Ha sido en torno a las 17.00 horas del viernes cuando los cuatro representantes sindicales que estaban recluidos en la sede del Ministerio en la calle San Bernardo han abandonado el edificio.
Reuniones para "aunar fuerzas"
El comité de huelga --integrado por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT-- han anunciado a través de una nota de prensa que la decisión de poner fin al encierro ha sido tomada por unanimidad.
En esta línea, indican que, manteniendo la convocatoria de huelga indefinida, en los próximos días celebrarán asambleas en los centros de trabajo de toda España "para aunar
fuerzas del colectivo y trasladar la propuesta conjunta de movilizaciones que, durante el fin de semana las cuatro organizaciones sindicales convocantes de la huelga" adoptarán y someterán al criterio y decisión de los trabajadores.
En el comunicado explican que "ésta situación, precedida de décadas de falta de reconocimiento profesional en una Administración saturada, falta de medios personales y materiales en la que se ha estado ninguneando el trabajo y los derechos de los trabajadores, ha sido el detonante de una fuerte movilización que no tiene marcha atrás".
Este mismo viernes el comité de huelga ha presentado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) una denuncia dirigida contra la ministra, Pilar Llop, y contra el secretario de Estado, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, por incumplir su "obligación" de negociar una subida salarial en línea con la pactada con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), jueces y fiscales, de unos 430 mensuales.
Negociación frustrada
El pasado martes, las negociaciones se vieron frustradas por tercera vez --ya habían sido infructuosas en otras dos ocasiones en abril-- después de que el Ministerio rechazara plantear una oferta económica para responder a la petición de subida de hasta 430 euros brutos al mes que reclaman los funcionarios.
Aunque el comité de huelga presentó una contraoferta el mismo martes en la que reiteraba sus peticiones, finalmente Justicia optó por comprometerse a seguir negociando tras las elecciones generales previstas para el 23 de julio. Los funcionarios consideraron que la propuesta era "absolutamente insuficiente".
