El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que responde al principio de "Una administración, una competencia", y supondrá un ahorro estimado de más de 8.000 millones de euros entre los años 2013 y 2015.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que la reforma de la administración local, que fue presentada el pasado 15 de febrero, "es una reforma promunicipalista", que pretende situar a las corporaciones locales en el lugar que se merecen y que "históricamente no se les ha dado".
La reforma supone el reordenamiento del entramado institucional del Estado de las autonomías. "Estamos delimitando correctamente lo que tienen que hacer las administraciones locales y clarificando cuál es la competencia que establecen los estatutos de autonomías de las comunidades autónomas y la propia actividad y competencia de la Administración General del Estado", ha dicho Montoro.
El ministro ha explicado que el proyecto de Ley ordena las actividades del sector público y racionaliza la oferta de servicios. En este sentido, define las actividades que deben realizar las administraciones públicas sin que ello impida que puedan realizar otras "siempre y cuando sean sostenibles en términos presupuestarios y financieros".
Cristóbal Montoro ha resaltado que se refuerza el papel de las diputaciones provinciales, que podrán coordinar determinados servicios. Los ayuntamientos estarán obligados a publicar lo que cuesta cada servicio público y a decidir si se mancomunan o concentran servicios en la diputación si ésta los puede asumir "en mejores condiciones y a costes efectivos más bajos".
Así, ha destacado que la reforma sustituye el concepto de coste estándar por el de coste real, lo que permitirá asignar las competencias para la prestación de los servicios a la administración que resulte más eficaz.
Además se incentivará la fusión voluntaria de municipios. En este sentido, el ministro ha anunciado que los servicios de los municipios fusionados recibirán "un mayor apoyo financiero del Estado para favorecer la fusión y evitar la dispersión administrativa que en demasiadas ocasiones es muy costosa".
Montoro ha recordado que la norma limita la retribución de los cargos políticos y equipara los salarios de los funcionarios que realizan actividades muy similares. "Estamos impulsando esta reforma para seguir ahorrando costes en la oferta de servicios públicos a los ciudadanos y promover la actividad económica", ha dicho.
El ministro ha añadido que el Gobierno está abierto "a la máxima coincidencia con los grupos políticos" para que el proyecto nazca con el mayor apoyo posible.
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