Se trata de la reforma del Reglamento 1393/2007 relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, y del Reglamento 1206/2001 sobre cooperación entre órganos jurisdiccionales para la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.
En lo referente a las notificaciones, Dolz ha trasladado al Consejo la necesidad de asegurar una transmisión directa y rápida de documentos bajo unas condiciones que resulten válidas para todos los Estados miembros.
En cuanto a la incorporación de la videoconferencia y otros medios electrónicos en la obtención de pruebas, el secretario de Estado ha indicado que esta reforma supone una modernización necesaria y útil para la Administración de Justicia y permitirá a las partes en los procedimientos judiciales beneficiarse de los efectos positivos de la tecnología.
Entre otros asuntos, el Consejo ha abordado también los derechos de las víctimas, a partir de un documento de conclusiones que alienta a la Comisión a diseñar una estrategia integral y sistemática para el periodo 2020-2024, desde la promoción de buenas prácticas entre los Estados miembros y el fortalecimiento de las redes europeas existentes.
Respecto a esta cuestión, el secretario de Estado se ha referido a los esfuerzos realizados por el Gobierno de España para mejorar la protección a las víctimas e incluirlas como parte integrante del ordenamiento penal, en particular, cuando se trata de colectivos especialmente vulnerables. En este sentido, se ha ofrecido a compartir la experiencia desarrollada por España para alcanzar esta protección integral de las víctimas.
Por otro lado, se ha presentado un documento de conclusiones sobre medidas alternativas a la detención, que aborda sus beneficios en términos de reinserción y rehabilitación social. España comparte este criterio y aboga por fomentar el intercambio de experiencias en esta materia entre los países de la UE.
Además, se ha dado cuenta de los avances realizados para el establecimiento de la Fiscalía Europa, cuya puesta en marcha se estima en otoño de 2020. Igualmente, se ha abordado un documento de conclusiones sobre el futuro de la cooperación judicial en materia civil. España comparte el criterio de priorizar la implementación, evaluación y funcionamiento efectivo de los instrumentos de la UE existentes, sin perjuicio de que se puedan emprender nuevas iniciativas con valor añadido para la ciudadanía y las empresas.
Asimismo, se ha presentado el informe final de la 8ª ronda de evaluaciones mutuas dedicada a las políticas de prevención y lucha contra los delitos contra el medioambiente, cuestión en la que España ha obtenido un informe positivo.
