Este informe, adoptado en junio de 2024 pero publicado recientemente, forma parte del seguimiento de la cuarta ronda de recomendaciones dirigidas a prevenir la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales. En él se denuncia que desde el último seguimiento de 2022 no se ha registrado ningún progreso adicional en el cumplimiento de las medidas recomendadas a España en 2013.
A fecha de junio de 2024, España había cumplido totalmente solo siete de las once recomendaciones formuladas por el GRECO. Tres más se consideraban aplicadas de forma parcial y una —precisamente la relativa al sistema de elección del CGPJ— seguía sin implementarse en absoluto. Esta última sigue siendo considerada por el organismo europeo como un “problema crítico”.
El GRECO exige una evaluación rigurosa del marco legal que regula al CGPJ y de su efecto sobre la independencia real y percibida frente a influencias políticas indebidas. En especial, destaca que los miembros del turno judicial deben ser elegidos exclusivamente por sus pares, excluyendo por completo la participación del poder político en cualquier fase del proceso, conforme a los estándares del Consejo de Europa.
En este contexto, el GRECO lamenta que España ni haya aplicado esta recomendación ni haya comunicado ningún progreso significativo al respecto. Así, insiste en la necesidad de desvincular el proceso de selección de los vocales del CGPJ de toda intervención parlamentaria o gubernamental.
No obstante, el informe del GRECO fue redactado días antes de que el Partido Popular y el Partido Socialista alcanzaran un acuerdo para renovar a los veinte vocales del CGPJ. En el marco de dicho pacto, se introdujo una reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobada en agosto, que obliga al nuevo Consejo a elaborar en un plazo de seis meses un informe comparativo sobre los sistemas europeos de elección de los Consejos de la Magistratura y a formular una propuesta de reforma.
Como respuesta, en febrero de 2025 el renovado CGPJ aprobó dos propuestas divergentes, una del sector conservador y otra del progresista, que fueron remitidas a la Comisión de Venecia para que emita una opinión técnica. La falta de consenso interno, no obstante, volvió a evidenciar las diferencias ideológicas sobre el papel del Parlamento en el proceso. Mientras los vocales conservadores abogan por eliminar completamente dicha intervención, los progresistas consideran que debe mantenerse.
Este desencuentro ha provocado también roces en torno al envío de las propuestas a la Comisión de Venecia. El sector conservador defiende una evaluación sustantiva por parte del órgano consultivo del Consejo de Europa, mientras que los progresistas lo conciben como una simple notificación, en cumplimiento del mandato derivado del acuerdo político de agosto.
En paralelo, el GRECO también alerta de la falta de avances para garantizar la independencia, imparcialidad y transparencia en los nombramientos de la cúpula judicial. Recuerda que ya recomendó a España la introducción de criterios objetivos y requisitos de evaluación en la designación de altos cargos del Poder Judicial, incluidos los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional y los magistrados del Tribunal Supremo.
Aunque en informes previos se reconocieron mejoras en la transparencia del procedimiento, el órgano con sede en Estrasburgo subraya que aún es posible implementar nuevas medidas legislativas y reglamentarias que refuercen la agilidad y el rigor de estos nombramientos. En este sentido, constata que la recomendación se mantiene como parcialmente aplicada.
A pesar del estancamiento señalado en el informe, cabe señalar que desde su redacción el CGPJ ha acordado más de un centenar de nombramientos, entre ellos una veintena en el Tribunal Supremo, lo que podría cambiar el grado de cumplimiento en futuras evaluaciones.
