Es por ello por lo que el Consejo General de Economistas de España (CGE) ha considerado oportuno celebrar un coloquio sobre esta cuestión en el que han participado dos de los mayores expertos en la materia: Jordi Alberich, vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos de Foment del Treball, y Juan de la Cruz, director del Centro Europeo de Regulación Económica y Competencia, y director del Máster de Derecho de los Sectores Económicos Regulados de la UCM, además de uno los mejores abogados españoles especializados en Derecho Público según las Consultoras Chambers & Partners y Best Lawyers de evaluación de servicios legales.
Dicho coloquio ha sido moderado por el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), José Antonio Galdón, y por la secretaria técnica de Economistas Asesores Financieros (EAF-CGE), Victoria Nombela.
La inauguración del acto ha corrido a cargo del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y en él también ha participado Sara Baliña, directora adjunta de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno de España, quien, previamente al debate, ha impartido una conferencia titulada “Cómo mejorar la autonomía estratégica de Europa: líneas de acción para esta década”.
En su intervención, Valentín Pich ha hecho un resumen de la Nota Informativa del Servicio de Estudios del CGE, en cuyo apartado 4 se explica el estado de la cuestión de la compra por parte de Saudí Telecom Company (STC) de un 4,9% de las acciones de Telefónica y la posibilidad de adquirir un 5% adicional mediante instrumentos financieros. En dicha nota informativa se pone de manifiesto que la operación de Telefónica, al no llegar STC a la propiedad del 10% del capital social, no se puede considerar una inversión extranjera directa, por lo que, en principio, no necesitaría la autorización previa, salvo que el Gobierno en funciones entienda que la inversión afecte a actividades relacionadas con el ejercicio de poder público, con la defensa nacional, o actividades que afecten o puedan afectar al orden público, seguridad pública o salud pública. En este caso, el Gobierno, en aplicación del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, podría suspender la operación, algo que hasta ahora no se había hecho nunca por lo que habrían de justificarse con precisión los motivos para aplicarla, ya que los tribunales no permitirán un uso indiscriminado de dicho precepto legal.
Según Pich, “la entrada en el accionariado de Telefónica por parte del grupo saudí STC ha puesto de manifiesto las flaquezas de la actual legislación en esta materia, al verse obligada la Administración Central a atenerse a una cláusula de alcance discrecional, lo que puede provocar la desincentivación de las inversiones extranjeras. Sería recomendable, por tanto, una legislación certera que no permita la arbitrariedad en las decisiones y que, a su vez, prime la protección de nuestros sectores estratégicos, especialmente de aquellos relacionados con la defensa nacional, factor de creciente importancia en los tiempos actuales”.
En cuanto al plan del Gobierno de adentrarse en el Consejo de Administración de Telefónica mediante la compra de un 5% de sus acciones, el presidente de los economistas ha manifestado que “no se debe menospreciar el coste de la operación, estimado en algo más de mil millones de euros”. Según Valentín Pich, la SEPI, aun utilizando todos los recursos que tiene autorizados en los Presupuestos Generales, no alcanzaría dicha cifra, por lo que sería necesaria una transferencia del Estado, “empeorando aún más las cuentas públicas”. Para Pich, otra posibilidad sería convencer a inversores españoles de entrar o aumentar su posición en la compañía, “lo cual parece algo complicado”. Dicho esto, el presidente del Consejo General de Economistas ha recordado que Telefónica tiene una deuda de 26.537 millones y que “la política industrial de refuerzo al tejido productivo tiene que reducir el endeudamiento de las empresas”. “Se debe generar estabilidad económica y mejorar la competitividad del país para reforzar la capitalización de nuestras empresas”, ha dicho Pich.
En su disertación previa al coloquio, Sara Baliña ha señalado que “la recuperación de capacidades de producción interna y la apertura comercial deben entenderse como dos líneas de acción complementarias, y no antagónicas, en el camino de la Unión Europea hacia una mayor autonomía estratégica”. Para la directora adjunta de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno de España, “necesitamos apostar por la producción de aquellos bienes y servicios en los que ya tenemos una ventaja competitiva consolidada [es el caso del sector agroalimentario o el farmacéutico], o en los que es necesario disponer de unas capacidades de producción mínima dada su relevancia para la economía del futuro [podemos hablar de las energías renovables, de los semiconductores o de los productos biomédicos]. Y debemos de hacerlo, además, buscando la circularidad y la eficiencia en el uso de los recursos como una de las vías clave para aumentar la resiliencia y la productividad de nuestro sector empresarial”. Pero, según Baliña, “este refuerzo de nuestras capacidades industriales debe venir acompañado de una revitalización de nuestras relaciones con el exterior. Solo afianzando la posición de la UE con sus mayores socios comerciales y buscando fuentes alternativas de suministro lograremos reducir algunas de las dependencias estratégicas que nos traerán la transición ecológica y digital”.
A continuación, se ha celebrado el debate –que ha estado moderado por José Antonio Galdón y Victoria Nombela– en el que han participado Jordi Alberich y Juan de la Cruz.
Antes de dar paso al coloquio, el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), José Antonio Galdón, ha destacado “la importancia de reflexionar sobre el control de las inversiones extranjeras en las empresas estratégicas, por la extraordinaria incidencia que pueden tener en nuestra autonomía estratégica y funcional, y, por tanto, en el modelo de desarrollo social y económico que queremos. Insumos fundamentales, infraestructuras y tecnologías críticas, o aquellos con acceso a información sensible o medios de comunicación, son ejemplos claros de sectores sobre los que se requiere cierto control y proteccionismo, considerando los intereses que subyacen en determinadas inversiones y los riesgos que pueden entrañar, sin que ello suponga una merma en la atracción inversora de la economía española”.
