Así lo asegura en una entrevista con Europa Press la directora general de Familia e Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Salomé Androher con motivo de la reciente aprobación de la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia.
Adroher señala que la "clave" del texto es la priorización y "desjudiacialización" del procedimiento de acogida.
Hasta ahora, una familia cuyo hijo, declarado en desamparo y retirado de la casa por los servicios de protección, necesitaba el consentimiento de su familia de origen para ser acogido por otra familia. Si la de origen no se lo daba, el proceso se judicializaba, quedando paralizada la adopción. "Esto se va a acabar", sentencia la directora general de Infancia, que añade que el menor podrá estar con una familia mientras se resuelve el caso en los juzgados.
"Algunos niños se pasan institucionalizados toda su vida porque su familia se niega a que viva con una de acogida. Esto no puede volver a suceder. Hay que velar por el interés superior del menor. La familia de origen puede impugnar judicialmente el desamparo, pero lo que no puede pasar es que, mientras esto se aclara, a este niño no se le dé la oportunidad de crecer en una familia", asevera.
Tipo de acogida
La nueva ley estatal contempla ya los tres tipos de acogida --de emergencia, temporal y permanente--, algo que hasta ahora hacían por su cuenta algunas comunidades autónomas. De esta forma, Adroher señala que, a partir de ahora, cuando nadie responda por un menor abandonado, "desde el 'minuto uno' puede ser adoptado sin que pase ya un sólo día de su vida en un centro o con una solución temporal".
Falta de datos
Los datos no están actualizados, pues los últimos son de diciembre de 2013, y se desconoce, por ejemplo, cuántos niños hay en España pendientes de ser adoptados, cuántos son 'adoptables' o cuántas familias acogedoras hay. El Gobierno quiere que con esta ley se ponga en marcha un sistema de información nacional y para ello las comunidades autónomas tienen que ordenar y aportar sus datos.
Según el Boletín Estadístico de Medidas de Protección a la Infancia del Ministerio de Sanidad, a 31 de diciembre de 2013, en España hay 29.291 niños tutelados --sobre los que ha recaído una declaración de desamparo y la tutela la ostenta la entidad pública--, de los que casi 13.500 se encuentran viviendo en residencias. También hay 5.000 menores 'guardados' --familias que piden a la administración de turno que se haga cargo de su hijo de manera temporal, sin perder la tutela--.
Los datos que maneja el Gobierno apuntan a que hay 4.550 familias idóneas para la adopción nacional. El número de adopciones nacionales al año está en 770, de manera que, según apunta Adroher, hay "cinco veces más familias esperando, y no es por falta de niños, sino porque estos no son 'adoptables'".
Una campaña para captar familias
A su juicio, España es un país "solidario por excelencia" y pone como ejemplo el liderazgo mundial en trasplantes de órganos. Sin embargo, en cuanto a la adopción, considera que, además de las trabas burocráticas y judiciales que han ralentizado los procesos, hay también un gran desconocimiento por parte de la ciudadanía.
"Probablemente, si no tenemos más familias acogedoras, en parte es porque no se conoce la existencia de esta figura y, por tanto, el papel de los medios es esencial", apunta la directora general de Infancia, que avanza que el Gobierno y las comunidades autónomas preparan una campaña nacional para el fomento del acogimiento familiar, que lanzarán en 2016.
Hasta ahora, no ha habido ninguna iniciativa a nivel estatal para promover el acogimiento de niños tutelados, sólo alguna campaña de ONG como Cruz Roja. "Hay familias españolas que acuden a la adopción internacional sin saber que existe el acogimiento y sin saber qué significa", alerta.
Se acaba con las visitas "dañinas"
Otra de las novedades de la norma estatal es la suspensión por parte de la administración de las visitas "dañinas" al menor acogido o interno en un centro por parte de su familia de origen sin necesidad de que esto lo decida un juez. "Hasta ahora, el niño que había sido maltratado en su casa tenía obligación de asistir a las visitas con su familia, aunque éstas fueran perjudiciales para él", indica Adroher.
Con esta medida, en la que se incluyen los casos de violencia de género, se materializa en la ley la última sentencia emitida hace un mes por el Tribunal Supremo, que fijaba jurisprudencia en torno a este asunto al avalar la decisión de la Junta de Andalucía de impedir a una madre que visitara a su hija tutelada en un centro con el objetivo de proteger a la menor.
