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Impuesto a servicios digitales

Fedea rechaza una 'tasa Google' unilateral y PwC dice que tendrá un coste para las empresas de 562 millones

Noticia

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) rechaza la fijación unilateral en España de un impuesto a determinados servicios digitales, denominado 'tasa Google', que pretende implementar el Gobierno de Pedro Sánchez, y cuestiona la recaudación de 1.200 millones prevista, al tiempo que PwC avisa de que las multinacionales repercutirán la 'tasa Google' en los consumidores, con un impacto de hasta 665 millones de euros, y afectará a las empresas por la caída en facturación y el incremento de los costes, con un perjuicio de hasta 562 millones de euros.


Así lo han señalado varios miembros y expertos asociados a Fedea durante una jornada sobre la fiscalidad de la economía digital, en la que el investigador de la Universidad Complutense y asociado en Fedea, Jorge Onrubia, ha subrayado que las decisiones impositivas sobre la economía digital no deben adoptarse de forma individual, y se ha mostrado más partidario de la iniciativa planteada a nivel europeo.

Onrubia ha cuestionado la recaudación de 1.200 millones anuales de la 'tasa Google' prevista por el Gobierno, ya que ha recordado que el cálculo de la Unión Europea cifraba en 5.000 millones los ingresos en todo el espacio europeo, y Reino Unido estimaba 500 millones anuales en el país británico, cuando tiene 3,5 veces más que el negocio digital sometido a gravamen en España.

"La unilateralidad hace más probable que Amazon no soporte el impuesto y lo repercuta en usuarios, además nos pone en una situación de desventaja", ha advertido el director de PwC, Jordi Esteve, quien también ve un impuesto a nivel europeo como el entorno "más plausible y verosímil".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la intención, si logra formar Gobierno, de recuperar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que aprobó ya el pasado mes de enero y cuya tramitación quedó paralizada por la convocatoria de elecciones generales. El nuevo tributo gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

En concreto, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, el impuesto aprobado en enero gravaba el 3% de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Impacto en usuarios, empresas y PIB

Esteve ha rebajado esta estimación de 1.200 millones de euros de recaudación del Gobierno a unos 968 millones de euros, en línea con el cálculo de la AIReF, afectando a un volumen de negocio de casi 32.000 millones de euros. En este sentido, Esteve ha explicado que este volumen de recaudación, considerable respecto al total de 5.000 millones previsto en toda Europa, se debe a que el tributo programado para España rebaja el límite europeo previsto de 50 millones de ingresos mínimos para estar gravado por la tasa a 3 millones.

En cuanto al impacto de la medida, Esteve ha advertido del posible traspaso "del cien por cien" del impuesto de las plataformas a los usuarios, ante el estrecho margen sobre ventas de muchas plataformas, por lo que "no pueden asumir el coste del impuesto", y principalmente debido a la unilateralidad de la medida, ya que solo Francia, Hungría e Italia aplican un tributo parecido por ahora.

Según un estudio de PwC, el efecto inmediato del impuesto contempla un incremento en los costes de las empresas del 3%, que será asumida por consumidores a través del precio y el resto por el propio vendedor, así como una disminución en la actividad de las empresas. En concreto, la recaudación estimada por el Gobierno con la 'tasa Google' conllevará un impacto negativo en el bienestar de los ciudadanos de entre 515 y 665 millones de euros.

El perjuicio para las empresas vendrá por la caída de la facturación y el incremento en los costes derivado del impuesto, lo que reducirá el beneficio de estas empresas entre 450 y 562 millones de euros. A modo de ejemplo, Esteve ha indicado que si una empresa deja de fabricar zapatos por el mayor coste derivado del impuesto, tiene un efecto de que dicha compañía no gana el dinero previsto, y por consiguiente no contrata personal ni compra materia prima para hacer esos zapatos, afectando a su vez a otras empresas.

De cumplirse las expectativas del Gobierno, PwC pronostica que el PIB español podría reducirse entre 586 y 662 millones de euros en el corto plazo, a lo que se sumaría otro coste indirecto de 'compliance' y de adaptación de los sistemas para las empresas y para la Administración Tributaria.

Igualmente, ha avisado de que una 'tasa Google' unilateral en España perjudicará a las empresas digitales que utilicen plataformas de terceros y supondrá un "freno" parcial al desarrollo de empresas que quieren hacer una transición digital. La menor digitalización de las pymes redundará en menor productividad, emprendimiento, I+D e innovación, y por consiguiente al crecimiento, ha alertado.

'Impuesto Wallapop'

Respecto a la tributación por transmisiones patrimoniales onerosas, conocido como 'impuesto Wallapop', David López, de Uría y Menéndez, ha indicado que su tributación tiene mayor trascendencia en el marco de la economía colaborativa y ha explicado que, salvo que una comunidad autónoma establezca lo contrario, se debería tributar al 4% en las ventas entre particulares a través de páginas web.

"La gente no es consciente de que existe esta tributación", ha indicado López, recordando que en determinadas circunstancias también existe este gravamen en los arrendamientos. Concretamente, ha detallado que el 'impuesto Wallapop' grava "toda clase" de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas, la constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas.

'Tasa Tobin'

Por otra parte, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Contreras ha indicado que la evidencia empírica apunta a que en general el impuesto a las transacciones financieras ('tasa Tobin'), que también contempla el Gobierno de Pedro Sánchez, tiene un impacto negativo, particularmente en mercados estrechos, si bien los resultado son opuestos dependiendo de la definición de volatilidad del mercado analizado y de los periodos muestrales.

Entre los argumentos en contra dados por distintos estudios, ha indicado que no tiene sentido castigar a los accionistas de las entidades bancarias y el impacto negativo en la liquidez. A ello se suma la falta de neutralidad si únicamente recae sobre una fuente de financiación corporativa, y el encarecimiento de la financiación corporativa reclamada por los inversores ante la menor liquidez, entre otros.