¿Es posible que el tomador del seguro inste el reembolso de parte de la prima de la póliza de seguro de automóvil o el descuento en la siguiente a raíz del confinamiento decretado por el estado de alarma?

D. Fernando Lacaba Sánchez

D. Fernando Lacaba Sánchez

Según determina el art. 13 LCS -EDL 1980/4219-, el tomador del seguro o el asegurado podrán, durante el curso del contrato poner en conocimiento del asegurador todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato, lo habría concluido en condiciones más favorables. En tal caso, al finalizar el período en curso cubierto por la prima, deberá reducirse el importe de la prima futura en la proporción correspondiente, teniendo derecho el tomador en caso contrario a la resolución del contrato y a la devolución de la diferencia entre la prima satisfecha y la que le hubiera correspondido pagar, desde el momento de la puesta en conocimiento de la disminución del riesgo.

Como pone de manifiesto el TS en alguna de sus sentencias, el Derecho español carece de una disposición general sobre revisión o resolución del contrato por alteración sobrevenida de las circunstancias. Sí existen, dispersas a lo largo del ordenamiento, expresas previsiones legales que tienen en cuenta el cambio de circunstancias en el cumplimiento de las obligaciones, introduciendo excepciones que, por razones diversas, flexibilizan las consecuencias del principio pacta sunt servanda y del principio de la responsabilidad del deudor.

Así, en el ámbito contractual, en circunstancias excepcionales, el legislador ha promulgado normas de revisión de los efectos de contratos ya existentes: no solo se trata de superar las injusticias que pudieran derivarse de su exacto cumplimiento para una de las partes, sino también de incidir de manera más general en los intereses de la economía nacional, en una suerte de promulgación de un Derecho de aplicación retroactiva -a contratos ya otorgados justificada en razones extraordinarias. De esta forma se podría explicar el contenido del art. 13 LCS, que alude, expresamente, a “circunstancias que disminuyan el riesgo”.

Las circunstancias actuales de una situación excepcional de “pandemia”, donde se ha restringido de una forma muy rígida el movimiento con los vehículos particulares, con sanciones económicas y de privación de libertad, en caso de incumplimiento o reincidencia, y todo ello en un escenario que podría superar el mes, creo que podría resultar de aplicación la regla Rebus sic Stantibus, aunque soy plenamente consciente de que, en Derecho español no existe una formulación legal de la doctrina de la meritada cláusula, ni tampoco una regla general que permita al deudor liberarse de sus obligaciones cuando empeora su situación económica.

Sin embargo, es indiscutida en la doctrina jurisprudencial la existencia de dicho principio que permitiría a un contratante desligarse del contrato, exonerándose de toda responsabilidad, como consecuencia de la aparición de hechos sobrevenidos imprevisibles.

La cuestión es determinar en qué medida la prohibición de circular con los vehículos particulares durante la situación de “alto riesgo sanitario”, puede considerarse una circunstancia imprevisible cuando se perfeccionó el contrato de modo tal que, sobrevenida, permita al deudor resolver el contrato sin consecuencias económicas para él y todo ello, sin olvidar, que en nuestro ordenamiento, la imposibilidad sobrevenida liberatoria, prima facie no es aplicable a las deudas de pago de dinero.

La Sentencia del TS de 9 de enero de 2019 -EDJ 2019/500377 fija la siguiente doctrina:

“La regla rebus no puede operar en contratos cuyo ámbito de aplicación propio está constituido por los supuestos en los que no resulta del contrato la asignación del riesgo a una de las partes o una distribución del riesgo de una determinada manera.”

De dicha doctrina se infiere la perfecta aplicación de la regla “Rebus” al contrato de seguro del automóvil.

De otro lado, y como principio general, conforme al art. 1105 CC -EDL 1889/1-, “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de los que en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, previstos, fueran inevitables”.

En este caso, también surge la cuestión de si, la restricción de personas y vehículos, puede ser considerado como un evento constitutivo de fuerza mayor.

Sin embargo la concurrencia de la circunstancia de “fuerza mayor”, al igual que la “Rebus”, podría dar lugar a una exoneración de responsabilidad y a reconsiderar el alcance de las obligaciones contractuales subsistente en el contrato de seguro.

Tanto en un caso -clausula Rebus-, como en el otro -Fuerza Mayor-, habrá que estar al clausulado del contrato de seguro del vehículo, sobre todo, por si se pactó un supuesto de “fuerza mayor”, dado que podríamos estar ante pólizas que impongan el pago de la prima bajo la fórmula de “en todo caso” o “en todo tipo de evento” .

En ambos supuestos, la cuestión determinante será la prueba del tomador, no en cuanto al hecho notorio de “situación de riesgo sanitario general”, sino en la incidencia que el mismo ha podido tener en su caso particular y como, dicha situación, repercute en el cumplimiento de su obligación de contraprestación de pago de la prima.

Es posible que la póliza haya contemplado la situación de “pandemia” o de “riesgo sanitario” como supuestos de fuerza mayor, o simplemente se haga una alusión genérica a “cualquier supuesto de fuerza mayor”.

En todo caso lo importante será determinar la concurrencia de los requisitos de “imprevisibilidad” e “inevitabilidad”, que de manera cumulativa exige la jurisprudencia que deben de concurrir y cuya prueba recaerá sobre el asegurado y/o tomador.

Podría invocarse, también, la “imposibilidad sobrevenida de la prestación” si el tomador quedase en una situación de desempleo de forma que disminuyeran gravemente sus ingresos y ello repercutiera en la prima del seguro de automóvil.

A modo de conclusión, las posibles soluciones al supuesto analizado serían:

- Cláusula Rebus sic stantibus.

Supuesto de fuerza mayor.

- Imposibilidad sobrevenida de la prestación.

D. Antonio Alberto  Pérez Ureña...

D. Antonio Alberto  Pérez Ureña

El art. 7 del RD 463/2020 -EDL 2020/6230 limita, con carácter general y mientras dure el estado de alarma, a los ciudadanos el circular en vehículos particulares por las vías de uso público solo se permite la circulación de estos vehículos para el desarrollo de alguna de las siguientes actividades:

- La adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad -ap. 1, a-.

La asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios -ap. 1, b-.

- El retorno al lugar de residencia habitual -ap. 1, d-.

- La asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables -ap. 1, e-.

El desplazamiento a entidades financieras y de seguros -ap. 1, f-.

- Para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio -ap. 2-.

- Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad -ap. 1, g-.

- Cualquier otra actividad de análoga naturaleza -ap. 1, h-.

El RD 463/2020 inicialmente permitía la circulación de estos vehículos por las vías de uso público para el desplazamiento al lugar de trabajo -ap. 1, c-, pero esta previsión ha sido especialmente restringida por el RD-ley 10/2020, de 29 de marzo -EDL 2020/7737-, que solo permite, a partir del 30 de marzo, el desplazamiento para desempeñar alguno de los trabajos por cuenta ajena esenciales recogidos en el Anexo de dicha norma.

Sí ha quedado prohibido, v.gr., el alquiler de vehículos para usos particulares.

En cambio, los profesionales autónomos no se han visto afectados por esta última disposición legal, tal y como se encargó de aclarar la Orden SND/307/2020, 30 de marzo -EDL 2020/7883-.

Además, existe un largo elenco de vehículos no afectados por la limitación de circulación del art. 7 RD 463/2020, como son los contenidos en el artículo 1 de la Orden INT/262/2020 -EDL 2020/7161-, modificada por la Orden INT/284/2020 -EDL 2020/7527-, porque son necesarios para las labores calificadas como esenciales.

En cualquier caso, el que un vehículo a motor se use en mayor o menor medida -incluso no se use no afecta para que su propietario -particular, profesional o empresa cumpla con la obligación que impone el art. 2.1 RDLeg 8/2004, de 29 de octubre -EDL 2004/152063-, según el cual: “todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular, que cubra, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil a que se refiere el artículo 1…”, obligación no alterada por el RD 463/2020.

Como se aprecia, la norma no distingue entre vehículos que circulan y parados, ni entre particulares o afectos a actividades económicas más o menos esenciales por lo tanto, respecto del SOA no parece viable pretender una reducción de la prima futura en los términos del art. 13 LCS -EDL 1980/4219-.

Cosa distinta puede acontecer en el ámbito del seguro voluntario, complementario del SOA, en los casos de vehículos afectos a una actividad económica suspendida ex lege por el estado de alarma -v.gr., empresa cuya actividad es alquilar vehículos a los clientes de varios complejos hoteleros-, y más en concreto dados los términos del RD-ley 10/2020, sean merecedores de una reducción en la prima futura o, en caso contrario, la devolución de la parte proporcional de la prima si el contrato fuere resuelto, en los términos contenidos en el art. 13, II LCS. Para ello, es preciso que el tomador o el asegurado comunique, de forma fehaciente, a la entidad aseguradora la disminución del riesgo en el momento de su producción.

También parece razonable atender la minoración de la prima futura en los casos, al menos teóricos, de seguros concertados teniendo en cuenta el kilometraje mensual o anual a realizar por el vehículo -nivel de riesgo-, si se constata una reducción anormal del uso realizado.

Por último, hay que tener en cuenta que la indivisibilidad de la prima supone que la disminución del riesgo tiene el efecto de reducir la prima futura, no la ya satisfecha, aunque se haya pactado el pago de forma aplazada, dado que la prima es única.

D. Domingo Salvatierra Ossorio

D. Domingo Salvatierra Ossorio

En mi opinión, sobre todo a raíz durante el tiempo de vigencia del RD-ley 10/2020, de 29 de marzo -EDL 2020/7737-, sí que procedería la aplicación de las previsiones del art. 13 LCS -EDL 1980/4219 referido a la modificación o rescisión del contrato de seguro por disminución del riesgo, ya que dado el estado de alarma y la restricción de movimientos acordada, el asegurado podría poner en conocimiento de la aseguradora que no forma parte de ningún servicio esencial que le permita hacer desplazamientos, y que, por lo tanto, no puede hacer uso de su vehículo, lo que implicaría, al menos, una evidente disminución del riesgo, por no decir inexistencia del mismo, lo que habilitaría al asegurado a pedir el reembolso de la parte proporcional de la prima del período en que se mantenga el estado de confinamiento y limitación de movimientos, o bien, solicitar el descuento de dicha cantidad en la siguiente prima del seguro, desde el momento de la puesta en conocimiento de la disminución del riesgo.

También podría enfocarse esta problemática, desde el punto de vista de la desaparición del riesgo de carácter temporal, en cuyo caso, en mi opinión, no correspondería el cálculo de la parte proporcional de la prima correspondiente al período de tiempo en que el riesgo no existirá ex art. 13 LCS, sino la aplicación del art. 4 LCS, de inexistencia de riesgo sin aparecer otra cobertura que ampare la percepción de la prima, en cuyo caso sería exigible la devolución de la prima o la suspensión de los efectos del seguro hasta tanto no se alce el estado de alarma y con él, el confinamiento actual y con ello la ampliación del plazo de vigencia de la póliza.

En definitiva, según mi criterio, el asegurado o tomador podría, previa comunicación a la aseguradora, o bien instar a la aseguradora el reembolso de parte de la prima de la póliza de seguro de automóvil, o el descuento en la siguiente, o exigir que no se proceda al cobro de la póliza por aplicación del art. 4 LCS, o la devolución de lo ya abonado, hasta tanto no se alce el estado de alarma y de confinamiento por inexistencia del riesgo, cabiendo también solicitar la suspensión de los efectos del seguro hasta tanto no se alce el estado de alarma y el confinamiento actual y con ello, la ampliación del plazo de vigencia de la póliza.

D. Esteban Solaz Solaz

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D. Esteban Solaz Solaz

Es verdad que el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma -EDL 2020/6230-, limita la circulación de las personas -art. 7-, suspende la actividad educativa presencial -art. 9 o suspende la apertura al público de la gran mayoría de los locales o establecimientos -art. 10-, por lo que el riesgo de que se produzcan los eventos que habitualmente aseguran las compañías, en muchos casos disminuye notablemente o incluso desaparece, lo que podría dar lugar, previa comunicación por el tomador del seguro a la Aseguradora, a la aplicación del art. 13 LCS -EDL 1980/4219 con la consiguiente reducción del importe de la prima.

Pero, en el concreto ámbito de la circulación de vehículos de motor, el hecho de que la circulación de vehículos durante el estado de alarma se encuentre limitada a los supuestos previstos en el art. 7 RD 463/2020 -para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, el retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, el desplazamiento a entidades financieras y de seguros, para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, o cualquier otra actividad de análoga naturaleza-, no obsta para que la cobertura aseguradora de los accidentes de circulación se extienda a todos los supuestos, incluyendo aquéllos en los que la circulación no responda a las circunstancias previstas en dicha norma -como ha reconocido la UNESPA-, pues no existe base legal en el seguro obligatorio -tampoco en el seguro voluntario de circulación de vehículos de motor para la exclusión de cobertura -entre las exclusiones del art. 5 RDLeg 8/2004, de 29 de octubre -EDL 2004/152063-, no consta el estado de alarma motivado por razones sanitarias en los casos de accidente de circulación ocurridos durante el estado de alarma así como en la asistencia en carretera en los supuestos en que ésta se encuentre contratada como garantía de la póliza de seguro, y ello sin que la cobertura del seguro obligatorio de vehículos se encuentre condicionada a los supuestos en los que el RD 463/2020 permite la circulación de vehículos.

Así las cosas, si la cobertura aseguradora durante el estado de alarma sigue extendiéndose a todos los supuestos de accidentes de circulación, también aquellos en los que la circulación se encuentra limitada en virtud del art. 7 RD 463/2020, considero que con la tantas veces reiterada declaración del estado de alarma no se habría producido realmente una disminución del riesgo asegurado, por lo que entiendo que no existiría la posibilidad de instar a la aseguradora el reembolso de parte de la prima de la póliza del seguro de automóvil o el descuento en la siguiente por aplicación de lo dispuesto en el art. 13 LCS.

D. Luis Antonio Soler Pascual

D. Luis Antonio Soler Pascual

El art. 13 LCS -EDL 1980/4219 contiene lo que podría considerarse una especie de cláusula “rebus sic stantibus” dado que permite que cuando “durante el curso del contrato” se constataran circunstancias nuevas a las existentes relativas al riesgo, no conocidas en el momento de su firma, sea factible la revisión del contrato en el futuro a fin de adecuar lo que, de haber sido conocidas aquellas circunstancias, resultan ahora ser prestaciones para el tomador o asegurado más gravosas de lo debido.

En suma, parece que la norma, en virtud de circunstancias sobrevenidas, considera es factible que, tras apreciar una variación del riesgo, se proceda a la corrección contractual por cuando aquella habría roto el equilibrio económico del contrato, corrección contractual que no efectos directos rescisorios, resolutorios o extintivos, sino únicamente modificativos con el fin de compensar el desequilibrio de las prestaciones entre los contratantes, producido por unas circunstancia que, de haber sido conocidas en el momento de la celebración del contrato y en el momento de dar el consentimiento a la perfección del mismo entre los obligados a su cumplimiento, hubieran variado el contenido del contrato.

Pues bien, dado que se plantea si sería de aplicación el citado precepto con ocasión de los efectos derivados del actual estado de alarma por causa del coronavirus, parece lo más conveniente traer a colación algunos antecedentes relevantes que, por su relativa similitud, podría darnos las pautas interpretativas para formular respuesta a la cuestión planteada.

Nos referimos a la crisis económica del año 2008. Y es que, como se recordará, el Tribunal Supremo revisó por su causa su doctrina sobre la cláusula rebus sic stantibus a fin de que pudiera ser aplicada a los contratos tras esa crisis, señalando en primer lugar que el cambio de circunstancias debe conllevar una onerosidad excesiva, habiendo señalado al respecto la STS de 30 de junio de 2014 -EDJ 2014/111200 que el cambio de circunstancias debe tener una incidencia “relevante o significativa respecto de la base económica que informó inicialmente el contrato celebrado, y considerando que se produce tal hecho cuando la excesiva onerosidad operada por dicho cambio resulte determinante tanto para la frustración de la finalidad económica del contrato -viabilidad del mismo-, como cuando represente una alteración significativa o ruptura de la relación de equivalencia de las contraprestaciones -conmutatividad del contrato …”, y ello con referencia a la onerosidad cualitativa pues, dice la Sentencia, “…el resultado negativo debe desprenderse de la relación económica que se derive del contrato en cuestión, sin que quepa su configuración respecto de otros parámetros más amplios de valoración económica: balance general o de cierre de cada ejercicio de la empresa, relación de grupos empresariales, actividades económicas diversas…”.

Pues bien, por más que una situación extraordinaria, como la que se está produciendo en la actualidad, puede ser considerada como un cambio imprevisible y extraordinario capaz de alterar las bases del contrato de seguro, al igual que la de cualquier otro contrato, no es bastante para fundar el mismo desde la perspectiva del art. 13 LCS. Y no lo es porque las circunstancias que activan la revisión futura de la prima son “las circunstancias que disminuyan el riesgo”, que son en esencia las que, desde un punto de vista actuarial, son consideradas para fijar la prima que de ordinario se tarifica atendiendo a factores tales como los sujetos que se incluyen en la póliza -tomador, asegurado, conductor/es-, las características personales del conductor como el sexo, la edad, la antigüedad del permiso de conducir, el estado civil, la profesión, la información de su historial de siniestros, los factores relativos al vehículo asegurado como la categoría, la clase, el tipo, la marca, el modelo, el valor, la potencia, la antigüedad, la opción de garaje, el tipo de materias transportadas, y también otros tantos factores relativos a la circulación, el uso del vehículo, los kilómetros anuales recorridos, etc.

En consecuencia, aun cuando la situación generada por el virus es sin duda extraordinaria y tiene -y tendrá un impacto económico negativo más que evidente, desde la perspectiva del art. 13 LCS, solo si el estado de alarma afectara a factores de disminución del riesgo de un modo relevante cabría invocarlo para modificar la futura prima, compensando la actual. Y siendo así, si se pretende considerar como tal circunstancia el confinamiento y, por éste, la falta de circulación por la vía pública y en consecuencia, el menor riesgo que de ello deriva, dado que se trata una previsión temporal, solo si ésta superara una determinada tasa de la anualidad que hiciera del confinamiento y pérdida del objeto esencial del seguro un hecho extraordinario, podría tener alguna incidencia en el sentido expresado.

En todo caso, no es hoy todavía el momento de valorar si el tiempo de confinamiento finalmente padecido es o no suficiente a los efectos de plantearse la aplicación del art. 13 LCS.

D. Julio José  Úbeda de los Cobos

D. Julio José  Úbeda de los Cobos

En primer lugar, considero necesario aclarar el sentido que debe darse a la regulación contenida en el art. 13 LCS -EDL 1980/4219-. Pocas son las resoluciones judiciales que lo interpretan, lo que ya resulta demostrativo de los escasos supuestos en que se plantea su aplicación -como ejemplo cabe citar la STS de 23 de julio de 1996, EDJ 1996/6105 muy citada en las Sentencias de Audiencias Provinciales que aplican el precepto-.

Si hay un supuesto en que la invocación de este precepto será difícil que prospere, será en el ámbito de los seguros de responsabilidad civil derivados de la circulación de vehículos de motor contratados por particulares.

El precepto citado, atiende a las variaciones objetivas que pueda sufrir la posibilidad de que el riesgo se concrete y, que de haberse conocido a la firma del contrato, necesariamente habría motivado que se concertara en diferentes condiciones. No se valora año a año el riesgo concreto de un período, sino datos objetivos singulares y acreditados que hayan producido una patente disminución. En otro caso, cada nuevo ejercicio podría plantearse la posibilidad de reducción de prima futura, o la devolución de una parte de lo satisfecho, en atención a las singulares características del tomador -cambio en necesidades familiares, profesionales, averías del vehículo con paralizaciones importantes, enfermedad de los usuarios del vehículo…-.

En el ámbito de la circulación no tendría cabida analizar el uso menor al previsto del vehículo que se realizó en un período concreto, ya que, con carácter general, no es una variable valorada al fijar las condiciones del contrato.

Al plantearse la Dirección General de Seguros la operatividad del precepto en este ramo del seguro, concluyó que:

 “Si se da la circunstancia de que se produzca un siniestro total o una baja del objeto asegurado ya sea por transmisión o por cualquier otra causa con la consiguiente desaparición de éste, el tomador debe las primas fraccionadas pendientes de pago, y en el caso de haberlas pagado al inicio del período ningún derecho le asiste a recuperar determinada parte de la misma”.

Sí analizamos la muy reducida Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales que admite la aplicación del art. 13 LCS en el ámbito de la responsabilidad derivada del uso del automóvil, comprobaremos que se limita a dichos supuestos.

Las normativas dictadas para la prevención de la pandemia limitan el uso de los vehículos, pero no lo impiden, caso distinto a lo que ocurre con un sinfín de actividades económicas. Por tanto, el seguro está vigente, dando cobertura a los daños que pudieran generarse, que no están condicionados por el mayor o menor uso del vehículos en un período concreto.

Por ello, no estimo aplicable el art. 13 LCS en esta situación.

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