Ambos Estados están sujetos a normas comunitarias que sirven como base jurídica para mantener una colaboración en distintos campos como la entrega de sujetos procesales, la asistencia judicial civil y penal, el traslado de personas condenadas y la sustracción internacional de menores, según un comunicado del Ministerio de Justicia.
La lucha contra el terrorismo internacional de tipo islamista y contra el crimen organizado constituyen la máxima prioridad para ambos países. Prueba de ello es la figura del magistrado de enlace de España en Italia que agiliza la colaboración de la Justicia entre los dos países. Durante los últimos cuatro años se han tramitado un total de 295 comisiones rogatorias penales entre ambos Estados.
En mayo de 2005 entró en vigor en Italia la Ley de Implementación de la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, por la que se crea la Orden Europea de Detención y Entrega. Por tanto, desde ese momento en el caso de sujetos procesales, rige entre ambos países el sistema de Orden Europea vigente en la UE que sustituye a la extradición. Además, el funcionamiento de la orden europea de detención con Italia es satisfactorio, prueba de ello es que desde su entrada en vigor España ha trasladado a Italia 210 órdenes europeas de detención e Italia ha cursado a nuestro país 1292.
En el caso del traslado entre España e Italia de personas condenadas, se espera que se acorten de manera significativa los plazos ya que a finales del pasado año entró en vigor la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE que permite un procedimiento más ágil, en el que la tramitación es puramente judicial. A fecha de hoy hay un total de 264 nacionales italianos presos en España y 104 españoles que cumplen condenas firmes en cárceles italianas. Asimismo las delegaciones española e italiana han mostrado su sintonía ante la propuesta de Directiva europea relativa a la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la Orden de Detención Europea.
Respecto a los casos de sustracción de menores, los dos Estados forman parte del Convenio de la Haya de 1980. Desde 2010 hasta la fecha, Italia ha remitido 26 solicitudes de las que 21 ya han sido resueltas y España ha presentado 17, sólo una continúa pendiente de resolución.
Ambas delegaciones han tratado la financiación de la reinserción social en el ámbito penitenciario a través de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, entidad estatal que tiene por objeto la formación del recluso para su inserción laboral y proporcionarle un trabajo retribuido en el centro penitenciario. La ayuda del Fondo Social Europeo permite ofrecer formación profesional a unas 10.000 personas reclusas al año.
En cuanto a los procesos de reformas que se están llevando a cabo en el ámbito de la UE, España e Italia coinciden en el peso que debe tener en la Fiscalía Europea la oficina central, en la definición de sus competencias y en que pueda ejercer labores de investigación, entre otros asuntos. Sobre la mesa también, la puesta en marcha del Reglamento de Protección de Datos como normativa europea de ámbito común y la Directiva relativa a Sociedades Unipersonales de Responsabilidad Limitada que agilizará los procesos de constitución, facilitará la economía real y ayudará a los emprendedores.
En la reunión se ha hablado también de la regulación a nivel europeo de la mediación civil y mercantil y los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos. En el caso de España, supone un método voluntario alternativo de resolución de controversias; en cambio Italia exige la mediación como requisito previo al litigio en un rango bastante amplio de casos.
Andrea Orlando ha invitado a Rafael Catalá a participar en un seminario sobre ejecución de sentencias penales que tendrá lugar a principios del próximo año en Italia y que se enmarca dentro del ámbito de la respuesta de la Justicia de los distintos países de la UE en la lucha contra el terrorismo. En esa línea, se enmarca la jornada que se va a celebrar el próximo día 16 de octubre en Bruselas a instancias de la Comisión Europea, en la que los ministros de Justicia debatirán sobre la respuesta penal al fenómeno de la radicalización.
