El portavoz de la Comisión de Justicia, considera que en nuestro país existen deficiencias sistémicas que deben ser corregidas, derivadas de una pésima organización de nuestro sistema judicial, a fin de evitar el exceso de litigiosidad, la lentitud en la tramitación de los procesos y la elevada pendencia judicial.
"Las causas de la elevada litigiosidad no se debe a la confianza ciudadana que genera el sistema judicial, sino a sus insuficiencias, así como a factores sociológicos, como el reducido coste económico que presenta para los litigantes el uso de la Justicia, o la escasa tradición en nuestro sistema de los medios alternativos a los jurisdiccionales para la solución de conflictos". Así lo ha señalado el portavoz de la Comisión de justicia del GPP en el Congreso, José Miguel Castillo Calvín, en el III Encuentro Parlamentario organizado por el Grupo Francis Lefebvre.
Sobre la mesa, la reforma judicial que, expuesta por el portavoz de la Comisión de Justicia, congregó a un buen número de magistrados del Tribunal Supremo, entre otras personalidades del mundo judicial. Asimismo, Castillo Calvín criticó "la pésima organización del sistema tras haberse seguido durante años una política irreflexiva de creación de nuevos juzgados, y una estructura territorial de partidos judiciales anacrónica, que necesita una reforma urgente".
No obstante, el ponente quiso argumentar, en primer lugar, el porqué de esta reforma a través del análisis de la situación actual de la Justicia en nuestro país, desgranando algunas conclusiones extraídas del informe "La Justicia dato a dato" que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la última Memoria anual del órgano de gobierno de los jueces, del Barómetro externo de la Abogacía que emite anualmente el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y de los "Marcadores de la Justicia de la UE", publicado por la Comisión Europea, en el pasado mes de marzo.
Atasco por la cantidad de casos pendientes
José Miguel Castillo Calvín se refirió a los datos del CGPJ y destacó que el número de asuntos ingresados en 2011 fue de poco más de 9 millones de asuntos -con una disminución del 3,4% respecto al año anterior-, un retraso acumulado de 3 millones de asuntos sin resolver, y una tasa de litigiosidad de 191 asuntos por 1.000 habitantes.
Con estas cifras, “aunque por segundo año consecutivo, podemos hablar de una caída del volumen de litigiosidad, y es la primera vez en muchos años en que la Administración de Justicia ha sido capaz de resolver más casos de los ingresados, la carga de trabajo sigue siendo demasiado elevada, para rebajar el volumen de asuntos pendientes”
El portavoz de la Comisión parlamentaria de Justicia comparó esta cifra con Francia, cuya población de 65 millones de habitantes -18 millones más que en nuestro país-, ingresa 6 millones de asuntos. Esta situación “imposibilita el rendimiento óptimo de la Justicia para que los órganos jurisdiccionales puedan resolver los asuntos en los plazos establecidos procesalmente, con la celeridad y precisión que les son exigidos”.
Además, el estudio publicado por la Comisión Europea el pasado mes de marzo, sitúa a España como uno de los países con mayor embudo en la Justicia por la cantidad de casos pendientes y el tiempo empleado hasta la resolución de los mismos: 7 casos pendientes por cada 100 habitantes y una espera media de 500 días para la resolución de una demanda en los tribunales españoles. El plazo español tan solo es superado por Grecia, Chipre, Malta y Portugal.
Esto provoca un desfase, en opinión del diputado, entre nuestra posición económica en el mundo, donde España ocupa el puesto 12, respecto al que nos corresponde por la eficiencia del sistema judicial, donde nos situamos en el 63 de un listado de 142 países.
Castillo Calvín destacó que, sin embargo, España está al nivel de los países más desarrollados de Europa en cuanto a recursos económicos y materiales en Justicia, destacando que, tomando en consideración el presupuesto destinado a gasto judicial, ocupa el puesto 3, con 95 euros por habitante en justicia, -sólo superado por Luxemburgo y Alemania-; se sitúa en una media razonablemente alta en número de jueces profesionales, con 11 jueces por 100.000 habitantes –puesto 12, por delante de Finlandia, Dinamarca, Francia o Italia, y en términos similares a países muy desarrollados como los del Norte de Europa, pues Noruega tiene 11,2 y Suecia 11,5-; y también está por encima de la media europea en cuanto a órganos judiciales, con 4 juzgados por 100.000 habitantes, y en número de funcionarios no jueces, -incluidos secretarios judiciales, médicos forenses y funcionarios de los cuerpos de gestión, tramitación y auxiliar-, donde España presenta una de las cifras más altas en términos absolutos de la UE, duplicando la media, como señala el informe de la CE.
De estos datos, Castillo Calvín extrae la conclusión de que “en España, dada nuestra actual estructura del sistema, el mayor gasto en Justicia, —más ayudas, más órganos, más jueces, más edificios— no siempre genera más eficiencia del sistema, ni incrementa necesariamente su calidad”, como se demuestra igualmente, según añade, con el hecho de que “aquellas Comunidades Autónomas que dedican mayor esfuerzo de gasto per capita en el sistema judicial, no son necesariamente las que presentan los mejores ratios, ni en sus tiempos de respuesta, ni en sus tasas de resolución”.
Como solución a estos problemas, Castillo Calvín destacó las reformas que el Ministerio está llevando a cabo, y que abarcan mejoras de nuestro diseño organizativo y de gestión, -algunas de las cuales ya se encuentran muy avanzadas, como la de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial o de Demarcación y Planta-, o aquellas fórmulas que contribuirán a disminuir razonablemente el elevado índice de litigios que anualmente se acumulan en nuestros Juzgados y Tribunales, como el fomento de las soluciones extrajudiciales de conflictos, a través de la Mediación, impulsada por la Ley 5/2012 y la nueva Ley de Tasas 10/2012. Igualmente puso en valor algunas propuestas avanzadas por el Ministerio para reducir la litigiosidad, como la reforma de la Jurisdicción Voluntaria o, en el ámbito procesal penal, la despenalización de determinadas conductas, hoy calificadas como faltas.
La mediación y tasas judiciales
Castillo Calvín se refirió a la mediación como una alternativa que permitirá liberar a los tribunales de 500.000 litigios civiles al año –de los 2 millones que tramitan-, con el consiguiente ahorro de 1.200 millones de euros en las arcas públicas. Reflejada en la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles -la primera iniciativa legislativa implantada por el Ministerio de Justicia, para reducir la carga de trabajo de nuestros tribunales, según Castillo Calvín-, el acuerdo presenta un grado de cumplimiento voluntario por las partes que llega al 90%, muy superior por tanto, al de los laudos arbitrales y sentencias.
Por otra parte, tras destacar que la “Justicia puede ser declarada gratuita, pero no gratis” y recordar su existencia en España hasta 1987, justificó las tasas como “necesarias para garantizar el servicio público de la Justicia”, pues en su opinión, “no debemos olvidar que en el contexto de grave crisis económica en que nos encontramos, el Gobierno tiene la responsabilidad de buscar recursos para mantener la sostenibilidad del sistema”.
Además, repasó los ajustes que al sistema de tasas judiciales de la Ley 10/2012 ha introducido el reciente RDL 3/2013, de 22 de febrero, como la reducción del 80% del tramo variable y el límite máximo de pago, el incremento de los supuestos que han quedado exentos de pago, o la ampliación del ámbito subjetivo de aplicación de la justicia gratuita, -al que solo el año pasado se acogieron 2,1 millones de españoles-, que incorpora, además, a nuevos colectivos especialmente vulnerables.
En este punto tras recordar que las tasas “no son extrañas tampoco en el panorama internacional”, puso de manifiesto que, con los últimos datos que publica la Comisión Europea, España es el país de la UE que recauda por esta vía el menor porcentaje del coste del servicio, concretamente un 5%, frente al 10,7 de Italia, el 19,3 de Holanda, el 33,4 de Reino Unido, o el 43 de Alemania, estando la media de todos los países de la UE, en el 28,3%.
Castillo Calvín, tuvo la oportunidad de responder a las cuestiones que le plantearon los asistentes, entre los que destacaron, entre otras muchas personalidades de la carrera judicial, los vocales del CGPJ Gemma Gallego y Antonio Dorado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Fernández-Estévez o la secretaria del CGAE, Victoria Ortega.
José Miguel Castillo Calvín presidió este III Encuentro Parlamentario, y estuvo acompañado de Juan Pujol, consejero delegado de Grupo Francis Lefebvre, y Antonio Hurtado de Mendoza, director de Relaciones Institucionales y Comunicación.
