contexto diferente. Así ha sucedido con la incorporación de soluciones propias de las operaciones de refinanciación de deuda al concurso de acreedores. Y el efecto ha sido el que podría preverse: el espectador ha quedado sumido en el desconcierto.

La vinculación a los pactos de refinanciación de los acreedores con garantía real pronto se vio como una condición para su eficacia. Y junto a ello, la exigencia de adaptar, -en una situación jurídica y económica de post-crisis-, la efectividad del privilegio al contenido real de la garantía. Con el Real Decreto-ley 4/2014 -EDL 2014/20750- hizo aparición el concepto del “valor real de la garantía”, y su opuesto: el de “la deuda originaria”, a los que acompañaban, con la maestría del mejor mago del suspense, los conceptos de “valor del crédito privilegiado”, “valor de la responsabilidad máxima hipotecaria”, la exigencia de diferenciar entre “la valoración del derecho principal y del derecho accesorio”, y otros tropos literarios, como el de que el acreedor “hará suyo el montante”.

El Real Decreto-ley 11/2014 -EDL 2014/137807-, y la posterior Ley 9/2015 -EDL 2015/75516- fueron las nuevas versiones de la obra que acometieron el empeño de adaptar el privilegio jurídico del acreedor hipotecario a “la realidad económica subyacente”. A tal fin se modificaron una serie de preceptos (los artículos 90, 94, 140, y el 155 -EDL 2003/29207-) cuyo entendimiento es cierto que no era del todo pacífico, pero creemos que el resultado final ha hecho de la trama una maraña inextricable

El artículo 155.5 -EDL 2003/29207- es el objeto de esta edición de nuestro Foro. La enmienda que lo introdujo en el proceso prelegislativo, -con una sintaxis imposible-, ya prevenía al jurista avezado: se trataba de “aclarar las dudas surgidas sobre la posibilidad o no del acreedor de apoderarse (sic) de la totalidad del importe obtenido en la ejecución del bien o sólo el valor de la garantía”.

El primer problema que nos planteamos es el de si la norma del artículo 155.5 es aplicable tan solo a los casos en los que el acreedor hipotecario ejecuta su garantía al margen del concurso. Así parece deducirse del análisis literal del texto y del camino seguido en su elaboración. Sin embargo, existen poderosos argumentos para entender que su ámbito no se circunscribe a tal hipótesis, y que debe aplicarse también al escenario de la liquidación concursal, o incluso a cualquier realización en el seno del concurso del bien dado en garantía.

Y junto a ello queremos resolver el enigma del correcto entendimiento del concepto de la “deuda originaria”, lo que exige indagar en la conexión entre el artículo 155.5 -EDL 2003/29207- con otros preceptos de la ley, en particular con el enigmático artículo 90.3 y con el artículo 140.4: ¿es el valor de la garantía el auténtico límite del derecho de satisfacción preferente del acreedor hipotecario, o lo es más bien el importe de su crédito?

Encontrará el lector en esta edición del Foro respuestas fundadas sobre ambas cuestiones, que ponen en relación la literalidad del precepto con sus orígenes legislativos, con los métodos de interpretación generalmente aceptados, y con el contexto económico en el que las normas resultan de aplicación; todo ello con abundantes referencias doctrinales y, sobre todo, jurisprudenciales. Finalmente, -es este nuestro afán-, se propondrán soluciones plausibles a una cuestión difícil, con una fuerte carga de contenido teórico, pero de evidente trascendencia práctica.

Puntos de vista

Manuel García-Villarrubia Bernabé

1. Introducción

El artículo 155.5 de la Ley Concursal -

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Antoni Frigola i Riera

No puede ocultarse la dificultad que entraña abordar la interpretación de p...

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Luis Antonio Soler Pascual

Como se recordará, el número 5 del art. 155 LC -

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Fedra Valencia García

El moderador del foro ha planteado esta cuestión utilizando la palabra “en...

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Belén Veleiro Reboredo

El punto 5 del artículo 155 LC -

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Antonio Roncero Sánchez

Como consecuencia de la modificación introducida en la Ley concursal -

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